7 de octubre 2015
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El Grupo Cocibolca, una plataforma de organizaciones civiles y ambientalistas, denunció este martes ante el Tribunal Latinoamericano del Agua los riesgos para los recursos hídricos de Nicaragua que para ellos suponen la construcción del proyecto del Canal Interoceánico.
Esta instancia de justicia alternativa, dedicada al análisis y la búsqueda de solución a los crecientes conflictos hídricos, realizó una pre-audiencia en la ciudad de Guatemala, donde asistieron Víctor Campos, subdirector de Centro Humboldt), y Marjourie Martínez, abogada ambientalista de la Fundación Popol Na.
Los representantes del Grupo Cocibolca resaltaron en la audiencia que la zona de influencia directa del Canal pasará por el Lago Nicaragua, considerado el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica.
“Es el lago tropical más rico de América, el cual se verá directamente afectado por las obras de construcción y operación de dicho canal, provocando riesgos severos de contaminación por hidrocarburos, salinización, invasión de especies ajenas, turbidez del agua y sedimentación”, expusieron.
De acuerdo al Grupo Cocibolca, la creación del lago artificial “Atlanta” --que tendrá una extensión aproximada de 400 kilómetros cuadrados-- significa que serán desviados los cursos naturales de las aguas, dejando de esta manera a muchas personas sin acceso a las aguas que son utilizadas en su vida cotidiana.
Campos y Martínez vertieron sus argumentos durante el petitorio de la pre-audiencia pública ante el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, quienes el día viernes 9 de octubre resolverán si la denuncia tiene mérito suficiente para abrir causa.
De ser aceptada la querella, se realizará una audiencia en Holanda durante el primer semestre del próximo año, para el juzgamiento y la emisión del veredicto definitivo.
“La opinión generalizada en la sala de la pre audiencia pública, es que existen elementos suficientes para programar la Audiencia y lograr un veredicto condenatorio”, sostuvo el Grupo Cocibolca.
Partidos y movimientos políticos se suman
Este martes también, pero en Managua, partidos y movimientos políticos se sumaron al clamor del Consejo Nacional en Defensa del Lago y la Soberanía Nacional para derogar la ley 840.
Esgrimieron que la ley canalera es espuria y violatoria a la Constitución Política, y la consideran una “traición a la patria” perpetrada por el Frente Sandinista y sus diputados en la Asamblea Nacional, quienes aprobaron la normativa en tiempo récord y sin amplia consulta.
El apoyo al movimiento campesino que se opone a las expropiaciones al amparo de la ley 840 fue firmado por 11 partidos y movimientos, entre ellos el Partido Liberal Independiente (PLI), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Partido Conservador, la Resistencia Nicaragüense, el Partido Conservador, entre otros. Solo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el expresidente Arnoldo Alemán, no firmó.
“Estamos conscientes y de acuerdo con lo que están planteando, nosotros fuimos los primeros en decir no en la Asamblea Nacional (…), no solo es decir no, sino actuar, no solo hemos aplaudido sino que los hemos acompañado en todo momento y seguiremos luchando para que haya un verdadero cambio, porque la única forma es reformar la Constitución”, declaró Wilber López, jefe de bancada del PLI en el Parlamento.
