20 de abril 2022
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La persecución oficial contra los Organismos No Gubernamentales se ensañó este miércoles 20 de abril con la Fundación Luisa Mercado (FLM), gestora del Festival Centroamérica Cuenta, uno de los eventos literarios más importantes en América Latina, una medida que el Poder Legislativo hizo extensiva a otras 24 organizaciones.
El festival literario se realiza bajo la dirección del novelista Sergio Ramírez Mercado, premio Cervantes 2017, fundador del organismo cancelado, exiliado y crítico del régimen nicaragüense, pero la FLM—llamada así en honor a la madre del escritor— ha desarrollado también diferentes iniciativas y actividades para promover y difundir la cultura nicaragüense.
Sin embargo, pese a su aporte a la cultura nacional, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo con 75 de 91 diputados, quitó la personería jurídica a la FLM en una sesión iniciada a las 9:46 am. La iniciativa fue aprobada con 74 votos a favor, 0 en contra, 15 abstenciones y un presente a las 10: 17 a.m., es decir tan solo 31 minutos después del comienzo de la reunión.
El artículo dos de la ley de cancelación de las personerías jurídicas, aprobado con 75 votos en lo específico, indica que los bienes y acciones de los organismos, “tendrán previa liquidación el destino previsto en el acto constitutivo en sus estatutos, si nada se hubiera dispuesto sobre ellos, estos pasarán a ser parte del Estado de conformidad con la ley de la materia”.
En su argumentación, el Estado acusó a los organismos cancelados de haber incumplido con las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro y por tampoco haberse inscrito como agente extranjero para dar cumplimiento a una de las leyes represivas con las cuales el Estado persiguió a opositores el año pasado.
Los principales señalamientos fueron que no reportaron sus estados financieros desglosados con un detalle de las donaciones que contuviera el origen de las mismas, proveniencia y beneficiario final. Tampoco informaron sobre las juntas directivas de sus organizaciones, según el oficialismo.
Por las mismas razones, los legisladores decidieron ilegalizar a otras 24 oenegés que han tenido durante décadas una importante labor social en el país, en especial en áreas como la defensa de los derechos de la niñez, la de los derechos humanos en general, entre otras.
De acuerdo con la iniciativa de ley, presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el seis de abril pasado—a quien sus propios colegas llamaron este miércoles el verdugo en plena sesión en vivo al mencionarlo por primera vez—, la lista de oenegés la forman la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la Asociación Nicaragüense de Arquitectos e Ingenieros (ANIA)—fundada en 1970—, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, explicó que en el caso de ANIA están inscritos como miembros de la cámara empresarial en el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC), en la que él asegura cumplen sus obligaciones con el Estado.
Porras cedió la palabra al segundo secretario de la Asamblea, “el compañero Wilfredo”, refiriéndose a Wilfredo Navarro, quien agregó: “Por esas cochinas dudas, que dicen que se quiere fregar a los empresarios, a los profesionales, estamos tratando de proteger a esas organizaciones para que no caigan en la ilegalidad”.
El Parlamento canceló también la de la Fundación para el Desarrollo de Solentiname fundada en 1982 por el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (q.e.p.d)., crítico hasta su muerte de Ortega. La misma medida tomaron contra la Fundación Coen.
En marzo pasado, el régimen canceló Operación Sonrisa, otro proyecto importante que beneficiaba a niños nacidos con paladar hendido, como parte de la cancelación a otros 25 organismos. Hasta ahora, no se ha conocido ninguna reacción del grupo empresarial de la familia Coen, cuyo líder, Piero Coen, participó en protestas contra Ortega en 2018 y ha sido objeto en el pasado de invasiones a propiedades por hombres armados.
Para fundamentar su solicitud de estas nuevas cancelaciones, Rodríguez se basó en un informe del Ministerio de Gobernación y una petición de cancelación realizada por el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin fines de Lucro de la misma institución, presentada por su responsable Franya Urey Blandón.
“Las entidades relacionadas en esta solicitud de cancelación de la personalidad jurídica han desarrollado sus actividades al margen de la ley, actuando contra ley expresa, por lo que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos que les regulan”, dijo Rodríguez en el proyecto de ley dirigido a Porras.
168 organizaciones ilegalizadas desde 2018
Con estas nuevas 25 personerías canceladas, la dictadura eleva a 168 los organismos a los que ha ilegalizado desde 2018 cuando se dieron las protestas sociales que cumplieron cuatro años recientemente, en las cuales miles de personas demandaron la salida de Ortega y Murillo del poder.
La respuesta del Estado fue una brutal represión que dejó 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se conculcaron los derechos civiles de los nicaragüenses, a través de la imposición de un Estado policial que frena la posibilidad de manifestaciones de la oposición y mantiene bajo vigilancia a críticos del régimen, mientras otros se han tenido que ir al exilio amenazados por la represión judicial. Actualmente en el país hay 181 presos políticos.
Dirigentes de oenegés denunciaron el año pasado a CONFIDENCIAL una serie de trabas puestas desde el Estado para mantenerlos en la ilegalidad a los organismos, algunos de ellos las calificaron como kafkianas con la intención de hacerlas “morir lentamente”, dijeron en su momento.
Un integrante de CODENI, bajo condición de anonimato, opinó que las medidas de Ortega han venido in crescendo contra las oenegés, después que durante tres años han insistido ante el Ministerio de gobernación para que les reciba sus estados financieros y actualice las juntas directivas.
“En principio hay una intención deliberada y escalonada de afectar a organizaciones que tienen visión crítica de la sociedad y el Estado”, opinó este funcionario, luego alertó que hay un interés patrimonial de parte del régimen al ordenar las "confiscaciones".
CODENI fue fundada en 1992, trabajó diez años sin personería jurídica hasta que fue aprobada, con lo que “una personería jurídica no nos va a detener el compromiso militante que tenemos por los derechos de la niñez y adolescencia en el país”.
La CPDH era el último organismo de derechos humanos que trabajaba en el país con su personería jurídica y que ha sufrido asedio del Estado. La abogada María Oviedo es miembro de este organismo. Fue encarcelada el año pasado en la escalada represiva con la que Ortega eliminó la competencia electoral y sembró el miedo para reelegirse en las votaciones de noviembre del año pasado.
En una conferencia de prensa, realizada en el organismo el martes 19 de abril, su director Marcos Carmona rechazó a nombre de la CPDH los señalamientos del Estado para cancelarla, mientras planteó las razones de fondo del Estado para la decisión.
“No hay voluntad, por parte del Gobierno (del presidente Daniel Ortega), que haya organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, dijo Carmona.
Otros organismos cancelados este miércoles 20 de abril son: la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular CANTERA, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, la Asociación Instituto de Capacitación Política Liberal Once de julio, la Asociación Cultural Tininiska, la Fundación Integral para el desarrollo de la Mujer Indígena de Sutiaba, entre otras.
