El golpe final al pluralismo

La destitución de dieciséis diputados propietarios y doce diputados suplentes, electos en 2011 bajo la casilla de la Alianza Partido Liberal Independiente —que fue ordenada este jueves por el Consejo Supremo Electoral (CSE) y acatada al día siguiente por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional—, constituye según la oposición un “golpe de Estado” del comandante Daniel Ortega, quien a través del control del Poder Electoral se hace ahora del control absoluto del Legislativo, donde ya contaba con 62 de los 91 diputados presentes.

La destitución, que el mismo día ha sido criticada por los principales gremios empresariales del país, ocurre además a tan solo siete semanas desde que Ortega sepultó el derecho a la observación electoral independiente y, que a través del control del Poder Judicial, logró excluir a la oposición de los próximos comicios nacionales, con los cuales busca su cuarto período presidencial.

Para destituir a los 28 diputados de la oposición, el CSE actuó a solicitud del nuevo representante legal del PLI, Pedro Reyes, a quien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le entregó el partido a principios de junio, arrebatando este al líder opositor y excandidato presidencial, Eduardo Montealegre, y dejando así sin casilla a la opositora Coalición Nacional por la Democracia, a menos de cinco meses de las elecciones convocadas para el próximo seis de noviembre.

Los diputados destituidos argumentaron a través de un comunicado que ellos fueron “ilegalmente removidos” de sus cargos y calificaron su cancelación como “un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua” y “un golpe de Estado al Poder Legislativo”.

“La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, alegó Wilber López, quien hasta este jueves era el jefe de la bancada del bloque opositor.

Alegatos al antojo del oficialismo

Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Xochilt Martínez/Confidencial

En junio pasado, cuando la Sala Constitucional entregó el PLI a Reyes, el magistrado Francisco Rosales, operador político del FSLN en la CSJ, afirmó que el fallo no afectaría a los diputados y alcaldes electos, que podrían terminar sus períodos “sin ningún problema”.

“Esos son hechos consumados, los electos, electos están por el voto popular”, afirmó Rosales el nueve de junio. Este viernes, consultado nuevamente por Confidencial vía telefónica, Rosales respondió que desconocía lo ocurrido entre el CSE y la Asamblea. Luego colgó la llamada y no volvió a responder.

Sin embargo, durante la reunión de la Junta Directiva de la Asamblea que acató la resolución del CSE, la diputada del gobernante Frente Sandinista y presidenta en funciones del Parlamento, Iris Montenegro, alegó que la resolución del tribunal electoral era “otro proceder”, distinto al fallo del Poder Judicial.

“Nosotros entendemos que el presidente del PLI convocó en reiteradas ocasiones a los diputados para sumarse al partido, y hubo un desacato. Y el CSE es el paraguas que globaliza el comportamiento de los partidos políticos, porque allí mandan los estatutos de los partidos”, argumentó Montenegro.

A juicio de Wilber López, la destitución “resulta particularmente grave” a las puertas de las elecciones generales, porque sigue “un propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen” y adelantó que recurrirán a las “instancias nacionales correspondientes”, y apelarán a que la destitución sea tratada por la comunidad y organismos internacionales.

Justamente, la destitución de los opositores ocurre a menos de una semana que varios de ellos iniciaran una gira por varios organismos estadounidenses para exponer la exclusión de la oposición en las elecciones.

En compañía de los demás diputados destituidos, López expresó en conferencia de prensa que “estas acciones (del oficialismo) evidencian un menosprecio a la comunidad internacional y a los representantes de las principales denominaciones religiosas, del sector privado y de los organismos de la sociedad civil que han formulado reiterados llamados al gobierno para que permita elecciones libres como la única vía para preservar las libertades individuales, la estabilidad económica y la paz social”.

Amcham y Cosep advierten riesgos

La Cámara de Comercio Americana Nicaraguense (AmCham) “lamentó” la decisión del Poder Electoral y de la Junta Directiva del Parlamento, porque a su juicio esto “profundiza la crisis política e incertidumbre que vive el país”.

“AmCham considera que estas acciones vienen a afectar el clima de negocios que necesitamos para la promoción de las inversiones y la generación de nuevos empleos”, dijo el gremio en un comunicado.

Los empresarios de la Cámara Americana también exhortaron al gobierno de Ortega a respetar y dar cumplimiento a la Constitución Política, “para no enturbiar más el proceso electoral y contribuir a crear un ambiente de incertidumbre y zozobra en nuestro país”.

Horas después, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) divulgó otro comunicado para expresar que la destitución de los opositores “debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”.

El Cosep, que se ha erigido como el único interlocutor con el presidente Ortega, estima que “resulta imperioso y urgente que nos propongamos y dispongamos a la brevedad a establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país” y advierte que la responsabilidad recae en el partido de gobierno y los partidos políticos.

