4 de marzo 2017
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Impunidad, corrupción y politización, son algunas de las palabras que más se repiten en las 34 páginas en las que el Departamento de Estado de Estados Unidos, expone los principales atropellos y arbitrariedades cometidas por el Gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos: desde denuncias de espionaje, arrestos violentos y muertes sin investigar, hasta aspectos cotidianos como el difícil acceso a una partida de nacimiento o a una cédula de identidad y el desempleo por no contar con un aval político.
El texto titulado Derechos Humanos Nicaragua 2016, arranca diciendo que “Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero las acciones del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resultaron en la concentración de poder de facto en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales”.
El informe, que se mantiene en esa línea, también recoge temas aislados y pocas veces abordados como el hecho que un indígena nicaragüense acusado por un delito, no cuente con un traductor judicial. Las etnias, aunque constituyen “aproximadamente el 5 por ciento de la población”, “a menudo no participan en decisiones que afectarán sus tierras, culturas y tradiciones”, señala el texto. Carecen incluso de “certificados de nacimiento, cédulas de identidad y títulos de propiedad”, quedando rezagados con los “índices de desempleo, analfabetismo y ausentismo más altos del país”.
El vicio de la impunidad
En el documento presentado este viernes, se mencionan además las muertes --sin esclarecer-- de civiles y miembros de grupos armados en zonas rurales de Nicaragua, así como denuncias ciudadanas de acoso por parte de la Policía, el Ejército y personas afines al FSLN.
“Aunque la ley prohíbe tales acciones, varias ONG nacionales, miembros de la Iglesia Católica y miembros de la oposición alegaron que el gobierno controlaba su correo electrónico y conversaciones telefónicas”, subraya el informe.
Yelka Ramírez durante el entierro de sus hijos muertos en la masacre policial de Las Jagüitas. Carlos Herrera/Confidencial.
El poder judicial resulta reprobado en varios aspectos: “la ley requiere la investigación de nuevos nombramientos judiciales por la CSJ, un proceso indebidamente afectado por el nepotismo, la influencia personal y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se sometieron a presiones políticas y económicas que comprometieron su independencia”, asegura el reporte.
La impunidad es el mayor de los vicios. “El gobierno rara vez tomó medidas para procesar a los funcionarios que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otro lugar del gobierno”, resalta el texto.
El hacinamiento en las cárceles, detenciones ilegales, y abuso policial son otros de los señalamientos que hace el Departamento de Estado. La politización de las escuelas e instituciones públicas, la libertad de prensa, y los conflictos de tierra también están citados.
Se toca incluso el tema de los asilos políticos en el que se menciona la inconformidad por el rápido trámite al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, en comparación con casos estancados de personas que solicitan refugio en Nicaragua, o de crisis migratorias que terminaron en tragedias.
Falta de transparencia
Sobornos, incautaciones ilegales y evaluaciones arbitrarias por parte de las autoridades aduaneras y fiscales “son comunes”, resalta el texto, que sostiene que “en una encuesta de 2.500 empresas, un tercio de todos los encuestados informó de acciones arbitrarias e ilegales por parte de las oficinas gubernamentales que regulan los derechos de propiedad y el establecimiento de empresas”.
También se recupera la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, y el hecho que los funcionarios no declaren sus bienes como lo establece la ley y que las sanciones establecidas por el incumplimiento de esta disposición nunca se apliquen.
Acoso a medios de comunicación
El acápite que hace referencia a la libertad de expresión es amplio y expone las presiones a las que los medios de comunicación independientes se ven sometidos. El informe menciona la denuncia de Confidencial contra el ejército y el FSLN por actos de espionaje político que fue presentada ante la opinión pública en octubre de 2016 y otros hechos de persecución reportados por el Diario La Prensa y algunas radios locales.
Carlos F. Chamorro interponiendo la denuncia de espionaje ante el CENIDH. Carlos Herrera/Confidencial
“Los propietarios independientes de medios continuaron expresando su preocupación por el hecho de que los incidentes de vandalismo, confiscación de equipo de difusión y temor a los cargos de difamación criminal crearan un clima de autocensura que el gobierno podría aprovechar para limitar la libertad de prensa”.
Informe directo
Para Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el informe está redactado en un tono distinto al de años anteriores, por lo que considera que es producto del trabajo de un equipo que tiene sus propias fuentes, y que constató y comparó la información.
“Yo no me aventuraría a decir que es una posición política de la situación actual, más bien me parece que es una posición coherente al conocerse la realidad de la violación de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua”, expresó Núñez.
Además agregó que el reporte está muy bien sustentado, basado en la realidad y es muy directo en cuanto a los temas que plantea, por ejemplo, a la falta de investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía Nacional, sobre violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por algunas personas en el país.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera que el informe del Departamento de Estado documenta las denuncias que han realizado los organismos de derechos humanos nicaragüenses.
“Este es un gobierno totalitario que para nosotros, aquí ya colapsó el estado de derecho y el Estado como tal con una marcada dictadura con prepotencia y falta de libertades para los nicaragüenses”, explicó Carmona.
El defensor de derechos humanos también advirtió que esto puede tener serias consecuencias para el país, pues los inversionistas extranjeros podrían evitar Nicaragua para llevar sus empresas, dada la situación grave de violaciones que se cometen, según el texto.
“Nadie va a querer venir a un país donde una sola persona tiene influencias en todos los diferentes poderes del Estado, eso ahuyenta la inversión internacional y va en detrimento de los nicaragüenses”, recalcó Carmona.
Francisca Ramírez interponiendo denuncia ante el CENIDH. Carlos Herrera/Confidencial
Advertencia a inversionistas
Los representantes de los organismos de derechos humanos consultados por Confidencial, no esperan una reacción positiva del Gobierno y más bien consideran que el comandante Daniel Ortega intentará descalificarlo para no tener que corregir las actuaciones que se señalan.
“Si hubiese un Gobierno respetuoso de los derechos humanos no lo consideraría un ataque, pero la estrategia del Gobierno es considerar un ataque u oposición a todos los que lo critican y deberían de dedicarse a buscar cómo investigar eso que se señala aquí y demostrar con hechos las valoraciones (que ellos consideran) que no se corresponde(n) con la realidad”, dijo Núñez.
Carmona, por su parte, recomendó al Estado de Nicaragua rectificar sus acciones y eso pasaría por la instauración de un diálogo nacional que involucre a todos los sectores del país.
“Un diálogo para que se fortalezca la democracia y el estado de derecho”, expresó Carmona, quien además agregó que solo espera “prepotencia”, como reacción del Gobierno en los próximos días, en lugar de los cambios que los organismos de derechos humanos han reclamado desde el 2007 cuando llegó Ortega al poder.
Mónica López Baltodano, abogada del Movimiento Campesino contra el Canal Interoceánico, criticó que el informe aborde de forma superficial las violaciones de los derechos de los campesinos, que han sido retenidos por la Policía Nacional cuando intentan llegar a Managua para manifestarse contra la concesión canalera, otorgada al empresario chino Wang Jing.
“Lo cierto es que el drama está en que ambos gobiernos, el de Nicaragua y Estados Unidos privilegian sus agendas económicas y comerciales por encima de los derechos humanos”, expresó López.
