16 de diciembre 2020
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El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE. UU., Michael Kozak, advirtió al régimen de más sanciones contra sus funcionarios y empresas ligadas a sus personeros, como medida de presión ante la falta de unas reformas electorales de cara a los comicios de noviembre próximo.
El alto funcionario recordó que “hay una gran cantidad de instituciones y personas adicionales que pueden verse penalizadas o pueden ser afectadas por sanciones. No predecimos exactamente qué sanciones se van a emitir hasta que se emitan, pero que quede claro, que tenemos mucho espacio para aumentar, en gran medida, la presión dentro del marco de sanciones en el que podemos operar”, aseveró el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 24 miembros del régimen orteguista, entre ellos, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y tres de sus hijos; además de nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre estas, la Policía Nacional.
“Los Estados Unidos están listos para poner presión contra el Gobierno de Ortega e instaurar reformas, la reforma que se merece la gente”, expresó mediante una conferencia de prensa sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Barreras a la participación democrática
Esta ley junto a la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la de cadena perpetua, las consideró como “barreras a la participación democrática en el tiempo que la nación se prepara para unas elecciones presidenciales de 2021”.
Kozak explicó que el Gobierno está poniendo mucha presión contra organizaciones no gubernamentales y humanitarias legítimas, las cuales “tienen miedo del gobierno y están obstaculizando a todo el que sea independiente y que busca el bienestar del pueblo nicaragüense”. Esto lo mencionó antes de referirse al cierre de la primera organización, We Effect, que anunció el cesé de sus operaciones en el país, como efecto de la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
“Las personas y organizaciones sujetas a la ley tienen hasta el 14 de enero del 2021 para registrarse. We Effect ha analizado la legislación y no ve que haya ninguna forma viable de evitar la registración, y al registrarse sería imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para el desarrollo en el país”, expusieron en un comunicado publicado en su página web de la oenegé que tenía 35 años de trabajo en el país.
El alto funcionario aseguró que Estados Unidos mantendrá su cooperación en Nicaragua, y denunció que esta ley pareciera está dirigida a personas externas, aunque actúa en contra de la sociedad civil y medios independientes para bloquear su participación en sus propias sociedades. El nombre es “muy equivocado”, aseveró.
Resolución de la OEA
Kozak dijo que la situación del régimen es “peor” que antes de octubre pasado, cuando la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución que establecía un plazo para unas reformas electorales.
“Si quieren ver lo que haría falta para unas elecciones que se consideren legítimas, se tienen que liberar a prisioneros políticos. Esa es una de las acciones que se debería hacer y cumplir con las demandas de la Resolución de la Organización de Estados Americanos, que fue específica en cuanto a las reformas que se deben hacer en Nicaragua, para crear elecciones que se consideren justas y por lo tanto que se consideren legítimas”, detalló el funcionario.
La resolución “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, definió a mayo 2021 como la fecha tope para que Ortega implemente reformas para garantizar elecciones libres, transparentes y justas.
Sin embargo, este martes, la Asamblea Nacional finalizó la legislatura 2020 sin abordar el tema de reformas electorales, pese a que ha estado en el debate público y es una de las necesidades más urgentes, señaladas por la oposición para garantizar el ejercicio democrático. No obstante, la junta directiva convocó a una sesión extraordinaria para el 21 de diciembre, cuya agenda aún no se ha conocido, de forma pública.
A principios de noviembre, fuentes afines al Frente Sandinista revelaron a Confidencial, que Ortega había creado un grupo de trabajo con el fin de diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral enfocado en aspectos de “orden técnico”. No tendría contemplado la observación ni facilitaría el registro de nuevos partidos o alianzas. Solo abordaría el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales.
