Política

Daniel Ortega ordena reforma electoral, pero “sin hacer cambios en CSE”

La “reforma” excluye observación internacional, reformas constitucionales, y cambios para facilitar registro de nuevos partidos o alianzas

Fuentes vinculadas al partido Frente Sandinista revelaron a CONFIDENCIAL que el presidente Daniel Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”. “El comandante Ortega y la compañera Rosario ya orientaron la elaboración de un proyecto de reforma, que estará listo para la discusión interna en las próximas dos semanas”, afirmó la fuente.

El martes 20 de octubre, un día antes de la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que debatió la crisis política nicaragüense, se llevó a cabo una reunión entre líderes parlamentarios del FSLN y magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, con Ortega y Rosario Murillo, su esposa, vicepresidenta y vocera del régimen.

Según la fuente, en la reunión Ortega le dio luz verde para su aprobación en la Asamblea Nacional al dictamen sobre la Ley Especial de Ciberdelitos y aprobó el procedimiento para presentar ante la Asamblea la propuesta de reforma constitucional que introdujo la pena de cadena perpetua, para “crímenes de odio”.

En el encuentro, Ortega ordenó la creación de un grupo de trabajo de diputados y magistrados, cuyos integrantes no fueron identificados por la fuente, para preparar una propuesta de reforma a la ley electoral, en un plazo de tres semanas. La propuesta sería aprobada en esta instancia política antes de ser presentada al parlamento.

“El presidente dio algunas orientaciones específicas sobre lo que debe contener la  reforma”, dijo la fuente, y especificó que esta debe centrarse en aspectos técnicos de la Ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales.

Según la fuente vinculada el FSLN, Ortega excluyó de forma explícita que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

La orientación de Ortega también excluye hacer cambios en la legislación sobre los requisitos para el registro de partidos políticos, o de alianzas electorales. Según la fuente, el mandatario también mencionó el tema de la observación electoral internacional, indicando que este es un asunto sobre “el que decidirá en otro momento”, y no debe ser incluido en el proyecto de reformas.

Sobre el calendario de la reforma electoral, Ortega indicó que primero debe ser aprobada la reforma constitucional sobre la pena de cadena perpetua. 

Este cuatro de noviembre, en medio de la emergencia por el impacto del huracán Eta en la Costa Caribe Norte, la “Comisión Especial de Carácter Constitucional”, integrada por los mismos legisladores de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, aprobó el dictamen favorable a la ley de cadena perpetua, que reformará el artículo 37 de la Constitución Política. La reforma debe ser aprobada en dos legislaturas, por lo que sería introducida en esta y aprobada en la de 2021.

Pero Ortega no definió si la reforma electoral sería aprobada en 2020 o 2021, únicamente decidió que la reforma electoral será consultada y discutida solamente con “los partidos que tienen representación parlamentaria”, dejando abierta la posibilidad de que la consulta también abarque “a los que tienen personería jurídica”. “Esa decisión la tomarán ellos (Ortega y Murillo) más adelante”, dijo la fuente.

La propuesta del Grupo Promotor

El proyecto de Ortega de reforma electoral para los comicios de 2021 no reconoce ninguna de las condiciones previas que demanda la propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y cuenta con el endoso del sector empresarial.

La propuesta del GPRE incluye, entre otros requisitos, que se elimine la reelección presidencial, así como la diputación “constitucional” que se otorga al presidente saliente y el segundo candidato presidencial más votado. Asimismo, que se prohíba que el cónyuge del presidente se pueda presentar como candidato.

El Grupo sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el régimen también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral al servicio de los intereses del partido de Gobierno. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales que han sido ignoradas por Ortega y Murillo han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y son “inescrutables” debido a la corrupción y hermetismo en la integración de las estructuras electorales, la administración del padrón electoral, el escrutinio y cómputo de los votos.

La confianza en el sistema electoral también está en sus puntos más bajos. 

En el 2000, a partir de un pacto entre los caudillos Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Ortega, del Frente Sandinista, se reformó la Ley Electoral para reducir del 50% más uno al 35% el porcentaje de los votos válidos para elegir al presidente de la República. Posteriormente, en 2011 (de facto) y en 2014 (de hecho), se reestableció la reelección presidencial indefinida.

