Política

Eurodiputada Soraya Rodríguez: Sanciones tienen que “empezar por Ortega y Murillo”

Parlamento Europeo aprobará una resolución en la que se reitera el llamado a la Unión Europea de sancionar a la pareja presidencial

Horas previas a la votación de una resolución en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos apuntó hacia uno de los puntos centrales del nuevo documento: “tenemos que sancionar con firmeza a aquellos que vulneran los derechos humanos (en Nicaragua), y creo que tenemos que empezar por (Daniel) Ortega, por (Rosario) Murillo”.

En un proyecto de resolución, negociado y firmado por los principales grupos políticos la Eurocámara, los eurodiputados exigen al Consejo Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que “amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados”.

Durante una entrevista con el programa Esta Noche, Rodríguez señaló que “las sanciones no son el único instrumento” para hacer ceder a Ortega. La UE sancionó en mayo de 2020 a seis altos funcionarios del régimen, incluidos cuatro jefes policiales y dos asesores cercanos de la pareja presidencial.

“Nuestra obligación es intentar transitar por todos los caminos: el camino del diálogo, de la negociación, de las sanciones, y el de acercar y estrechar toda la cooperación y colaboración que podamos con el pueblo de Nicaragua”, comentó la eurodiputada, integrante del grupo parlamentario Renew Europe y portavoz de la Subcomisión de Derechos Humanos.

¿Cuál es la postura del Parlamento Europeo ante el agravamiento de la crisis en Nicaragua?

La posición es muy clara y mayoritaria, es una situación de condena de la deriva de la represión, del incremento de la violencia del régimen. La constatación, de manera lamentable, de que no se da ni una sola de las condiciones necesarias para que Nicaragua pueda enfrentarse a unas elecciones democráticas en el próximo noviembre; por lo tanto, la constatación de que Ortega y Murillo han ofrecido el peor escenario posible, imaginable, en estos momentos.

¿Cuáles son los aspectos sustanciales de este nuevo proyecto de resolución? ¿Y cómo se espera que sea el resultado de la votación?

Esperamos una votación que respalde de una forma muy amplia esta resolución, por lo tanto, los grandes grupos de la Cámara: el grupo popular europeo, los liberales, los socialistas europeos, los verdes; buena parte de diputados de la izquierda; y los grupos más a la derecha del Partido Popular estarán en esta resolución.

Esta resolución condena claramente la deriva de represión del régimen Ortega y Murillo. Exige la excarcelación inmediata de todos los presos políticos; de todos aquellos políticos que habían manifestado su voluntad política de presentarse a las elecciones, pero también de los más de 120 presos políticos que había antes ya en las cárceles de Nicaragua.

Le decimos al régimen de Ortega y Murillo que debe acometer reformas inmediatas para poder entrar en un cauce de transición democrática que lleve a Nicaragua a la única salida posible, que es la celebración de unas elecciones democráticas. La Unión Europea y la comunidad internacional está abierta y con la mano tendida a un diálogo constructivo, que debe celebrarse no solo con  el régimen de Ortega, sino con todas las fuerzas nicaragüenses implicadas, sociales y políticas.

El Parlamento le pide en esta resolución al Consejo Europeo y al alto representante (para para la Política Exterior de la UE) que deben implementar las sanciones. Tenemos un amplio margen para sancionar a altos cargos y a representantes de este régimen que vulneran los derechos humanos.

En una intervención (en el plenario del Parlamento Europeo) dije de forma clara ayer (martes) que seis altos funcionarios sancionados, con todo el dolor, injusticia, represión que hay en Nicaragua, es demasiado poco, porque lo que hay en Nicaragua es mucha impunidad; por lo tanto, tenemos que sancionar con firmeza a aquellos que vulneran los derechos humanos, y creo que tenemos que empezar por Ortega, por Murillo, y también por ese conglomerado familiar que existe en Nicaragua, dirigido desde el régimen.

Impacto de sanciones

¿Qué esperan lograr con una sanción directa hacia el presidente y vicepresidenta? ¿Es viable este tipo de sanción?

Sí es viable. Ortega, como muchos otros dictadores, ha declarado para menospreciar a la comunidad internacional, que él no respeta, que no le importa lo que digamos y que está acostumbrado a todo, está acostumbrado que le llamen dictador. Pero, ayer (martes) recordaba en el pleno del Parlamento Europeo que a lo que no están acostumbrados los dictadores es a que les desmonten los tinglados económicos y corruptos, que sostienen precisamente los regímenes represivos y dictatoriales.

Es preciso adoptar con contundencia medidas que puedan realmente identificar activos financieros en el extranjero, inmovilizarlos, y establecer muy claro cómo, si a costa de los fondos del presupuesto de Nicaragua, se están realizando negocios personales, negocios familiares. Parece que (la pareja presidencial) quiere convertir al país en un negocio familiar.

