31 de agosto 2021
AA
Los exguerrilleros sandinistas disidentes Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco, la dirigente opositora Suyén Barahona y el banquero Luis Rivas Anduray fueron acusados este lunes 30 de agosto, por el Ministerio Público de Nicaragua del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Torres y Tinoco son fundadores del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos), de la cual Barahona es extitular. Los tres se encuentran “secuestrados” desde el 13 de junio pasado, investigados por supuesta traición a la patria.
En tanto, Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, se encuentra detenido desde el 15 de junio.
En una declaración, la Fiscalía indicó que los cuatro fueron acusados del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
La acusación fue aceptada este jueves en una audiencia a la que no tuvo acceso ni la defensa de los imputados, pero según el artículo 410 del código penal de Nicaragua, citado en el comunicado del Ministerio Público, los acusados podrían ser sancionados con penas de diez a 15 años de prisión.
Precandidatos opositores acusados por el mismo delito
La nueva acusación ocurre cuatro días después que el régimen acusó, por el mismo delito de “conspiración”, a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira. Acusación que también incluye al exdiputado José Pallais; al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; las dirigentes de la Unión Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas; y también al politólogo Manuel Salvador Orozco Ramírez, director del Centro para la Migración y la Estabilidad Económica en Washington, EE. UU.
Un día después el régimen gobernante continuó su escalada de acusaciones en contra de opositores. El Ministerio Público —controlado por el orteguismo — acusó a las dirigentes de Unamos, Ana Margarita Vijil Gurdián y Dora María Téllez Argüello, también por el delito de "conspiración".
Además, en la última semana el Ministerio Público amplió la acusación contra la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, en el caso de la investigación por lavado de dinero que siguen contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh), la que se ha desarrollado en un proceso plagado de irregularidades donde los abogados denunciaron que no les han permitido ni entrevistarse con sus clientes, ni acceder a los expedientes.
La Fiscalía acusó también, por el mismo caso de Chamorro Barrios, a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, al que el régimen acusa de lavar activos, aunque no tiene ningún vínculo económico con la FVBCh. El periodista rechazó el juicio político como un intento de acallar a la prensa independiente.
La Fiscalía imputó también por diversos delitos a seis extrabajadores de la FVBCh: Walter Gómez, Marcos Fletes, Ana Elisa Martínez Silva, Emma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez.
Las acusaciones del régimen inician una nueva etapa de represión contra los opositores detenidos, bajo el argumento que supuestamente eran investigados de conformidad con la Ley 1055, conocida como “Ley de Soberanía”.
Por tales investigaciones han sido detenidos siete precandidatos presidenciales, que se disputaban una oportunidad para competir contra Ortega en los comicios del próximo 7 de noviembre, los cuales son considerados como “ilegítimos” por organizaciones nacionales e internacionales.
Con información de Efe
