25 de marzo 2022
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Cuando el embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunció el miércoles 23 de marzo a la dictadura de Daniel Ortega por violaciones de derechos humanos, en el Consejo Permanente del organismo internacional, sorprendió a miles de trabajadores del Estado que prefirieron la cautela a expresiones de júbilo.
“Estamos encalichados, en otras condiciones saldríamos a la calle”, aseguró una trabajadora del sector educación. Para ella, el discurso de McFields captó la atención de un sector que durante años ha denunciado ser objeto de vigilancia, presiones políticas y humillaciones de parte de los simpatizantes más radicales del régimen.
Otro trabajador del Ministerio de Hacienda explicó que se encuentran resignados desde hace tiempo a estar en una situación de oscuridad y miedo, por lo que el planteamiento del diplomático dio “una luz en medio de ese túnel''. Esperamos que otros tomen la decisión (y denuncien)”, alentó.
McFields dijo que no podía “defender lo indefendible” al descubrir la situación en la que se encuentran los presos políticos y los miles de servidores públicos que son obligados por la dictadura a fingir, llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen, pierden su empleo.
Según estadísticas de 2020, citadas por la vicepresidenta Rosario Murillo en una de sus alocuciones de mediodía, en Nicaragua hay al menos 150 000 personas que se ganan la vida en el Estado. Aunque algunos simpatizan con Ortega, otra parte ha expresado durante años a periodistas independientes, bajo condición de anonimato, que se sienten rehenes del partido en el poder.
“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible, es imposible”, aseguró el embajador en su discurso, en el cual afirmó también que Nicaragua es el único sitio donde no hay periódicos impresos, no hay organismos de derechos humanos, ni partidos políticos independientes, ni separación de poder, ni elecciones creíbles.
Las palabras del diplomático dejaron atónita a Ligia Gómez, vocera del independiente Urnas Abiertas, un organismo que denunció precisamente las irregularidades del proceso electoral, que permitieron la reelección sin competencia electoral de Ortega tras encarcelar al liderazgo opositor e intensificar la represión.
🧵Esta no es la primera vez que un trabajador del Estado alza su voz a favor de la verdad, pero sí es la primera ocasión que un representante del país, designado Daniel Ortega, rompe el silencio ante un foro internacional como el Consejo Permanente de la #OEA pic.twitter.com/OBzrQIfaA1
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) March 23, 2022
La economista es exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua y ex secretaria del Consejo de Liderazgo Sandinista en esa institución. Denunció el 27 de septiembre en 2018 ante el Congreso de Estados Unidos que la vicepresidenta Rosario Murillo dio la orden de “vamos con todo” contra los opositores que se manifestaban por miles en las calles, lo que se tradujo en una brutal represión que dejó al menos 355 fallecidos entre el 18 de abril de ese año y el 31 de julio de 2019.
Vigilancia y sometidos a humillaciones
“El hecho de que McFields explique que la gente está cansada es porque los presionan bastante. Aparte que tenés tu trabajo, te hacen ver cómo que te hacen un favor y ellos son los dueños del dinero. Es bien humillante la relación que se establece (con el empleado público). No es profesional. Cuando ocurren este tipo de cosas: aumentan sus controles y la presión contra ellos”, aseguró Gómez.
Una funcionaria, quien pidió que ni siquiera se identificara la institución en la que labora, comentó que esta es una realidad y que seguramente los orteguistas estarán “ojo al Cristo”, sobre todo en este año cuando están previstas comicios municipales y ya empezaron las visitas casa a casa para sondear cómo piensa la población.
En una entrevista con el programa televisivo Esta Noche, posterior a su comparecencia en la OEA, McFields reiteró la difícil situación de quienes pertenecen al Estado y piensan distinto al FSLN. “La guerra psicológica estando dentro es más difícil de lo que pensás. Hay gente que ha renunciado cinco veces a su cargo, después vuelve, después se arrepiente, porque tienen un conflicto moral y espiritual tremendo”, sostuvo el diplomático.
Según Gómez, el control político sobre los trabajadores del Estado lo ejercen levantando listas de quienes se pronunciaron sobre el tema de McFields—sea en las redes sociales o de manera personal—. Lo hacen también a través de las “orejas” como se conocen a los delatores, de acuerdo a una funcionaria del Ministerio de Economía Creativa.
Esos grupos partidarios de vigilancia política están activados en este momento, según esta misma funcionaria, porque están haciendo visita casa a casa en el contexto de las municipales de este año, intentando averiguar lo que piensa la población de la realidad del país.
“Los trabajadores del Estado evitan decir cosas en público y se expresan en grupos muy pequeños, entre amigos, solo hablan entre quienes tienen confianza”, explicó Gómez.
Otro empleado estatal relató que el 23 de marzo pasado muchos se miraban con complicidad al escuchar a McFields, pero alguien dijo que sería mejor callarse, porque capaz nos despedían y nos mandaban a la casa “sin liquidación”. “Nosotros los puchitos, que somos la mayoría, no estábamos riéndonos de felicidad, pero solo nos hacíamos señas y miradas, así preferimos quedarnos”, agregó.
Desde el sector salud, otro trabajador coincidió en que las reacciones en general fueron mínimas, dado el temor que prevalece en el Estado, incluso de los “sapos”—fieles al orteguismo— que se mantienen callados, porque están dolidos por el impacto noticioso de la denuncia de McFields.
Gómez expresó que el guión desde el poder será el mismo que en casos anteriores: una campaña de desprestigio con falsas acusaciones, entre ellas que el funcionario recibió un pago de Estados Unidos. Eso unido al silencio al más alto nivel y resto de dependencias del poder ejecutivo. Ortega participó, por ejemplo, en un acto público breve ese 23 de marzo, pero ignoró a McFields.
Para la exfuncionaria del Banco Central, los empleados públicos se “decepcionarían” que no pasara nada con la comunidad internacional, porque existe expectativa de que presionen más y no sólo se limiten a felicitar al embajador.
