Fiscalía pide ocho años de prisión contra María Oviedo, y trece para Luis Rivas Anduray

La abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y el banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, CEO regional de Grupo Promerica y exdirectivo de Funides, fueron declarados culpables por supuestamente infringir la Ley 1055 o "Ley de Soberanía", en el inicio de esta tercera semana de juicios políticos, realizados a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

El abogado Eber Acevedo, representante legal de Oviedo, detalló que la defensora de derechos humanos fue condenada por supuestamente "conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, bajo la Ley 1055, y  “propagar noticias falsas”, según la Ley Especial de Ciberdelitos.

La Fiscalía orteguista solicitó para la abogada Oviedo ocho años de prisión por la suma de ambos delitos fabricados. Sin embargo, según defensores de la CPDH, consultados por CONFIDENCIAL, la Fiscalía nunca logró demostrar la culpabilidad de la abogada ante la jueza orteguista Ulisa Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio.

Explicaron que entre las pruebas que se presentaron contra la defensora de DD. HH. se incluyeron declaraciones que ofreció al programa Esta Semana, transmitido en Facebook y YouTube por la censura televisiva del régimen orteguista, y testimonios de oficiales de la Policía Nacional que participaron del "proceso investigativo".

Señalan que la defensa legal de Oviedo, al no poder aportar pruebas por la falta de comunicación con su defendida, solo pudo refutar los señalamientos de la Fiscalía, que "en ningún momento probaban los delitos de los que se le acusó a la defensora de derechos humanos".

Oviedo fue detenida el 29 de julio de 2021, cuando visitaba a su madre Socorro Delgado, en León, y desde entonces ha sido sometida a constantes interrogatorios, malos tratos y torturas físicas y psicológicas en las celdas de El Chipote.

La CPDH ha denunciado que, en estos más de siete meses de encarcelamiento, Oviedo ha sido sometida a interrogatorios donde se le tortura diciéndole que “nunca va a ver a sus hijos”, se le niega cualquier tipo de comunicación con los menores, tiene solo diez minutos de patio sol a la semana y en su celda la mantienen con la luz encendida las 24 horas del día.

También señalan que la abogada ha perdido más de diez libras de peso y tiene manchas en la piel como consecuencia de las pocas horas de sol que tiene permitidas.

Piden trece años prisión para Luis Rivas Anduray

CONFIDENCIAL confirmó que el ejecutivo Luis Rivas Anduray también fue condenado, por el juez orteguista Jeancarlos Fernández, por supuestamente "conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional", usando la Ley de Soberanía, y por el delito de "posesión ilegal de armas de fuego".

En el caso de Rivas Anduray, la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega pide trece años de cárcel por la suma de tres  delitos fabricados, pero aún se desconoce cuál es el tercer delito por el que se le condenó.

Rivas Anduray fue capturado la noche del 15 de junio de 2021 y, desde entonces lo mantienen incomunicado en las celdas de El Chipote.

La Policía Nacional indicó -tras la detención- que el banquero era investigado por supuestamente "realizar actos que menoscaban  la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extrajera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares".

También por supuestamente “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”; y “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

La gerencia de Banpro expresó -tras conocerse la captura de Rivas Anduray- que estaban “seguros de la calidad moral” de su ejecutivo y que “confiaban” en que se “esclareciera su situación”.

Juicios en El Chipote violan la ley

Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “El Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.

Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.

Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.

Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.

Se viola el derecho a la defensa

Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.

Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.

También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.

Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.

“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.

Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.

Demandan liberación de presos políticos

El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.

Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.

Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.

Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.

El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.

También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.

Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.