28 de marzo 2016
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Lejos de seguir las recomendaciones que las misiones de observación electoral independientes han realizado durante las dos últimas elecciones nacionales, el tribunal electoral aún no da señales de la neutralidad y transparencia demandadas, y el rumbo no parece enderezar a las puertas de los próximos comicios de noviembre, para los que el derecho a esta observación sigue conculcado.
En las elecciones nacionales de 2011 —que permitieron la continuidad del comandante Daniel Ortega en el poder, tras una resolución judicial inconstitucional hecha a la medida— la observación electoral fue reducida a una figura de “acompañamiento” y restringida por un reglamento que el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió a menos de tres meses del día de la votación.
Este año, ambas limitaciones se repetirían, según el discurso oficial que continúa el menosprecio por este derecho y también debido a la falta de una convocatoria oficial a siete meses y medio de los comicios, que dificulta a las misiones internacionales poder prepararse para el proceso.
A pesar de esos obstáculos, en la elección nacional pasada, una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, una misión de estudio del Centro Carter de los Estados Unidos, e incluso una descalificada misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidieron en señalar las irregularidades del proceso, que la oposición denunció como fraudulento.
En un informe de 51 páginas, la Unión Europea concluyó que las elecciones de aquel año fueron “un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses” y advirtió “la escasa transparencia y neutralidad” de un CSE que calificó como “monocolor”, debido a su “escasa independencia del oficialismo” y la generación de “condiciones de competición desfavorables y obstrusivas para la oposición”.
El Centro Carter, en un documento de 26 páginas, consideró por su parte que aquella elección “imprimió un golpe negativo a la democracia nicaragüense”, e igualmente manifestó su preocupación por “la composición partidista del CSE y el dominio del FSLN dentro de la estructura técnica y administrativa del Poder Electoral”.
“Esas condiciones no han variado, más bien se han agravado”, asegura el abogado y miembro de la opositora Coalición Nacional por la Democracia, José Pallais, para quien “definitivamente existe una relación directa” entre el contenido de los citados informes de observación y la “resistencia” del gobierno a invitar y acreditar a estas delegaciones. “La lógica de este poder es no tener testigos de sus abusos”, sostiene Pallais.
En lugar de renovar, eligieron a más oficialistas
En estos cinco años, el comandante Ortega y su mayoría parlamentaria han tenido oportunidad para atender las recomendaciones de los observadores internacionales, sobre la estructura del Poder Electoral.
La destitución del magistrado Julio César Osuna, procesado por tramitar cédulas de identidad a narcotraficantes (2012); el postergado relevo de los magistrados con cargos vencidos, que permitió la reelección de la mayoría y la entrada de más oficialistas (2014); la muerte del magistrado José Marenco Cardenal (2015), y la renuncia de los magistrados Johnny Torres y José Luis Villavicencio, bajo el argumento de ceder espacios a más mujeres dentro del CSE (2016), fueron ocasiones concretas para renovar la estructura del tribunal, que el oficialismo limitó a un cambio de caras.
“Siendo un órgano de composición partidaria, la perdida de neutralidad ha venido del progresivo abandono de posiciones pluralistas de sus magistrados, escorados de manera cada vez más palpable al oficialismo”, señaló en el 2011 la Unión Europea.
El Centro Carter, además de advertir la composición partidista del CSE y el dominio del FSLN, también recordó en su informe que los magistrados a cargo de las elecciones del 2011 fueron “los mismos magistrados que presidieron las elecciones municipales de 2008, en la cual los partidos de oposición y organizaciones nacionales presentaron pruebas de fraude en beneficio del partido gobernante”.
