12 de enero 2019
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Habló sin decir nada nuevo, acusó sin pruebas e insultó como último recurso. El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, discursó por más de 40 minutos, pero no pudo impedir lo inevitable: el régimen de Daniel Ortega y Rosario entró en un nuevo escenario internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) cumplió con el primer paso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, al llevar a cabo una “apreciación colectiva” de la crisis nicaragüense.
Es un escenario nuevo para la dictadura. De mantenerse en su intransigencia y en su diaria violación de los derechos humanos, el régimen será expulsado de la OEA, lo que traería consigo un mayor aislamiento del mundo y perdería el acceso a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es una de las principales fuentes de financiamiento de inversión pública.
El Consejo Permanente de la OEA cumplió a pies juntillas con lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó desde diciembre a la sesión extraordinaria, en la que se realizó la “apreciación colectiva”. Lo que sigue serán gestiones diplomáticas para buscar una salida a la crisis nicaragüense, que hasta el momento ha dejado más de 325 ciudadanos asesinados, más de tres mil heridos, alrededor de 600 presos políticos y el exilio de unos 60 000 connacionales.
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, reza el referido artículo 20.
Violaciones de derecho humanos
Almagro encabezó la sesión extraordinaria y justificó su decisión: “en la democracia no puede existir represión, ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”.
“Cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 es porque queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave crisis política y esta alteración del orden constitucional”, afirmó el diplomático uruguayo, quien le cedió tiempo de su intervención –bajo la protesta del canciller Moncada- a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Abrão leyó un informe en el que señaló que el régimen orteguista impuso un “Estado policial” y que durante las protestas cívicas hubo un uso “letal y desproporcionado” de la fuerza. A la par, detalló los recientes ataques a los periodistas y medios de comunicación independientes.
En su extenso y repetitivo discurso, el canciller nicaragüense acusó a Almagro de ser un “agente golpista” y un “instrumento político” al servicio de los Estados Unidos. Así como de actuar como una “caja de resonancia de los grupos pro golpe de Estado”, en contra del Gobierno “constitucional y legítimo” de Nicaragua.
“El Secretario General trata de manipular de forma irresponsable y mal intencionada la interpretación del artículo 20 de la Carta Interamericana”, dijo Moncada, cuya postura solo fue defendida por los representantes de Venezuela y Bolivia.
Seguirán adelante con Carta
La representante de Argentina, Paula María Bertol, indicó que se seguirá “adelante con el segundo párrafo” del artículo 20, según el cual el Consejo Permanente puede disponer “la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas”, establece el artículo 20.
Una asamblea de cancilleres no implica directamente que el país en cuestión será expulsado de la OEA, para lo que se requieren 24 votos, de los 34 países miembros. Aunque se tengan los votos, los ministros de relaciones exteriores podrían optar por agotar todas las vías diplomáticas.
Desde que se aprobó la Carta Democrática, en septiembre de 2001, se ha aplicado en diez ocasiones, pero solo en una se expulsó al país. Fue a Honduras, en 2009, en el contexto del golpe de Estado que sacó de la Presidencia a Manuel Zelaya.
El exdiplomático Carlos Tünnermann Bernheim dijo a CONFIDENCIAL que en el caso nicaragüense “todo está encaminado a la aplicación del artículo 21, que es el que habla de la suspensión”.
El tiempo para convocar a la Asamblea General dependerá, según el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, de si están asegurados los 24 votos, ya que por la gravedad de la situación en Nicaragua, “el plazo no puede ser muy largo”.
