3 de julio 2019
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El canciller español Josep Borrell, un abierto y duro crítico del régimen de Daniel Ortega, asumirá en noviembre próximo la jefatura de la diplomacia europea. El diplomático tendría entre sus funciones proponer a quiénes debe sancionar la Unión Europea (UE).
Borrell, que estará en el cargo desde el próximo primero de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, se ha mostrado a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a la “dictadura” en Nicaragua por la “represión sanguinaria”, que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y más de 80 000 ciudadanos en el exilio.
A finales de enero pasado, el socialista Borrell impulsó una reunión del Consejo Europeo —integrado por los ministros de Exteriores de la UE— para discutir sobre la situación de Nicaragua. Los diplomáticos condenaron la represión de Nicaragua y concluyeron que responderían ante “cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”.
En esa ocasión, el canciller español, de 72 años, comentó que Nicaragua y Venezuela son “las mayores crisis que está viviendo América Latina en mucho tiempo” y Europa “no puede no ocuparse de eso”.
“No basta decir que lo lamentamos mucho e imponer algunas sanciones”, apostilló.
Recomendar sanciones
Precisamente las sanciones es uno de los temas que atañe al Alto Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, cargo que detenta Federica Mogherini.
Para que la UE imponga sanciones, primero la alta representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembros y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros de Exteriores, que debe ser unánime.
A mediados de marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige a la UE imponer sanciones “específicas e individuales” contra funcionarios del régimen y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses. Un mes después, un grupo de eurodiputados enviaron una carta a Mogherini, donde le urge castigar a los orteguistas.
Este martes 2 de julio, el organismo Human Rights Watch le envió una carta a Mogherini y a los cancilleres de los 28 países, para solicitar la aprobación de sanciones individuales contra Ortega y otros seis altos mandos policiales: Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional; general Francisco Díaz, actual director de la Policía; y los generales Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas, y Justo Pastor Urbina.
Las sanciones establecen la prohibición de ingreso a los países europeos y el congelamiento de activos.
