11 de mayo 2021
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Para la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos, la Unión Europea (UE) tiene la “obligación” de no “reconocer” los próximos comicios nicaragüenses, porque “no estamos ante unas elecciones democráticas”.
En diciembre pasado, la UE desconoció los resultados de unas elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no fueron “libres, justas ni democráticas” y el escrutinio “no representó la voluntad del pueblo venezolano”, según Josep Borrell, alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad.
Rodríguez —una de las voces más críticas dentro del Parlamento Europeo (PE), en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— aseguró que, si la UE reconoce las elecciones nicaragüenses, estaría “blanqueando un fraude electoral”.
Durante una entrevista con el programa Esta Semana y Confidencial, la eurodiputada española destacó que la reciente reforma electoral y la elección de nuevos magistrados del Poder Electoral, fue “una oportunidad perdida para acometer las reformas necesarias para conseguir que las próximas elecciones fueran democráticas”.
“Creo que en el camino que desgraciadamente nos encontramos, en el que hay mayor represión, ausencia de reformas y ausencia de un diálogo sincero por parte del régimen de Ortega y Murillo con la Unión Europea y con la comunidad internacional, lamentablemente hay que ampliar la lista de sanciones en Nicaragua”, advirtió Rodríguez, miembro del grupo parlamentario Renew Europe y portavoz de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE.
En mayo de 2020, la UE sancionó a seis altos funcionarios del régimen, entre ellos al primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; a tres comisionados generales (Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán); Néstor Moncada Lau, asesor presidencial de Seguridad Nacional, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
¿Cómo valora las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional, y la elección del Consejo Supremo Electoral dominado por el Frente Sandinista?
La he observado con muchísima preocupación porque es, de nuevo, una oportunidad perdida para acometer las reformas necesarias para conseguir que, las próximas elecciones, fueran unas elecciones que se puedan considerar democráticas; celebradas en un contexto de libertad, de igualdad, de oportunidades para todos los candidatos, y que pudiéramos, por lo tanto, asistir a un proceso electoral que pudiera ser observado, ratificado por la comunidad internacional, como unas elecciones verdaderamente democráticas.
Usted anunció que solicitaría debatir estas reformas en el Parlamento Europeo en junio próximo. ¿Se mantiene esa fecha o la adelantará tomando en cuenta lo aprobado por los diputados nicaragüenses?
El hecho de hacerlo en junio era porque nuestro objetivo fundamental es acompañar a las fuerzas democráticas nicaragüenses y a la sociedad nicaragüense en su objetivo que es conseguir unas elecciones verdaderamente democráticas. En este sentido hay unos plazos, una resolución de la OEA, donde se establecían unas reformas que había que acometer para poderlas considerar verdaderamente democráticas y un plazo. Por lo tanto, nos parecía que teníamos que dar ese tiempo.
En febrero pasado, el presidente Daniel Ortega indicó su intención de dialogar con la Unión Europea para poner fin a las sanciones individuales. En el actual contexto político, ¿es posible ese diálogo?
La oferta de diálogo es mucho más que una palabra. La oferta de diálogo se acompaña de actuaciones y de acciones. A lo que asistimos realmente en esa declaración del presidente Ortega fue solamente a una manifestación de palabras, que no han ido acompañadas de un solo acto concreto.
El pasado 18 de abril, usted envió una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior en la que preguntaba sobre las conversaciones con el Gobierno nicaragüense sobre el establecimiento de una misión de observación electoral. ¿Qué respuesta obtuvo?
En este sentido, nosotros vamos a exigir que efectivamente se permita una misión de observación electoral, no de acompañamiento electoral. La Unión Europea no va acompañar procesos, y mucho menos procesos que no reúnan los requisitos de unas elecciones libres democráticas y competitivas. En estos momentos, con la reforma electoral del régimen de Ortega, junto con otras reformas anteriores, a las que también ha reaccionado el Parlamento Europeo, como la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, no se reúnen estas condiciones.
En la misma misiva, usted sugirió la posibilidad de ampliar las sanciones individuales, en caso de que el régimen orteguista no permita la observación electoral. ¿Le dieron alguna respuesta sobre esa recomendación?
La actitud es considerar la propuesta de nuevas sanciones. Creo sinceramente que el nuevo régimen de sanciones del que se ha dotado la Unión Europea —una Ley Magnitsky europea—, que nos permite sancionar de forma directa, de forma concreta, identificar a los funcionarios, a los políticos de alto rango, claramente responsables de la violación de derechos humanos y de la represión, debe ser utilizada en Nicaragua.
