7 de junio 2020
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El Gobierno de Daniel Ortega echó a andar la maquinaria jurídica necesaria para sustituir algunas de las funciones administrativas de los sancionados Julio César Avilés, jefe del Ejército Nacional, e Iván Acosta, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de modo que puedan seguir al frente de sus carteras, aun viendo recortados sus poderes.
El pasado 22 mayo, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Avilés y Acosta, señalándolos de “apoyar al corrupto régimen” de Daniel Ortega, lo que los situó en una suerte de limbo civil, en el que ellos, sus esposas, e hijos dependientes de ellos, se ven imposibilitados de realizar transacciones con cualquier banco.
Por extensión, también pierden la facultad de ejecutar acciones financieras en nombre de las entidades que encabezan, lo que es nocivo en el caso del Ministerio de Hacienda, por cuanto su titular es también gobernador por Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que maneja los negocios del Ejército.
El 29 de mayo, el mandatario derogó el nombramiento de José Adrián Chavarría Montenegro como secretario de Administración Financiera del MHCP, con rango de viceministro, y lo elevó al rango de viceministro de esa misma cartera, básicamente, para asignarle la función de firma y representación legal, que ya no puede ejercer Acosta, el que también perdió el poder de representación de las acciones del Estado en Disnorte y Dissur.
Cuatro días después, el dos de junio, se hicieron cambios en el IPSM, para incorporar al jefe de la Dirección Logística, el de la Dirección de Finanzas, y al jefe de la Secretaría General, con la función de sustituir a cualquiera de los titulares militares del Instituto.
Adicionalmente, también se reafirmó que el ministro de Defensa, el de Hacienda, y el director del INSS, que forman parte de la directiva del IPSM, podrían ser sustituidos por suplentes nombrados por ellos mismos.
La misma respuesta
Al quitarles la facultad de firma, y traspasársela a otros funcionarios de ambas entidades, Ortega solo muestra su capacidad de apegarse al guion que ya siguió cuando Estados Unidos sancionó al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y al de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entre otros funcionarios.
“Estos son prestafirmas. Conociendo la prepotencia de Ortega, yo sabía que él iba a tratar de mantenerlos en sus cargos, y simplemente sustituir las firmas. Su problema son las firmas: el nombre no significa nada”, aseguró Róger Arteaga, ex director general de Ingresos.
“Esto es viveza de ratón. Quieren hacerle ver a los sancionadores que no les hacen daño y que pueden ir resolviendo. Que si sancionan a Hacienda, pueden sustituirlo con el BCN, pero después pueden sancionar al BCN”, lo que sería muy peligroso, recalcó.
Arteaga recuerda que ese esquema ya sucedió con la Policía Nacional, donde sancionaron al director, y ante la decisión de Ortega de sustituirlo, procedieron a sancionar a toda la institución.
“Esto puede provocar la ira de los organismos financieros internacionales y los países sancionadores”, que pueden responder con sanciones directas en contra del propio Ortega, o en contra de instituciones, y ya no solo de personas”, dijo Arteaga.
Para el analista en temas de seguridad y defensa, Roberto Orozco, “lo que el Ejecutivo está haciendo, es responder políticamente a la sanción, y decir ‘los sostengo en sus puestos por mis pistolas’. Lo que hizo fue sustituirlos como firmas libradoras, y quitarles la capacidad de tomar decisiones financieras, para mantenerlos en el cargo”.
Lo hacen así, “para que la sanción no tenga el efecto que se esperaba, sino que se queda solo como un estigma político”, añade Orozco.
Debieron destituirlos
Para Roberto Orozco, el general Avellán debió haber sido separado del cargo, o en su defecto, destituido. “Él está cumpliendo horas extras en el cargo. Debió haber sido separado cinco años atrás. Con una sanción como esa, un gobierno normal lo hubiera separado del cargo o licenciado con honores, y la indemnización que por ley (más que por mérito) le corresponde”.
Orozco insiste en el retiro del alto jefe militar, “por la carga moral que significa la omisión en la protección a los Derechos Humanos. A estas alturas, el Consejo Militar debió haber sido llamado para presentar una propuesta -de acuerdo a Ley- para sustituirlo”.
Arteaga ofrece la misma receta para Acosta. “Debieron destituirlo. Cualquier gobierno lo hubiera destituido, porque él es la cabeza de la parte financiera, económica del país. No rebaten las razones que se dan para sancionarlo, así que, con su silencio, aceptan los argumentos de Estados Unidos”, interpretó.