Del 2011 a la fecha, la Asamblea Nacional ha electo a seis nuevos magistrados para el CSE: Lumberto Campbell (vicepresidente), de larga trayectoria dentro del gobernante Frente Sandinista y hombre de confianza para Ortega; Judith Silva (propietaria), exdirectora del Instituto para la Vivienda Urbana y Rural (Invur), y Virginia Molina Hurtado (suplente), ex vicesuperintendente de bancos, todos propuestos por el FSLN. Además, Miguel Meléndez Treminio (suplente), propuesto por el diputado Wilfredo Navarro, aliado del FSLN.
La lista la completan las recién electas magistradas Norma Moreno Silva, exembajadora de Nicaragua en Argentina y militante del FSLN, y Mayra Salinas Uriarte, expresidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), quienes en febrero pasado gozaron de la aprobación de la aplanadora oficialista y sus aliados.
“El principal problema electoral de Nicaragua es uno de arbitraje”, valora el director ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney. “Es como si en una pelea del Chocolatito (Román González, tricampeón mundial de boxeo), su papá fuera el réferi en el ring”, compara.
Para Courtney, la elección de las últimas dos magistradas bajo un argumento de equidad de género es positivo, pero no resuelve el problema real del CSE.
“Podrías tener un CSE con solo mujeres y seguir en las mismas (…) Para seguir con la metáfora, es como que al cambiar de réferi en la pelea del Chocolate cambiés al papá, para poner a la mamá”, critica.
El CSE, como en los últimos quince años, sigue presidido por el cuestionado Roberto Rivas Reyes, bajo rumores de que Campbell le sustituya en el puesto.
Advirtieron y criticaron “doble rasero”
Los obstáculos y el rechazo hacia la observación electoral independiente fueron claramente identificados por las misiones internacionales durante la elección nacional anterior.
La Unión Europea criticó en su informe la sustitución de la observación por la figura de “acompañamiento” y también las restricciones a las libertades de expresión y movimiento de “los acompañantes”.
Además, cuestionó el “doble rasero” del CSE para acreditar a los observadores.
“El CSE denegó de hecho, sin siquiera emitir una resolución expresa y razonada, las solicitudes de acreditación del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y de Hagamos Democracia, organizaciones de observación electoral de larga experiencia y dotadas de una red nacional que ya habían realizado y publicado evaluaciones de las fases iniciales del proceso electoral de 2011. Ética y Transparencia, crítica con el CSE como las dos anteriores, prefirió por su parte no presentar solicitud y, como aquellas, realizó su trabajo sin acreditación y sin acceso, por lo tanto, a Juntas Receptoras de Votos ni centros de cómputo”, relató el informe.
La UE agregó que “el CSE decidió, sin embargo, acreditar por unanimidad a dos organizaciones cercanas al oficialismo y básicamente acríticas con el proceso: el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA)”.
“El doble rasero utilizado con las organizaciones de observación electoral resalta de nuevo la falta de neutralidad del CSE y su escaso compromiso con la transparencia”, valoró la misión europea, integrada por 90 observadores que estuvieron en el país del 12 de octubre y al 27 de noviembre de 2011.
En las elecciones nacionales de aquel año, el Centro Carter no solicitó acreditarse como grupo observador, argumentando “inconsistencias entre el Reglamento para el Acompañamiento Electoral emitido por el CSE y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones que el Centro contribuyó a formular, y con cuyo cumplimiento está comprometido”. Sin embargo, su misión de estudio emitió un informe sobre las perspectivas de esas elecciones y su impacto a futuro.
El Centro Carter valoró que esas elecciones constituyeron “un punto de quiebre en el que se redistribuyó el poder político, se imprimió un golpe negativo a la democracia nicaragüense y se revelaron los límites de la Carta Democrática Interamericana y de la observación electoral”.
Basado en la labor de su misión de estudio y los informes de otros grupos, como la Unión Europea y los observadores nacionales de trayectoria, la institución estadounidense estimó también que “observadores fidedignos tanto nacionales como internacionales catalogaron una importante cantidad de irregularidades como graves y no pudieron verificar los resultados de la elección”. “Resulta particularmente revelador —agregó el Centro Carter— que muchos de los problemas surgiesen de las autoridades electorales, en lugar de haber sido remediados por ellas”.
