Política

El impacto de las sanciones a tres generales del IPSM, Telcor, CSE y Eniminas

Allegados e instituciones tendrán que recurrir a testaferros y designados, para sobrevivir a sanciones internacionales

Las sanciones estadounidenses y europeas, en contra de una docena de funcionarios que apoyan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a tres entidades del sector público, obliga a los afectados a encontrar maneras de soslayar -o abiertamente, burlar- la muerte civil y financiera, que significa ser incluido en esas listas.

La mañana de este lunes 10 de enero, mientras el aparato estatal operaba en función de permitir que Ortega y Murillo se perpetuaran en el poder, la Unión Europea primero, y Estados Unidos después, ampliaban la lista de sancionados, lo que contó con el pronto beneplácito inglés y canadiense.

Cuatro fuentes -profesionales del derecho y las finanzas, así como un analista- que accedieron a ofrecer sus declaraciones a CONFIDENCIAL con la condición de mantener sus nombres en el anonimato, explicaron que si bien el régimen puede aplicar la Ley 842, o Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, lo más probable es que sigan recurriendo a diversas estrategias para vivir con los efectos -y el estigma- de las sanciones.

En el caso del Consejo Supremo Electoral (CSE), y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), las fuentes presuponen que la Administración aplicará con ellos, la misma medicina que usó para mantener funcionando -financieramente hablando- a la Policía Nacional cuando fue sancionada en marzo de 2020: abrirle cuentas en el Ministerio de Hacienda.

“La Policía tiene una cuenta matriz en el MHCP, en la que entran sus ingresos adicionales, como el pago de los ciudadanos, en concepto de multas y servicios. Como empresa estatal, yo puedo transferir mis cuentas a Hacienda para seguir operando con normalidad. Ahora, si sancionaran a Hacienda, eso sería otra cosa”, dijo una de las fuentes.

En esa línea de acción, el Ministerio se encargaría de pagar -con cheque fiscal o efectivo- los salarios del personal de las entidades sancionadas, así como a los proveedores, aunque en este caso, también se vislumbra la posibilidad de que algunas empresas que ahora trabajan con Telcor o el CSE, elija perder contratos de varios miles de dólares, antes que correr el riesgo de contagio.

“Es razonable creer que alguno de esos empresarios prefiera perder a esos clientes estatales, antes que perder su visa estadounidense o europea, que incluye no a uno, sino a muchos países. Lo siguiente es que algunos de los funcionarios de las entidades afectadas van a poner sus propias empresas, para contratar con las instituciones que dirigen ellos mismos, o contratar a empresarios que les sean leales”, valoraron.

Sanción a militares, es un mensaje al régimen

Un general de brigada, dos generales de división, y la casi desconocida ministra de Defensa, están en el combo de sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea este diez de enero lo que, a juicio de dos de los profesionales consultados para esta nota, “no es un mensaje para el Ejército: es para el régimen”.

“El mensaje es: vamos a sancionar a todo lo que implique sustento para el régimen”, y uno de sus pilares es el Ejército, así como la Policía, el CSE, Telcor, y hasta al de Eniminas, que también es un militar. Vamos a sancionar a todo aquello que implique un sustento parapolicial o paramilitar”, reiteró.

Otra de las fuentes opina que el Ejército estadounidense no quiere que su Gobierno sancione al Ejército de Nicaragua, porque “eso implicaría romper definitivamente la poca cooperación bilateral que existe, aunque todavía hay un intercambio fluido”.

Basa su análisis en el hecho que, en 2019 y 2020, el régimen autorizó el ingreso de tropas, 200 a 250 militares y guardias nacionales, no porque le interese al Gobierno de Nicaragua, sino a ambos ejércitos: el nica y el estadounidense.

“El más interesado es el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, porque Rusia ha ampliado su zona de influencia, y con el restablecimiento de las relaciones con China, temen una mayor influencia del Ejército Rojo, en el Ejército de Nicaragua”, detalló.

“Hay un estira y encoge, entre el Ejército estadounidense y el Ejército ruso, en el que ahora está terciando el Ejército chino”, recalcó.

“El Ejército quiere mantener relaciones con su similar estadounidense, porque saben que los Gobiernos son transitorios, que Ortega tendrá que irse en algún momento, y que si quieren existir más allá de ese momento, tienen que mantener relaciones con el Ejército estadounidense, independientemente de la política del Gobierno de Nicaragua”, ilustró.

El estigma político

En los casos en que la sanción es personal -al ministro, al secretario- los afectados se ven obligados a tomar medidas paliativas, porque ya no pueden ser firmas libradoras en las cuentas bancarias de la institución, pero pueden poner un tercero para que sea quien firme.

Una de las fuentes recordó que cuando fue sancionado el ministro de Hacienda, Iván Acosta, se nombró al viceministro José Adrián Chavarría para que firmara, y cuando lo sancionaron, se nombró a Bruno Gallardo. “En la medida que los van acorralando, ellos van nombrando a otras personas”, refirió.

El problema es que eso no es replicable cuando se trata de manejar las finanzas personales de los afectados, porque -aunque las autoridades estadounidenses no hagan tanto énfasis en ello- sus cónyuges e hijos también están cubiertos por esa afectación.

Recibir ese tipo de sanción se considera una suerte de ‘muerte civil’, porque los bancos dejan de aceptar su firma, pierde la visa estadounidense, y ni pensar que saldrá al extranjero a buscar empleo, porque “estará sancionado esté donde esté, así que también se le puede considerar una ‘muerte profesional’, porque no podrá ejercer su profesión”, señaló una de las fuentes.

“Nuestros bancos, que son muy tradicionales, afectan a los familiares sí o sí, aunque no estén sancionados, porque necesitan proteger su efectivo de las sanciones que podrían recibir, si los sancionados tratan de seguir manejando su efectivo a través de un familiar”, añadió.

Cuando alguien recibe una sanción de ese tipo, “no puede seguir circulando en el mundo financiero: no puede usar tarjetas de débito o crédito, ni hacer transferencias, o cualquier tipo de transacción bancaria, y si bien la ley puede obligar a los bancos a permitirles hacer transacciones locales, la persona estará imposibilitada de hacer nada fuera de las fronteras del país”, dijo otra de las fuentes.

Este profesional recordó que se pueden usar testaferros (socios o familiares) para eludir la responsabilidad, porque “en Nicaragua somos muy tradicionales. No tenemos una cultura societaria, y por eso es que estas sanciones individuales tienen mucho peso en una sociedad como la nuestra”, señaló.

Otra fuente dijo que si bien el cónyuge y los hijos están incluidos en las sanciones, estas no van más allá de ese núcleo familiar, así que los recursos pueden transferirse a otros parientes o amigos de confianza, aunque eso es muy difícil de confirmar, a menos que se hiciera una auditoría forense, autorizada por un juez.

Una opción adicional es convertir el efectivo en activos muebles o inmuebles, lo que sale del radar del sistema financiero. De lo que es difícil escapar, es del riesgo reputacional que afecta no solo la imagen del sancionado, sino también la de sus familiares cercanos, que se ven irremediablemente asociados con la mancha que cargan sus padres o cónyuges.


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