Política

Familiares visitan a presos políticos 30 minutos en el “nuevo Chipote”

Los dirigentes opositores Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Pallais y Félix Maradiaga fueron vistos por primera vez, desde hace más de 80 días

El régimen orteguista permitió este martes que los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga y el jurista y analista político José Pallais fueran visitados por primera vez por sus familiares, el encuentro duró treinta minutos. A los cuatro dirigentes opositores —encerrados en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”— no se les había permitido la visita de parientes o abogados desde que fueron detenidos, a inicios de junio pasado.

La visita ocurre cinco días después que los tres precandidatos presidenciales y el analista político fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Acusación que fue aceptada en una audiencia a la que no tuvo acceso ni la defensa de los imputados y que, según un comunicado de la Fiscalía, se hizo de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal.

Juan Sebastián Chamorro fue visto por primera vez por un familiar, después de permanecer encarcelado 84 días, luego que fue detenido el ocho de junio en su casa de habitación.

Consuelo Cruz, hermana de Arturo Cruz, confirmó a CONFIDENCIAL que visitó a su hermano, quien ha sido tratado “correctamente” por las autoridades del “nuevo Chipote”. El aspirante presidencial tiene 87 días detenido.

Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, puso en Twitter un mensaje refiriéndose a que Maradiaga estaba vivo, luego de recibir informes sobre su encuentro con un familiar.  El precandidato presidencial también tiene 84 días en la cárcel.

Igual fue el caso del jurista y analista político José Pallais, quien finalmente fue visto por un familiar luego de estar encarcelado desde hace 83 días.

El régimen ha impedido que los presos políticos sean vistos por sus familias e incluso ha bloqueado que reciban alimentos u otros insumos, dejando pasar ocasionalmente agua u otros líquidos y medicamentos.

De los 36 presos políticos capturados en la más reciente ola represiva del régimen, 30 han sido detenidos al amparo de la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, y sometidos a noventa días de investigación, que al vencerse los han dejado expuestos a ser acusados por alguno de los 18 delitos contemplados en el Código Procesal Penal (CPP) por presuntos actos de “traición a la patria”, delitos que comprometen la paz y delitos contra la Constitución Política, que remite la Ley 1055.

En este caso, el artículo 410 del Código Penal citado por la Fiscalía, dice que “quien realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo, en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período por el desempeño de función, empleo o cargo público”.


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