Política

Diputados del régimen de Ortega aprueban Ley que anula competencia política en elecciones de 2021

Ley de "defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" fue aprobada con 70 votos a favor del FSLN

Los diputados Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobaron la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, enviada el pasado viernes por el presidente Daniel Ortega, y que ha sido criticada por ser “ilegal” e “inconstitucional” por anular la competencia política en los comicios programados para 2021.

La Ley fue aprobada en lo general y de inmediato la Asamblea continuó su discusión para aprobarla en lo particular. Los diputados Sandinistas, igual que con todas las iniciativas enviadas por Ortega, usaron sus 70 votos para dar el aprobado a la Ley, mientras que los opositores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) usaron sus 14 votos para decirle no a la propuesta del régimen de Ortega.

El proyecto aprobado hoy y que entrará en vigencia una vez sea publicado en La Gaceta quedó prácticamente íntegro en su contenido, donde establece que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben en la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización… serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.

Tampoco quienes “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación”.

Además de lo propuesto en la iniciativa enviada por Ortega, los diputados establecieron que dicha sanción sería aplicada “sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Ley es “inconstitucional”

El diputado Jimmy Blandón, en representación de la bancada del PLC, indicó que votaron “en contra” porque “esta iniciativa” presentada por el presidente Ortega “es una norma ordinaria que es inconstitucional”, citando artículos como el 49, 171 y 178 de la Constitución Política de Nicaragua.

Además, criticó que se dejara pasar una Ley “ordinaria” que por su contenido pretende superar “el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia no tendría validez para ser aplicada”.

Blandón recordó que la soberanía se “establece a través del sufragio” y “en consecuencia es una decisión del pueblo elegir quién los va a representar”.

En tanto, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista, enfocó su defensa de la iniciativa de Ortega, además de los insultos para los representantes del PLC, en que la misma está “acorde” a la Constitución y las Leyes.

“No me venga a esgrimir planteamientos jurídicos y constitucionales que no tienen razón de ser”, dijo el funcionario orteguista.

Castro aprovechó para recordar la teoría del Frente Sandinista sobre las protestas que se dieron en 2018, aduciendo que en el país se respetan los “derechos políticos para todos los y las nicaragüenses” y la “diversidad de pensamiento”, pero “no más intentos de golpe de estado que traigan sangre y muerte”.

Contrario a esto, en los últimos tres años, organismos nacionales e internacionales han señalado al Gobierno del Frente Sandinista, encabezado por el presidente Ortega, de cometer graves violaciones a derechos humanos desde el estallido social de abril de 2018, protestas a las que respondieron con muerte y represión, dejando 325 asesinados, decenas de desaparecidos, miles de heridos, 100 000 exiliados por la persecución política y más de mil presos políticos, de los cuales 106 aún continúan en prisión.

El exdiplomático Julio Icaza señala que la propuesta de Ortega, infringe los más importantes tratados comerciales suscritos por el país, tales como: el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Centroamérica, ya que estos “contienen cláusulas de gobernabilidad democrática, cuya violación es causa suficiente para la suspensión de Nicaragua de estos acuerdos preferenciales”.

El ex embajador nicaragüense advierte que las consecuencias económicas de una suspensión de Nicaragua en ambos tratados comerciales “serían gravísimas”, pues le recuerda al régimen de Ortega que “los estándares electorales han sido definidos por la Asamblea general de la OEA en su última resolución de octubre sobre Nicaragua y son los parámetros con los que la comunidad internacional determinará la legitimidad o ilegitimidad de las próximas elecciones”.

Icaza agrega y coincide con Eliseo Núñez, consultado por CONFIDENCIAL sobre este tema, en que la iniciativa del régimen es “inconstitucional” y “violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica”.

“Es inconstitucional porque pretende reformar por medio de una ley ordinaria preceptos regulados por la Constitución y la Ley Electoral, como son las inhibiciones para ser candidatos a cargos de elección popular”, explicó.

Añadió además que “una ley de rango inferior no puede reformar o derogar a otra de rango superior”. Por lo cual señala que la ley “vulnera el derecho de todo nicaragüense al sufragio… pues no solo se restringe el derecho a ser electo sino también el derecho a elegir, en tanto que Ortega se reserva la capacidad de definir y limitar entre quienes podemos elegir los nicaragüenses”.


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