En junio, tras la exclusión de la oposición del proceso electoral, AmCham y el Cosep, también advirtieron una afectación negativa al clima de negocios, pero el gobierno no respondió a sus planteamientos y se rehusó a dialogar sobre temas políticos.

Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dedicó al menos seis publicaciones en su cuenta de Twitter para referirse a la destitución de los diputados. En dos de esas publicaciones citó el comunicado que la Conferencia Episcopal publicó el 14 de junio pasado para pedir al Ejecutivo que respete el pluralismo político, tras clasificar como “nocivo” para el país “todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único, en donde desaparezca la pluralidad ideológica”.

Reyes alega desobediencia

Tras asumir la representación legal, Reyes exigió que los diputados electos en 2011 reconocieran su liderazgo e intentó obtener el control de la bancada. Sin embargo, no tuvo éxito y el 15 de julio pasado amenazó con solicitar la destitución de aquellos que no le respondieran. Una semana después, Reyes recurrió al CSE con la lista de los 28 diputados que debían ser cancelados.

El argumento oficial es que los 16 propietarios y los 12 suplentes perdieron su condición de diputados, “porque desatendieron los llamados de la nueva representación legal del partido por el cual fueron electos en el 2011”.

Entre los 16 diputados propietarios destituidos están el jefe de la bancada original Wilber López; el aspirante presidencial de la oposición inhabilitado por la Sala Constitucional de la Corte, Luis Callejas; el excandidato presidencial y líder del bloque, Eduardo Montealegre, y la tercera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, María Eugenia Sequeira. Además, los diputados Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Alberto Lacayo, Francisco Valdivia, Javier Vallejo, Armando Herrera, Eddy Herrera, Carlos Langrand, Boanerges “Pepe” Matus, Indalecio Rodríguez, Corina Leiba y los aliados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco.

Además, fueron destituidos los diputados suplentes: Eliseo Núñez, Carlos Mejía Zeledón, Roger Marín, Marcia Sobalvarro, Jorge Matamoros, Edipcia Dubón, Alfredo Gutiérrez, Hugo Ruiz, Rodolfo Quintana, Silvia Nadine, Loyda Valle y René Castro.

Los diputados Adolfo Martínez Cole (Managua), Pedro Joaquín Treminio (Matagalpa), Pablo Ortez Beltrán (Nueva Segovia), Hugo Barquero (Boaco), José Augusto Rodríguez (Jinotega), Francisco Jaime (Caribe Sur) y Elman Urbina (Chontales) son los únicos que mantendrían sus curules, aunque durante la conferencia de prensa del grupo opositor destituido, el diputado Urbina se presentó para afirmar que él renunciará al escaño.

Urbina negó cualquier conversación con Reyes y argumentó que por ser del PLI “no significa que reconozca la autoridad de este señor, a quien el dictador Ortega está usando”.

Enrique Sáenz opinó que Ortega completa ahora “el círculo dictatorial, arrebatando el derecho de los que ya eligieron, además de haber coaptado a los mandos militares y la Policía”.

Artículos contra “tránsfugas”

El argumento jurídico del CSE, según lo alegado por Reyes, se basa principalmente en un par de artículos que fueron introducidos en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), aprobada en diciembre de 2014.

Estos artículos indican que entre las “causas de falta definitiva, y (que) en consecuencia acarrean la pérdida de la condición de diputado o diputada”, está el “cambio de opción electoral del partido político, por el que fue electo, en el ejercicio de su cargo”. Además, se establece que “cada diputado o diputada se agrupará en la bancada del partido político por el que fue electo”.

Cuando se aprobó la reforma a la Ley 606, se afirmó que los nuevos artículos perseguían evitar que los diputados electos se cambiaran de grupo. Sin embargo, en la actual Asamblea Nacional, había hasta este miércoles al menos seis diputados independientes o que actúan al margen de los partidos bajo los cuales obtuvieron su escaño, incluyendo al aliado del gobernante Frente Sandinista, Wilfredo Navarro.

La bancada del PLI “zancudo” que responderá a Reyes –quien es representante legal y presidente del partido, pero no es diputado electo– estará presidida por Martínez Cole.

El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, calificó la resolución del CSE como “un ataque brutal a la Constitución Política, el Estado de Derecho, la democracia representativa, el derecho de los diputados defenestrados, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y los compromisos internacionales democráticos del país”, y estima que los fundamentos jurídicos citados por Reyes y el CSE “rallan en lo ridículo”.

Álvarez precisó que el CSE no tiene autoridad para intervenir en los partidos sobre actos electorales pasados.

“Es de las mayores atrocidades que hemos visto en los últimos años”, valoró Álvarez, quien recomienda recurrir de amparo e inconstitucionalidad en contra de la resolución