La resolución recoge una cosa muy importante porque es un mensaje directo: queremos seguir manteniendo nuestra colaboración con el pueblo de Nicaragua.

¿Cree usted que más sanciones harían que Ortega ceda?

No podemos decir que haya un único camino para ayudar al pueblo de Nicaragua a que llegue a un proceso de transición democrática y de elecciones libres. Hay muchos caminos, muchos instrumentos por los que transitar. Las sanciones no son el único instrumento, pero son más importantes cuanto más individualizadas están; y desde luego, cuando se imponen con fortaleza y con seriedad. Cuando se implementan de forma también coordinada por distintos Estados miembros, tienen mucha más eficacia.

Ojalá hubiera solamente un camino para acabar de forma inmediata con esta deriva de represión y de falta de libertades, a la que está llevando el régimen Ortega al país. Nuestra obligación es intentar transitar por todos los caminos: el camino del diálogo, de la negociación, de las sanciones, y el de acercar y estrechar toda la cooperación y colaboración que podamos con el pueblo de Nicaragua, que en algunas situaciones está llegando realmente a una situación alarmante de necesidades sociales y sanitarias, que pueden estar rozando una situación de emergencia humanitaria.

¿Se conoce alguna lista de funcionarios específicos que están teniendo en cuenta? ¿Hay alguna fecha? ¿O se puede saber cuándo podrían hacerse realidad esas sanciones?

En la Unión Europea es el Consejo (Europeo) —compuesto por los cancilleres de los 27 países miembros— el que las impone. Iniciamos el camino, así que, a partir de ese momento, iremos viendo cómo se desarrolla, cuál es la propuesta que se lleva al Consejo para implementar estas sanciones. Le puedo garantizar que desde el Parlamento Europeo vamos a hacer un seguimiento continuo de esta situación.

Acuerdo de Asociación

¿Qué implica la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación? ¿Es esto lo mismo que la suspensión de Nicaragua de ese acuerdo o no?

En relación al Acuerdo de Asociación, se habla muchísimo de la suspensión del acuerdo, pero me gustaría hacer una aclaración importante: el Acuerdo de Asociación no está definitivamente aprobado, porque necesita la aprobación de los 27 Estados miembros, y solamente lo han ratificado 26.

El Acuerdo de Asociación tiene tres apartados muy importantes: el de la cooperación, el político y el de comercio. El apartado comercial está en marcha, porque la Comisión (Europea) tiene la facultad para ponerlo en marcha de forma provisional, pero solamente ese capítulo. El resto de nuestras relaciones de cooperación, de política y cooperación al desarrollo la seguimos manteniendo en base a acuerdos anteriores.

Activar la cláusula democrática no significa la suspensión del acuerdo, sino indudablemente comenzar a encender todas las luces rojas, en el sentido de que no se están cumpliendo los principios democráticos pactados en el acuerdo para que el mismo esté en vigor, y abrir, por lo tanto, una fase importante de negociación y aclaración.

Muchísimos eurodiputados manifestaron que no quieren que ninguna medida, adoptada como sanción, pueda realmente tener consecuencias perjudiciales en el pueblo de Nicaragua. La suspensión del Acuerdo de Asociación tendría consecuencias en el ámbito comercial, y habría de producirse con las cautelas necesarias para que no hubiera ninguna consecuencia que pusiera en una situación de mayor vulnerabilidad, a los sectores más castigados por esta larga crisis política, social y económica.

Esta resolución también solicita que se envíe una misión de investigación europea a Nicaragua para evaluar la situación política y de derechos humanos. ¿Cuándo proponen ustedes este envío, o cómo se le daría gestión para que se materialice?

Hace escasamente seis meses hablamos de mandar una misión electoral, de si se podría o no. Ahora, que no hay ningún presupuesto de elecciones libres, desgraciadamente, en esta resolución hablamos de una Comisión para evaluar y verificar el deterioro político y la situación de los derechos humanos en el país.

Fecha no hay, porque una vez aprobada mañana (jueves) esta resolución, esta petición debería ir a la conferencia de presidentes, ser aprobada; y una vez que se aprueba, efectivamente, empezar a ver fechas y valorar la composición que tendría esta delegación, que estaría formada por todos los grupos políticos.

¿Cuál es el objetivo del Parlamento Europeo: lograr un resultado sustancial que permita la salida de la crisis en Nicaragua antes de la elección del 7 de noviembre o después?

Esta resolución lo que pide es actuar ya, implementar sanciones ya, reforzar todos los mecanismos a través de los cuales podemos influir en la deriva autoritaria de Ortega, mañana, si es posible.

Todo lo que pedimos en esta resolución debe implementarse ya. ¿En noviembre qué podemos esperar? Unas elecciones a las que no podremos llamar tales, no podremos decir que ha habido elecciones democráticas; y a un Gobierno que nazca de un fraude electoral, al que no podremos llamar Gobierno legítimo. 

 


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