Política

España: Urge un proceso electoral creíble e incluyente en Nicaragua

Llaman a tener una autoridad electoral "imparcial y no controlada por el partido gobernante" en Nicaragua, tras cancelación de CxL

El Gobierno de España urgió este lunes a Nicaragua una autoridad electoral “independiente, imparcial y no controlada por el partido en el Gobierno”. Ya que a solo tres meses de las votaciones del 07 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por magistrados de mayoría sandinistas, canceló la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el único que era considerado opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua”, enfatizó el gobierno español en una nota de presa publicada horas después que el Alto Comisionado de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló que al cancelar la personería jurídica de CxL el régimen de Ortega y Murillo  despojó de toda credibilidad al proceso electoral de 2021.

Además, el Gobierno Español advierte que, la aprobación de “una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea; la promulgación de abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre, impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.

Mientras tanto, España recuerda la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos.

“El Gobierno de España insta, una vez más, al Gobierno de Nicaragua a que libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes”, dice la nota.

Desde que inició el proceso electoral, el pasado mes de mayo, el régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado y abierto procesos judiciales en contra de 32 líderes y dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y una candidata a la vicepresidencia formalmente inscrita ante el CSE.

El pasado 2 de agosto, la Unión Europea  estableció sanciones en contra de Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo y los funcionarios del régimen Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de asuntos económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general; y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla.

Coalición Nacional desconoce el proceso

Este lunes también la opositora Coalición Nacional llamó a la ciudadanía a desestimar el actual proceso electoral y continuar denunciando las irregularidades cometidas por el régimen gobernante.

El representante de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley, denunció —desde su exilio en Estados Unidos— que tras la eliminación de la personería jurídica de CxL solo queda un “circo electoral”, en el cual participan “partidos políticos satélites que no han sabido estar a la altura de las demandas de la ciudadanía”.

Fley, quien ocupa la presidencia rotativa de la Coalición, valoró que el proceso electoral “no representa una salida a la crisis sociopolítica del país a través de una transición democrática”, puesto que no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional para ser considerado un proceso legítimo y transparente, y “lejos de resolver la crisis, la agudizará”.

Por su parte, Alexa Zamora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), reiteró que la vía electoral es “el camino necesario” para salir de la crisis política del país, pero advirtió que ante la falta de garantías de transparencia en el proceso cada ciudadano debe valorar si participa o no.


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