Política

EE.UU. sanciona a Camila Ortega, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez

Hija de Ortega y Murillo, presidente de la bancada del FSLN en la Asamblea, presidente del BCN y director del IPSM entran a lista de sancionados

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos amplió su lista de funcionarios sancionados en el Gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial; al diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro; al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y al director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Balladares.

Las nuevas sanciones estadounidenses, que ahora ya alcanzan a una treinta de funcionarios, llegan mientras Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial de facto impuesto desde septiembre de 2018, con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y al menos dos líderes de la oposición, mientras sobre otros penden investigaciones, persecución y asedio.

La OFAC informó que sancionó a Ortega Murillo, Castro, Reyes y Rodríguez Balladares por apoyar al “régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes”.

El Departamento del Tesoro identifica a Camila Ortega Murillo como Coordinadora de la Comisión de Economía Creativa e hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ya fue sancionada antes, al igual que otros tres de sus hijos: Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.

“Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki, difundida por el Gobierno de Estados Unidos.

“Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos ”, continuó.

Las sanciones fueron emitidas en conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, que está dirigida a personas que son funcionarios del Gobierno de Nicaragua o que han servido como funcionarios del Gobierno de Nicaragua en cualquier hora a partir del 10 de enero de 2007.

Las razones de las nuevas sanciones de Estados Unidos

Camila Ortega Murillo, detalló el Departamento del Tesoro, fue sancionada “por ser funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

Camila Ortega, agregó, “es una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, así como la coordinadora de la Comisión de Economía Creativa”, creada por el Gobierno orteguista.

“Desde 2011, Camila Ortega administra la estación de televisión Canal 13. Este medio de comunicación familiar difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes rivales”, amplió la OFAC sobre la hija de la pareja presidencial, que es la cuarta de los hijos de Ortega y Murillo alcanzada por las sanciones.

Sobre Ovidio Reyes Ramírez, presidente del BCN, la OFAC afirma que “como presidente del BCN, Reyes colidera la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables”.

“Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Reyes; y BCN no ha sido designado”, aclaró el comunicado del Departamento del Tesoro.

Asimismo, detalló que el diputado Edwin Castro Rivera, fue sumado a la lista de sancionados porque como diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales aprobó “controvertidas reformas a la Ley Electoral”, el pasado 4 de mayo.

“Las reformas no incorporaron la resolución de la Organización de los Estados Americanos de octubre de 2020 que pedía las reformas electorales necesarias para realizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021. Las reformas institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en la próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional”, indicó la OFAC.

La lista de nuevos sancionados la completa el general de Brigada del Ejército de Nicaragua, Julio Rodríguez Balladares, director del IPSM que la OFAC identifica como el fondo de inversión pública de la institución castrense, cuyo jefe, el general Julio César Áviles, ya fue sancionado anteriormente.

“El Ejército –afirmó el Departamento del Tesoro al justificar las sanciones estadounidenses– brindó apoyo a la Policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos”.

Las sanciones a Rodríguez solamente aplican a Rodríguez y el IPSM no ha sido designado, aclaró la OFAC.

El Departamento del Tesoro recordó que, como resultado de las sanciones, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

Además, continuó, “también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de dichas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.

Eddy Acevedo, ex-miembro del personal del Congreso para la Congresista Ileana Ros-Lehtinen, valoró que EE.UU. y sus aliados deben “intensificar” la presión al régimen nicaragüenses “con sanciones más específicas”. Entre las que destacó la “suspensión de Nicaragua del Dr-Cafta, quitarle las visas para que no viajen a los EE, UU. los culpables dentro de régimen de Ortega, votar en contra del régimen en instituciones financieras internacionales y enseñar un liderazgo regional para lograr la liberación todos los presos políticos”.

A juicio de Acevedo, quien actualmente es asesor senior del President del Woodrow Wilson Center, “la reciente ola de represión y arrestos” a los principales líderes de la oposición evidencia que “el régimen le tiene miedo al pueblo de Nicaragua y no le interesan las elecciones libres y justas”. La respuesta de la comunidad internacional a esta escalada de opresión “tendrá implicaciones de largo alcance que van mucho más allá de Managua”, advirtió.

Gobierno de Ortega “protesta enérgicamente”

El Gobierno de Ortega emitió una nota de prensa en el que manifestó su rechazo por las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de EE.UU. que calificó como “medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales” dictadas “contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar, muy en alto, la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo”.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional protesta enérgicamente ante esta reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados, que no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia, y que reivindicamos la dignidad y el decoro nacionales, en legítima defensa de nuestra autodeterminación, frente a los Estados Unidos de Norteamérica y a cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista, que a estas alturas de la vida, creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia”, indican.

La nota de prensa, la primera tras todas las sanciones dictadas hasta la fecha, afirma que las medidas son acordes al estilo de “injerencia e interferencia en los asuntos internos de nuestros países” por parte del Gobierno de EE. UU.

La imposición de sanciones es catalogado por el Gobierno de Ortega como una “nueva violación de la soberanía de Nicaragua” que para ellos “sólo confirma lo que hemos denunciado sobre el vendepatrismo y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, que desde el intento de golpe de Estado del 2018 se han venido acentuando”.

“Afirmamos nuestra razón histórica, precisamente en estos días, cuando los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por los Estados Unidos y otras potencias imperiales, están ante la Justicia, como ha demandado el pueblo nicaragüense”, detalla la nota de prensa.

 



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