Política

Empresa privada demanda a Ortega reanudar Diálogo Nacional

Condenan intimidación y hostigamiento a líderes nacionales, periodistas y defensores. "Es fundamental la voluntad del Gobierno", advierten

Las dos principales cúpulas patronales de Nicaragua: el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), junto con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides) pidieron al Gobierno de Daniel Ortega reanudar el Diálogo Nacional, que se encuentra suspendido desde julio, con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril.

En una declaración conjunta, el Cosep, AmCham y Funides hicieron esa exhortación “ante la continuidad y recrudecimiento de la crisis política, social y económica que atraviesa el país”.

Además, ante “los recientes acontecimientos que incluyen sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos” contra la vicepresidenta nicaragüense y primera dama, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega.

El pasado martes, Washington impuso sanciones a Murillo y a Moncada Lau, en respuesta a la violación de derechos humanos y la corrupción en Nicaragua, señaló entonces el Departamento del Tesoro estadounidense.

Las medidas, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier “bien o intereses en propiedades” de Murillo o Moncada que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.

También prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, a quienes se suspendió la entrada a Estados Unidos.

El sector privado no se pronunció en su comunicación sobre las sanciones de Estados Unidos, pero denunció que los derechos constitucionales de los nicaragüenses se encuentran de hecho suspendidos “cuando constamos que en la forma cotidiana personas, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas independientes, siguen siendo capturados, acosados, asediados y perseguidos de forma ilegal”.

Aseguraron que los derechos a la concentración y manifestación cívica y pacífica “han sido proscritos, ya que el Gobierno ha cerrado todos los espacios para ejercer estos derechos, agravándolo con la reiterada presencia policial en diversos puntos de nuestro país”.

Ataque a periodistas

Además, condenaron las acciones de intimidación policial contra los periodistas Miguel Mora, Verónica Chávez, Carlos Salinas, Álvaro Montalván y otros, y de manera particular “el ultraje y ensañamiento judicial” que se dio contra Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa y puesto en libertad este viernes.

Denunciaron, asimismo, el hostigamiento policial a miembros y familiares de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en el diálogo, y de organizaciones de la sociedad civil.

También la captura y enjuiciamiento ilegales de dirigentes campesinos y universitarios, la detención y expulsión arbitraria hacia Costa Rica de la defensora de las mujeres, Ana Quirós, y la cancelación de personería jurídica y confiscación de bienes y congelamiento de cuenta de la onegé Cisas.

“Advertimos que las posibilidades de recuperación económica y de restaurar la confianza de los agentes económicos y sociales, se ven opacadas, al continuar tomadas propiedades privadas de manera ilegal y delictiva en detrimento del empleo, la producción y la seguridad jurídica propia de los estados democráticos de derecho”, alertaron.

Por tanto, según el sector privado, “para evitar las consecuencias negativas que estas situaciones ineludiblemente están significando para todos los nicaragüenses, es fundamental la voluntad del Gobierno para encontrar una solución democrática, cívica y pacífica, a través de la reanudación del diálogo nacional que adicione garantes internacionales”.

El Diálogo Nacional fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.


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