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Empresarios de Centroamérica califican las elecciones de “ilegítimas”

Demandan la liberación de Aguerri, Rivas, Holmann, Healy, Vargas, y el resto de prisioneros políticos del régimen

Funcionarios electorales explican a un ciudadano el procedimiento para votar en las elecciones nicaragüenses, tachadas de farsa. Foto: Confidencial

10 de noviembre 2021

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El sector privado empresarial regional se pronunció denunciando la falta de garantías que marcaron el proceso que culminó el ocho de noviembre, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), proclamó ‘ganadores’ a Daniel Ortega y Rosario Murillo de unos comicios marcados por el arresto del resto de competidores, y la más amplia abstención ciudadana de la que se tenga memoria en Nicaragua.

La comunidad internacional comenzó a descalificar el proceso, aún antes de concluir las votaciones del pasado siete de noviembre, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que las llamó ‘pantomima’. Poco después se conocería la posición costarricense, lo que solo fue un preámbulo para la ola de descalificaciones que llegaron de ambos lados del Atlántico.


En la región, la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), emitió un comunicado en el que aseguraban que “esta elección plagada de irregularidad, está profundizando cada vez más la crisis política y social del país”.

La Federación indicó su convicción de que, para que existan elecciones libres, transparentes y democráticas, “se requiere del más absoluto respeto de los derechos ciudadanos de cada nicaragüense, a la libertad de elegir y ser electo... a los derechos humanos, y por supuesto, al cumplimiento irrestricto de lo que manda la Constitución de Nicaragua”.

A partir de eso, insistieron en que las elecciones realizadas en Nicaragua, “no cuentan con el cumplimiento de estas características, por lo cual son cuestionables e ilegítimas. Han sido fruto de la persecución y encarcelamiento de la oposición, lo cual ha limitado a los nicaragüenses a manifestar su voluntad a través del voto”.

En esa misma línea, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de El Salvador, hizo un llamado a que “se restablezca el orden constitucional y democrático. Rechazamos que se consolide nuevamente la reelección presidencial”, que era una prohibición constitucional, hasta que la eliminó la Corte Suprema de Justicia, para permitir que Ortega fuera candidato en los comicios de 2011.

“Que cese la persecución política, el acoso y encarcelamiento de todo aquel que se considera opositor al régimen”, demandó ANEP.

Liberen a todos los reos políticos

Si bien la Federación Centroamericana del Sector Lácteo, (Fecalac), todavía no somete el tema a la consideración de su consejo directivo, su secretario técnico, Erick Montero, compartió con CONFIDENCIAL su preocupación, “por la forma como se llevaron a cabo los comicios”, a la vez que alzaba la voz “por la detención de José Adán Aguerri”.

En esa misma línea, ANEP aprovechó para demandar nuevamente la liberación de líderes empresariales nicaragüenses, y demás presos políticos. “El sector empresarial salvadoreño se solidariza con el pueblo nicaragüense que desea libertad, y que cese el conflicto político”, aseguró.

Fedepricap reiteró su “profunda indignación y condena por la detención ilegal” de su presidente, Michael Healy, (también titular del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep), así como del presidente del Consejo Centroamericano de Integración Económica (CCIE), José Adán Aguerri; de Álvaro Vargas, vicepresidente del Cosep, “y los demás presos políticos”.

“Exigimos la liberación inmediata de cada uno de ellos, en cumplimiento y respeto a las leyes de Nicaragua. Asimismo, demandamos el absoluto respeto a su vida y dignidad”, insistió la entidad gremial del istmo.

“Nicaragua merece paz social, democracia, libertad, desarrollo, seguridad”, así como el cumplimiento de las “garantías constitucionales, y los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos. Patentizamos nuestra solidaridad con el Cosep, el pueblo de Nicaragua y los detenidos de forma injusta, esperando que se les restituyan inmediatamente sus derechos civiles y políticos”, concluyó.

CONFIDENCIAL también consultó a Reynaldo Martínez, vocero de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), quien dijo que esa entidad “se pliega a lo indicado… en el comunicado de Fedepricap”.


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Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

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