Si la represión no cesa, si seguimos en esta línea de reprimir la posibilidad de concurrencia de los partidos políticos en este proceso electoral, pues tenemos un instrumento, que claramente abogo por que se ponga en marcha también en Nicaragua. Sanciones que identifican a los violadores, a los que vulneran los derechos humanos, y que desde luego son individuales y no perjudican al pueblo nicaragüense que ya demasiado está sufriendo esta situación de represión, de falta de libertades y falta de derechos en Nicaragua.
Eurodiputada española Soraya Rodríguez Ramos, durante un debate en el Parlamento Europeo. Foto: Cortesía
¿De no darse las condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, puede la Unión Europea desconocer estos comicios como ya lo hizo en su momento con Venezuela?
Claramente, no es que podamos, es que debemos hacerlo, porque con la reciente reforma aprobada de la Ley Electoral y con legislaciones anteriores que se han ido aprobando, no podemos hablar de elecciones democráticas. Es decir, prohibición de concurrencia de determinadas coaliciones electorales, la posibilidad de inhabilitar a candidatos en estas elecciones porque están a favor de determinadas sanciones al régimen, la imposibilidad de que haya misiones de observación porque se llaman misiones de acompañamiento; sin libertad de todos los presos políticos, estamos claramente sin una depuración del padrón electoral.
No estamos ante unas elecciones democráticas, si nosotros las reconocemos estaríamos blanqueando un fraude electoral; por lo tanto, no es que podamos no reconocerlas, es que debemos no reconocerlas, si efectivamente no se cumplen los criterios, las garantías y las reformas estipuladas. Es nuestra obligación.
En caso de que un sector de la oposición decida participar en la elección, aunque no haya garantías, ¿Le daría esto legitimidad a la elección?
Son los requisitos, las garantías de los derechos y libertades que rodean al proceso electoral, lo que hace que el proceso electoral sea verdaderamente democrático. La participación de uno o dos actores en un proceso que no es realmente democrático no lo legitima, simplemente se colabora con ese proceso. La Unión Europea no valora o valida un proceso electoral por quien participa en él, sino por las condiciones que garantizan los derechos, las libertades, de aquellos que participan en el proceso, bien como electores, o bien como candidatos.
¿De no darse estas condiciones, considera que lo más recomendable es que las plataformas opositoras no participen en el proceso electoral?
Soy absolutamente respetuosa desde luego con el pueblo nicaragüense, y mucho más, indudablemente, con los partidos y con la oposición, con los partidos democráticos nicaragüenses. No soy quién para decir lo que deben hacer, estoy aquí para ayudar y acompañar a que el proceso, en el que ellos tienen que concurrir, tenga todo el aval de la comunidad internacional. Y si tiene el aval de la comunidad internacional es porque tiene garantías democráticas.
¿Sin estas condiciones que usted ha planteado, este proceso electoral carecerá de legitimidad?
Claramente. Desde la Unión Europea, lo reitero, no blanquearemos un fraude electoral. La comunidad internacional está en esa línea. Nosotros vamos a trabajar para que podamos hablar con una sola voz, y que esa sola voz le llegue muy alta, muy clara y de forma muy nítida al régimen de Ortega y de Murillo; en el sentido de que no habrá un reconocimiento internacional de un proceso electoral sin estas garantías.
El pasado martes 4 de mayo, se cumplió un año desde que la Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios orteguistas. ¿Por qué no se ha ampliado esta lista de sancionados?
Cuando hablo con colectivos de la sociedad civil de Nicaragua, dicen: “ustedes son muy lentos”. Las sanciones anteriores y este nuevo marco nos exigen la aprobación por unanimidad en el Consejo Europeo, de los 27 Estados miembros, nosotros estamos abogando y vamos a seguir trabajando para que este nuevo proceso de sanciones a los violadores de derechos humanos necesite solamente una mayoría cualificada en el Consejo, sean mucho más fáciles de aplicar, mucho más ágiles.
Creo que en el camino que desgraciadamente nos encontramos, en el que hay mayor represión, ausencia de reformas y ausencia de un diálogo sincero por parte del régimen de Ortega y Murillo con la Unión Europea y con la comunidad internacional, lamentablemente, hay que ampliar la lista de sanciones en Nicaragua.