La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye doce reformas de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional.

Las reformas contemplan la elección de nuevos magistrados del CSE, que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

Asimismo, un adecuado proceso de cedulación que garantice a toda la ciudadanía su derecho a tener su cédula de identidad ciudadana de manera gratuita; la modernización de sistemas tecnológicos para garantizar la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales en tiempo real y detallados por cada Junta Receptora de Votos (JRV).

De igual manera, demandan la fiscalización efectiva por los partidos políticos, con la oportuna acreditación y la participación irrestricta de los fiscales de los partidos políticos en todas las etapas del proceso electoral e instancias del CSE; la garantía de procedimientos claros y eficaces de recursos legales contra las actuaciones de los órganos electorales que prevengan la arbitrariedad del CSE y garantice el debido proceso, y la instauración de las condiciones que permitan el voto en el exterior; que es un derecho reconocido por la Constitución Política y la Ley Electoral pero que no ha sido posible por falta de voluntad política del CSE.

Otras de las propuestas son la democratización de la constitución de nuevos partidos políticos, que permitan una participación plural y amplia de las opciones políticas, la autonomía de alianzas electorales, permitiendo elegir su propio nombre, bandera, emblema, casilla y representante legal de acuerdo a sus estatutos y que no estén obligadas a ir bajo el nombre y casilla de uno de los partidos que la conforman.

La advertencia de la OEA y EE. UU.

En un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral, firmado hace tres años por el Gobierno de Daniel Ortega y la OEA, que venció el pasado 28 de febrero, se acordó trabajar para mejorar la institucionalidad electoral, incluyendo el voto universal y equitativo; el registro electoral; el registro exacto de las preferencias del votante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad, financiamiento, libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento, entre otros.

El documento fue firmado entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Ortega, con vigencia de tres años, prorrogables, pero nunca se conocieron sus avances.

El pasado 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA aprobó con 20 de 34 votos una resolución sobre Nicaragua que reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al Gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento enfatizó la necesidad de modernizar el CSE, incluyendo que el Gobierno “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.

Al día siguiente, Almagro afirmó que la OEA esta vez tiene la “voluntad” de avanzar en este proceso que indica la nueva resolución. “Nuestra voluntad ha estado más allá, incluso de los documentos y de lo que hemos trabajado hasta ahora en el contexto de esos documentos firmados”, apuntó, tras advertir que esta debe ser cumplida porque de lo contrario estaría en duda la legitimidad de ese proceso electoral.

“La legitimidad del próximo Gobierno de Nicaragua está en juego y obviamente que esa necesidad es crucial (…) Daniel Ortega tendrá que demostrar cuán independiente es de las malas prácticas que induce Cuba, las malas prácticas que induce el régimen bolivariano (de Venezuela), de cómo afecta su independencia de criterio esas necesidades en términos financieros y políticos”, advirtió Almagro.

El mismo día, en una conferencia aparte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, afirmó que si el Gobierno de Ortega no cumple las demandas establecidas en la resolución aprobada, su país no reconocerá al Gobierno que surja del proceso electoral previsto para el próximo año.

“Si no acata la resolución de parte de los Estados Unidos es imposible que lo reconozcan como un presidente elegido democráticamente y si no es un presidente democrático no debe participar en muchas organizaciones democráticas. Y para el tema de cooperación bilateral con Estados Unidos no será un presidente democrático, es muy difícil tener muchas ventajas en el comercio que hoy en día favorecen al pueblo nicaragüense”, advirtió Trujillo.

La propuesta de reforma electoral que Ortega encargó a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, contradice las demandas para democratizar el proceso electoral, que está previsto para el primer domingo de noviembre de 2021.

 



Tu apoyo es imprescindible

Te invitamos a unirte a nuestra campaña de recaudación de fondos para reemplazar una computadora de edición audiovisual y dos cámaras de video, robadas por la Policía Nacional el 20 de mayo de 2021. Podés apoyarnos uniéndote a nuestro Programa de Membresía o haciendo una donación a través de PayPal, una plataforma segura para nuestros lectores. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo.

 


Más en Política

Share via
Send this to a friend