12 de mayo 2019
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Las negociaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúan en un punto muerto. Dos semanas después de que el régimen desautorizara a sus delegados y anulara el acuerdo de acelerar la liberación de los presos políticos en el mes de mayo, la segunda etapa del diálogo evidencia una dicotomía total: el lenguaje interno de los delegados del Gobierno, que “trata de romper” el impase de los últimos días y los comunicados diarios que están cargados de adjetivos, calificativos, insultos y amenazas.
“Esto ha sido la lógica de todos los días, se logra avanzar, se hacen propuestas con un protagonismo obligado de los testigos y acompañantes que, ante esta situación tienen que empeñarse y lo han hecho de una forma más beligerante, más activa, que ha permitido ensayar algunas formas que parecieran exitosas, pero que después de la consulta (de los negociadores del Gobierno a Ortega) se vuelve a una situación complicada”, explicó José Pallais, abogado constitucionalista y miembro titular de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Pallais manifestó que, ante la desautorización del Gobierno a sus negociadores, una fórmula que permitiría sacar el diálogo de este punto muerto, sería la participación directa de Ortega y Rosario Murillo, sin embargo, hasta ahora no existe disposición de los dictadores, quienes mantienen el control diferido de personas que “hacen su intento” de buscar un entendimiento que en los últimos días ha sido frustrado y continúa bloqueando un arreglo definitivo.
La postura gubernamental también ha incomodado al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y a Luis Ángel Rosadilla, representante de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), testigos internacionales de este proceso de negociación, quienes han mostrado “cierto nivel de preocupación” y de frustración.
“Es una preocupación que incluso nos ha sido trasladada directamente por otro de los asesores del secretario de la OEA, Luis Almagro, el señor Luis Porto, que nos visitó ayer y se reunió también con el Gobierno en esa misma línea, trasladando la disposición de la OEA de cooperar con el fortalecimiento institucional para alcanzar la democracia en Nicaragua en los términos que está obligado el país de conformidad como se suscribió la Carta Democrática Interamericana”, informó el abogado constitucionalista.
El panorama internacional
La dictadura de Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos en noventa días, que se cumplen el próximo 18 de junio, en vísperas de la evaluación de la Nica Act y de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Medellín, Colombia, a finales de junio. A juicio de Pallais, si el régimen no libera a los reos de conciencia, estaría dando “una patada a la mesa de negociación y confirmara su postura irresponsable frente a la crisis.
El abogado constitucionalista explicó que no solo existen estos acuerdos firmados con la Alianza, sino que hay un compromiso hecho a través de comunicaciones escritas del canciller Denis Moncada, que dirigió a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en las que también se comprometió a liberar total y definitivamente en noventa días a los presos políticos.
“Si no cumple, desde luego pondría a su Gobierno en una situación muy compleja, habría desde luego una posición desde la OEA de avanzar en las propuestas que ya están y que busca la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y que estaría cerca de la Asamblea General que se reúne en Medellín, además que el día 20 que se vence el plazo de 180 días planteados por la legislación de Estados Unidos para la aplicación de la Nica Act”, afirmó.
Sin embargo, algunas fuentes ligadas al Gobierno y al partido Frente Sandinista, han dicho que Ortega está definiendo sus plazos políticos dependiendo de lo que suceda en Venezuela. Es decir, mientras en ese país Nicolás Maduro no ceda, Ortega en Nicaragua no aceptaría negociar, a pesar de estar ante un panorama internacional complicado.
Al respecto Pallais expresó que no ve a Ortega “extendiéndose”, incluso que Maduro no permita una solución negociada o de cualquier otra forma en Venezuela, aunque destacó que las consecuencias que pagaremos los nicaragüenses por la irresponsabilidad de Ortega y Murillo serían nefastas.
“La posición de la Alianza Cívica es hacer todos los esfuerzos, no hacer caso a los insultos, a las amenazas, poner toda nuestra voluntad en que la salida negociada se logre, porque consideramos que es la mejor, y estaremos trabajando hasta el 18 de junio por nuestros presos políticos, por el país, por la necesidad de tener una reforma electoral y permitirnos llegar a elecciones anticipadas como demanda la comunidad internacional y lo demandamos la mayoría de nicaragüenses”, insistió.
Pallais afirmó que, si el Gobierno quiere frenar futuras sanciones generales aplicadas al país, tendrían que avanzar y cumplir con los acuerdos firmados, no obstante, señaló que pese a esa disposición de la Alianza Cívica de “trabajar horas extras”, el régimen insiste en que requiere la solicitud del levantamiento de sanciones sin cumplir un solo punto de lo firmado. Algo que según el miembro de la Alianza no tendría ningún efecto y más bien debilitaría los resultados que la comunidad internacional espera de esta negociación.
El apoyo del BCIE a la Policía
Esta semana la maquinaria de propaganda de régimen desató, no solamente más ataques contra la Alianza Cívica, sino que se enfocó en un linchamiento contra Juan Sebastián Chamorro, miembro de la mesa de negociación, por haber planteado que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no debería de seguir financiando a la Policía Nacional a través de préstamos al estado de Nicaragua, siendo esta una institución represiva.
Al respecto Pallais destacó que la Alianza respaldó a través de un comunicado a Juan Sebastián y a todas las personas que firmaron esa solicitud al BCIE, pues lo hicieron en base a su derecho constitucional de hacer peticiones de protestar y de reclamar a una posición de Gobierno, pues no es correcto endeudar al país y pagar deudas para una institución que se ha desviado de sus objetivos y se ha dedicado a reprimir al propio pueblo.
En relación a la contradicción que existe sobre el financiando a una institución represiva (Policía) y a una dictadura sangrienta que ha violado los derechos humanos y también que ha violado la constitución y la carta democrática, Pallais aseguró que este tipo de regímenes viola los fines que tiene establecido el BCIE, que son promover el desarrollo de los países que lo integran.
“En ningún momento le permite al BCIE financiar este tipo de actividades, financiar a una institución que está señalada de violaciones gravísimas masivas a los derechos humanos con un jefe que internacionalmente está sancionado, es decir, hay una violación a los mismos reglamentos, a los mismos objetivos de ese banco, que ha actuado en contra de lo que establece y en contra de la función natural que debería tener el banco, está siendo desvirtuada este tipo de cooperación de financiamiento que no apoya al verdadero desarrollo de los países de Centroamérica”, finalizó Pallais.
