27 de enero 2022
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La reactivación de los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en “el nuevo Chipote”, ordenada por el régimen de Daniel Ortega, es otro acto en una extensa lista de nulidades y violaciones que, para la abogada nicaragüense especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, conduce a una misma conclusión jurídica: el cierre de las causas y la liberación inmediata de los presos políticos.
La jurista sostiene que “no hay ningún fundamento, ni legal ni de hecho” para reanudar los juicios políticos, que califica de “espurios e ilegales”, ni tampoco para mantener encarcelados a los reos de conciencia. Por el contrario, afirma que “hay tantas nulidades en todos estos procesos que lo único que cabe es su liberación de forma inmediata”.
El régimen orteguista comenzó, este 24 de enero, a reactivar los juicios congelados en contra de los presos políticos, encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, fijando juicios en contra de Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Yader Parajón, Yaser Vado, Miguel Mendoza y José Antonio Peraza para el 1, 2, 3, 8 y 9 de febrero, en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”, donde han permanecido encarcelados bajo interrogatorios constantes y torturas físicas y psicológicas, con solo cinco visitas familiares en hasta siete meses de cárcel.
En un análisis jurídico, realizado durante una entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Noche –que únicamente se transmite por YouTube y Facebook Live debido a la censura televisiva y radial impuesta por Ortega– Moreno detalló que “todas las causas (contra los presos políticos) están plagadas de nulidades y de ilegalidades que violentan, no solamente la Constitución Política nicaragüense y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también la propia normativa interna, como el Código Procesal Penal y el Código Penal”, rechazando que se cumpla con el ordenamiento jurídico, como argumentan el régimen y la Fiscalía, reducida a una fábrica de delitos al servicio del gobernante Frente Sandinista.
Hay retardación de justicia
Según Moreno, el congelamiento de los juicios políticos, ordenado en octubre de 2021 aduciendo “fuerza mayor o agenda saturada”, siguió “el mismo hilo conductor de violaciones de garantías y derechos de los procesados, porque la (causa de) fuerza mayor se debe fundamentar”.
“Realmente son unas resoluciones de suspensión caprichosas, al margen de la ley, sin ningún tipo de fundamentación legal”, denuncia.
De acuerdo con la jurista, al violarles todas las garantías y derechos, manteniéndolos detenidos ilegalmente, los presos políticos también son “víctimas de retardación de justicia”.
“Como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad bajo todas estas ilegalidades procesales, realmente deberían estar libres. Uno, porque son inocentes, eso no lo debemos olvidar; dos, porque procesalmente hablando, como ya pasaron los seis meses, que como máximo podría durar el proceso, y ya pasaron los tres meses de los que habla el Código Penal para la duración de un proceso normal, el juez debería haber sobreseído la causa, decretar una extinción de la acción penal” resume.
Advierte, además, que el Código Penal de Nicaragua prevé responsabilidades por la retardación de justicia, acusaciones falsas y fabricación de pruebas. “Si nosotros tuviésemos que tomar el Código Penal y empezar a denunciar a los operadores del sistema de justicia, existen pruebas suficientes –a diferencia de nuestros presos políticos, que no hay ninguna prueba en contra de ellos– para enjuiciar a estos jueces, a estos fiscales, e inclusive, a defensores públicos que se están prestando a simular una defensa y a violentar garantías tan importantes como las del debido proceso”.
Juicios en “el nuevo Chipote” son ilegales
Moreno también indica que las ilegalidades continúan al establecer los juicios en las instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde estos han permanecido encarcelados, la mayoría por más de medio año.
“La celebración de audiencias fuera de los Juzgados es ilegal. El Código Procesal Penal es muy claro en el artículo 121, en establecer que hay un lugar para la actuación de un juez, y el juez solamente puede moverse a otro lugar para realizar algunas diligencias”, entre las cuales cita si un testigo está en el hospital o no puede trasladarse al Juzgado, y el juez debe trasladarse para recibir su testimonio, o si el juez debe ir a una escena del crimen.
Sin embargo, cuestiona que “una cuestión es realizar una diligencia judicial y la otra es la audiencia de juicio oral y público, o las audiencias, en este caso preliminar o inicial, o la de protección de garantías”, y reiteró que “toda audiencia celebrada fuera de los Juzgados es ilegal”.
“Tramitación compleja” es caprichosa
Igualmente, Moreno estima que, detrás de la orden de reactivar los juicios políticos, está la “intención clara” de prolongar su detención y cuestiona el argumento de calificar los supuestos delitos como “tramitación compleja”, porque valora que es un recurso para prolongar el proceso judicial.
“La tramitación compleja es para delitos graves, muy graves, como el crimen organizado y el lavado de dinero”, explica Moreno.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo contra el Estado de Nicaragua; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
Sin embargo, Moreno reclama que el régimen y sus aparatos violentan la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los presos políticos, también establecidos en el ordenamiento jurídico nicaragüense, y que las acusaciones tienen “graves inconsistencias”, “no solamente en la narración de los hechos, sino también en la determinación y en la imputación de responsabilidades”.
“Acusan a personas por conspiración, que es una forma de participación delictiva, sin determinar cuáles son los hechos de conspiración ni quiénes son los autores”, argumenta la jurista, quien no duda que los juicios políticos son otra prueba de cómo el régimen ha demolido el Estado de derecho y la institucionalidad en Nicaragua.
