1 de septiembre 2021
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El Ministerio Público —controlado por el régimen orteguista— acusó este lunes a los opositores Miguel Mora, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores, por ser presuntos autores del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. El mismo delito que el régimen ha imputado a la mayoría de los presos presos políticos capturados en el marco del proceso electoral.
La acusación fue admitida en una audiencia a la que no tuvieron acceso los defensores de los acusados y, según una declaración de la Fiscalía, fue realizada de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
El periodista Miguel Mora, quien aspiraba a la candidatura presidencial de la oposición, fue detenido —por segunda vez— el pasado 20 de junio de 2021. Desde entonces, la Policía le ha negado las visitas de sus familiares y únicamente admitieron agua y medicinas. Se presume que está en las celdas de la DAJ, conocidas como el “nuevo Chipote”.
Mientras tanto, el periodista Miguel Mendoza y la ex primera dama María Fernanda Flores arribaron este martes a los 72 días de arresto. Se presume que el cronista deportivo se encuentra en el “nuevo Chipote”, mientras la ex primera dama permanece en arresto domiciliario.
Según el artículo 410 del código penal de Nicaragua, citado en el comunicado del Ministerio Público, los acusados podrían ser sancionados con penas de diez a 15 años de prisión.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 dirigentes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre próximo, en los que el mandatario Daniel Ortega buscará una nueva reelección.
35 detenidos y 27 acusados
En la última semana han sido acusados por el delito de “conspiración” los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga. Acusación que también incluye al exdiputado José Pallais; al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; las dirigentes de la Unión Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas; y también al politólogo Manuel Salvador Orozco Ramírez, director del Centro para la Migración y la Estabilidad Económica en Washington, EE. UU.
La escalada de acusaciones continúo con los dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyén Barahona, Dora María Téllez, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco. Además, el banquero Luis Rivas Anduray.
El Ministerio Público también amplió la acusación contra la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, en el caso de la investigación por lavado de dinero que siguen contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh), la que se ha desarrollado en un proceso plagado de irregularidades donde los abogados denunciaron que no les han permitido ni entrevistarse con sus clientes, ni acceder a los expedientes.
La Fiscalía acusó también, por el mismo caso de Chamorro Barrios, a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, al que el régimen acusa de lavar activos, aunque no tiene ningún vínculo económico con la FVBCh. El periodista rechazó el juicio político como un intento de acallar a la prensa independiente.
En el caso contra la FVBCh también se encuentran acusados los extrabajadores Walter Gómez, Marcos Fletes, Ana Elisa Martínez Silva, Emma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez.
