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EE. UU. congela ayuda no humanitaria y no comercial a Nicaragua

La medida estará vigente durante el 2022 o hasta que dichos Gobiernos cumplan con estándares mínimos de protección a víctimas de trata de personas

Presidente estadounidense extiende por un año más la vigencia de la orden ejecutiva 13851

22 de diciembre 2021

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Estados Unidos anunció que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros a Nicaragua y Cuba, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas.

En un memorando dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, y difundido por la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la determinación "con respecto a los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas".


Entre otras, el memorando detalla que Washington "no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria" durante el año fiscal 2022 (octubre 2021-septiembre 2022).

La medida se mantendrá en vigor "hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos" de la Ley de Protección de Víctimas de Trata "o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos".

Votarán en contra de los préstamos

Además, Biden instruyó a los representantes de EE. UU. en cada banco multilateral de desarrollo que "voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución" que no esté dirigido a asistencia humanitaria, relacionada con el comercio o a ayuda para el desarrollo.

Los afectados por esa directriz son Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.

También el líder estadounidense determinó que no se suministrará "asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio" a Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur.

Quedaron excluidos de esas medidas por "interés nacional", entre otras razones, Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.

En el caso de Rusia y Eritrea se concedió una "exención parcial" que permite la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de esos Gobiernos.

Estados Unidos ha publicado en años pasados una "lista negra" de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

Dicho listado puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), si así lo decide el presidente de Estados Unidos.

La sanción a Nicaragua

La medida en contra de la administración de Daniel Ortega se produce un mes y medio después que entró en vigencia la Ley Renacer ya, con lo cual la Administración estadounidense sumó una herramienta más para endurecer las sanciones contra los funcionarios del régimen de Ortega y Rosario Murillo. Además, podrá revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

La Casa Blanca ha detallado que la Ley Renacer "impone sanciones al Gobierno del presidente nicaragüense" y servirá “para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen”.

Además, ordena a que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.

Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una resolución refiriendo que las elecciones pasadas en Nicaragua carecían de legitimidad democrática. En respuesta, la administración Ortega inició un proceso de dos años para dejar la organización.

Con información de Efe


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Redacción Confidencial

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