“Para que digan que una persona es conspiradora de un hecho, de traición a la patria, por ejemplo, tiene que haber –si hay un conspirador– un autor”, de lo contrario es una “inconsistencia técnica, que violenta el principio de legalidad”, explica. Tampoco, reclama, describen claramente los hechos, e inclusive “hacen imputaciones sin ningún tipo de fundamento” ni elementos probatorios o de convicción.
Presos políticos “detenidos sin causa legal”
El régimen orteguista mantiene a aproximadamente 170 nicaragüenses encarcelados por causas políticas, entre ellos más de 60 apresados entre mayo y noviembre de 2021, para despejar a Ortega el camino a su cuarto período presidencial consecutivo, a través de unas votaciones ilegítimas y sin competencia, calificadas como una “farsa electoral”.
Los presos políticos “fueron detenidos ilegalmente y siguen siendo detenidos ilegalmente hasta el día de hoy, desde el punto de vista legal”, afirma Moreno, reiterando que fueron detenidos sin orden judicial o causa legal, permaneciendo incluso en condición de desaparecidos, cuando el régimen se negó por varias semanas, e incluso meses, a confirmar su paradero, permitirles visitas familiares, encuentros con sus abogados, o el recibo de alimentos, agua, medicinas o artículos de higiene personal.
“Lo único que se conocía públicamente eran las versiones oficiales de los órganos del sistema de justicia nicaragüense”, a través de los comunicados de la Policía o la Fiscalía, sobre sus supuestas diligencias de audiencias especiales para decretar “los famosos tres meses para investigación”, recuerda.
“Los detuvieron ilegalmente, los han estado sometiendo a un proceso de forma ilegal… no hay ni control en el sistema automatizado, porque no han querido meter los casos en el sistema que tienen los Juzgados, donde todos los abogados podemos ver cómo va avanzando o tramitándose un caso; estos son casos que no existen en este sistema”, agrega.
Según Moreno, los presos políticos “debieron haber sido puestos en libertad a los tres meses, o se les debió haber dictado una sentencia, y no ha pasado sino todo lo contrario… se les ha inventado y se les ha impuesto de forma ilegal la famosa tramitación compleja”, y además luego suspendieron los procesos.
“Lo que estamos viendo es prisión preventiva prolongada de forma intencional, dirigida e ilegal”, reclama, y valora que “la prisión preventiva se ha convertido en una pena ilegal prolongada para los presos políticos”.
Las audiencias exprés y secretas fueron otra ilegalidad
Luego de meses de cárcel, angustia e incertidumbre, el régimen confirmó que había iniciado las audiencias preliminares de los presos políticos, en “el nuevo Chipote”. “Lo que nos informaban estos órganos, que están al servicio del régimen, era realmente una serie de ilegalidades”, reclama Moreno.
“Se celebraron audiencias exprés, audiencias nocturnas, y audiencias a domicilio”, cita la experta en Derecho Penal.
Moreno sostiene que la realización de estas audiencias ocultas, por la noche y hasta en fines de semana, “es otro tipo de ilegalidad” que violenta el Código Procesal Penal y la Constitución Política, que establecen que las audiencias deben de ser públicas.
Otra nulidad: sin derecho a la defensa
La jurista también señala que otra causa de nulidad es que los presos políticos no han tenido derecho a la defensa, porque no han podido reunirse con sus abogados, menos en entrevistas privadas como establece la legislación.
“Esa es una causal más por la cual estos procesos son nulos”, afirma Moreno, tras insistir en que “se han violentado todas las garantías del debido proceso” establecidas en el Código Procesal Penal, y el numeral uno del artículo 163, que indica que “un proceso es nulo cuando se violentan todas las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales”.
“Están recibiendo las notificaciones sin que tengan acceso a sus defensores, hasta el momento de la audiencia. Eso violenta el derecho a la defensa en el sentido material, porque la defensa no solamente es que yo tenga un abogado nombrado en el juicio, sino también que ese abogado pueda entrevistarse conmigo para poder diseñar una defensa, y de verdad que la defensa material, a la que tiene derecho todo procesado, se pueda realizar en audiencia”, critica.
Presos políticos son víctimas, no criminales
Una encuesta de CID Gallup, realizada en diciembre de 2021 y auspiciada por CONFIDENCIAL, reveló que el 67% de los nicaragüenses demanda la anulación de los juicios políticos, y el 73% considera que deben ser liberados.
Para Moreno, “está claro que, de los 170 presos políticos, ninguno ha cometido delito, desde el punto de vista jurídico y judicial”.
“Se trata de ciudadanos que no han cometido delito, que están siendo judicializados y criminalizados dentro de un proceso lleno de ilegalidades, con total irrespeto a sus derechos individuales y de sus garantías del debido proceso, que establece nuestro ordenamiento jurídico”, advierte.
Asimismo, coincide en que “hay una clara percepción de que se está judicializando y criminalizando a las personas por querer una Nicaragua mejor, por pensar diferente al régimen” y que esa percepción ciudadana de que el preso político es una persona inocente, que no ha cometido delito, es la que justifica que estén a favor de su liberación inmediata.
Sostiene que los presos políticos “son víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para el ámbito internacional”, sostenido en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la convención del sistema interamericano.
“Si se trata de un análisis legal, estos procesos son nulos, y por lo tanto, lo que cabe es la liberación de los presos políticos de forma inmediata, y no estar celebrando audiencias ilegales, en esa cadena de ilegalidades que hemos visto”, reitera. “Todos los caminos jurídicos –sentencia– te llevan a que los presos políticos no deberían de estar detenidos, deberían de estar gozando de libertad”.
