Política

CSE mantiene en secreto adquisición de material electoral e impresión de boletas

A tres semanas de las votaciones no se sabe cuánto costaron las boletas electorales ni donde se están imprimiendo

El Consejo Supremo Electoral (CSE) entregó este lunes a los partidos políticos la muestra de la boleta electoral única que será utilizada en las votaciones generales del 7 de noviembre, pero a tres semanas de que los nicaragüenses acudan a las urnas poco o nada se sabe sobre el costo del material electoral que será utilizado, el proveedor que fue beneficiado y la forma en que el CSE está administrando los recursos del erario público destinados para tal fin.

La presidenta del tribunal electoral, magistrada Brenda Rocha, indicó que la muestra de las boletas debe ser usada para las “capacitaciones internas (de los partidos políticos) a sus miembros y fiscales”. Ahora, el CSE procederá a la impresión de las boletas, mientras que el resto del material electoral ya fue distribuido en los 15 departamentos y 2 regiones autónomas del país. Sin embargo, mantiene en secreto cuál es la empresa que imprimirá las boletas.

“Estos materiales auxiliares tienen que ver con los manuales de capacitación, los cuadernos de ejercicios, los brazaletes y paquetes de protección que contienen las mascarillas y alcohol a utilizar en cada una de las Juntas Receptoras de Votos”, dijo la magistrada Rocha a los medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

También el Ejército de Nicaragua informó que desplegará 15 000 efectivos militares para resguardar las votaciones, en las que Ortega pretende reelegirse para un cuarto mandato consecutivo y para conseguirlo ha eliminado la competencia política que representaba la oposición organizada tras las protestas masivas de 2018.

El jefe del Ejército, general Julio César Avilés, explicó que junto con la Policía Nacional se encargarán de brindar seguridad al proceso electoral “para que el pueblo pueda asistir a las votaciones en las mejores condiciones de seguridad posible” en 153 municipios del país.

“Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo de que debemos de saber identificar plenamente qué es lo que más nos conviene como nación: ¿la inseguridad?, ¿la alteración del orden público o la seguridad?, ¿la tranquilidad?, ¿la estabilidad y la paz?”, dijo Avilés.

Lo que no explicó la magistrada Rocha ni ningún funcionario público fue ¿Cuánto costaron esos materiales electorales? ¿Cuándo fueron adquiridos? ¿Qué empresa los fabricó? ¿Qué tipo de contratación se hizo?  ¿Por qué ese proveedor es el más idóneo?

Falta de transparencia y publicidad en presupuesto del CSE

Un especialista en contrataciones públicas consultado por CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, precisó que desde el año 2016 —que se realizaron las últimas elecciones generales— hasta octubre de 2021, el CSE no reflejó en su Plan Anual de Adquisiciones (PAC) las compras programadas para los procesos electorales, salvo en una ocasión. También ha ocultado los pliegos de bases para las licitaciones públicas, las adjudicaciones realizadas y los montos contratados.

Este ocultamiento de información, valora el especialista, viola “los principios de transparencia, publicidad, debido proceso, eficiencia y libre competencia”, establecidos en la ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Ya que la publicidad de las contrataciones públicas “es un mecanismo de rendición de cuentas del Estado” y también sirve “para dar a conocer (la oferta) a los potenciales proveedores”, subraya.

“A todas luces están violentando la libre competencia”, y esto “afecta la eficiencia en el manejo de los recursos”, advierte el especialista. Sin embargo, estima que todos estos problemas en las contrataciones del CSE “son adrede”, puesto que las elecciones se planifican con mucho tiempo de anticipación y existen tiempos establecidos en el calendario electoral.

El especialista valora que “probablemente lo que estén escondiendo en este mar de opacidad sean situaciones como: el pago de sobreprecios por el valor de las boletas o que el proveedor esté dentro del régimen de prohibiciones, es decir que no debería estar participando”.

Para la realización de las elecciones generales del 7 de noviembre fueron asignados al CSE 773.4 millones de córdobas del Presupuesto General de la República 2021, de los cuales 173 millones fueron clasificados como “servicio de impresión, reproducción, etc.”, por lo que el especialista en contrataciones intuye que podría tratarse de la partida para la impresión de las boletas y los padrones electorales. En las elecciones generales de 2016 el monto destinado para las elecciones fue de 931.5 millones de córdobas, 16.97% más de lo presupuestado este año.

Debido a que el monto para la impresión de las boletas electorales podría superar los tres millones de córdobas, los magistrados electorales “debieron convocar a una licitación pública”, según el artículo 27, de la Ley de Contrataciones.

Votaciones sin competencia política

Para las votaciones del 7 de noviembre están habilitados 4.4 millones de nicaragüense de una población total de 6.5 millones de habitantes. Quienes deben elegir presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, en la antesala de este proceso el régimen de Ortega y Murillo ha eliminado la competencia política.

Desde en mayo pasado han sido encarcelados 37 dirigentes opositores, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas; entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

En la boleta electoral difundida este lunes no estará ninguno de los siete precandidatos que el régimen mantiene como presos políticos ni tampoco habrá algún partido de oposición. Junto al FSLN, los nicaragüenses solamente verán a los cinco partidos políticos a quienes el orteguismo permitió inscribirse, tras la cancelación de las personerías jurídicas del Partido Conservador (PC), el Partido de Restauración Democrática (PRD), y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Organizaciones opositoras denuncian que la boleta con seis casillas intentará aparentar que hay una diversidad de opciones políticas, pero la trayectoria de estos cinco partidos, su mínimo caudal electoral  —y sus candidatos prácticamente desconocidos— confirma que no habrá competencia política.


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