La semana pasada, una misión de esa institución estadounidense se reunió en Nicaragua con diferentes partidos políticos, representantes del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y los magistrados electorales Rivas, Campbell y Moreno, sin que hubiera un cambio sobre el rechazo oficial hacia la observación.
Justamente, fue a unas 24 horas antes del encuentro que el presidente del CSE aseguró en un acto de homenaje a su padrino político, el cardenal Miguel Obando y Bravo, que aún no hay una posición sobre los observadores, pero expresó que los nicaragüenses disponen de un “ejército” de 590 mil fiscales de los partidos políticos participantes.
Sin embargo, también desde las elecciones nacionales pasadas, la Unión Europea advirtió que “la fiscalización efectiva del proceso por parte de la oposición fue entorpecida por el Consejo Supremo Electoral”.
“Al final —considera el abogado José Pallais— lo que el gobierno estaría demostrando (al negar nuevamente la observación electoral independiente) es su falta de transparencia electoral, su falta de interés por la democracia y su intención de un nuevo fraude”.
Reformas electorales tampoco vieron la luz
Las recomendaciones de los observadores internacionales en 2006 y 2011 incluyen varias reformas a la Ley Electoral, que tampoco han visto la luz.
Catorce organizaciones cívicas nicaragüenses integraron hace más de un lustro un Grupo Promotor de las Reformas Electorales que elaboró un conjunto de propuestas para un sistema electoral más transparente, equitativo e inclusivo. La reforma electoral del 2012 ignoró todas las sugerencias.
Sin embargo, entre los observadores internacionales también hubo consenso en que la ley electoral vigente era el menor de los problemas en las condiciones actuales del sistema electoral.
La Unión Europea resumió su posición indicando que el cumplimiento de algunas de las recomendaciones expuestas en su informe “más que de la adopción de reformas legislativas, que en cualquier caso siguen siendo necesarias, requerían de la existencia de un CSE comprometido con los principios de neutralidad, transparencia, independencia y sujeción a la ley”. El actuar del CSE sigue sin apuntar hacia esos objetivos.
Más presión, sin calendario electoral
*Desde marzo se agota el tiempo para cumplir con las actividades electorales. A esta fecha, en 2011 ya se habían inscrito las alianzas y partidos políticos
El CSE considera que aún está en tiempo para convocar a las elecciones, pero a menos de siete meses y medio de la votación —que debería realizarse el primer domingo de noviembre—y según los calendarios electorales de elecciones pasadas, el proceso luce retrasado.
La ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, aseguró a principios del mes a Confidencial, que en marzo la falta de convocatoria incrementa la presión para que las actividades electorales se desarrollen correctamente.
El CSE ha convocado y publicado el calendario correspondiente a los comicios nacionales anteriores en el último trimestre del año previo a las votaciones. El calendario para las elecciones de 2011 se publicó el 16 de noviembre de 2010.
Según la Ley Electoral vigente, el plazo específico más temprano en el proceso corresponde a la instalación de los Consejos Electorales Regionales y Departamentales (CER y CED), “al menos cinco meses antes del día de la votación” (arto. 16). Sin embargo, previamente los partidos deben enviar sus propuestas, se reciben observaciones y luego se realiza el nombramiento, todo con fechas específicas en el calendario, ubicando estas como mínimo a partir de la primera semana de mayo.
Esta no es la primera vez que el CSE posterga la convocatoria electoral. Para las elecciones municipales de 2012, cuyos tiempos de ley son más breves por tratarse de procesos locales, el tribunal electoral convocó el 26 de abril del mismo año.
Expectativa con la OEA
*¿Se atreverá Ortega a invitar al ¨enemigo¨ de su aliado Maduro?
En el 2011, la OEA envió a Nicaragua una misión de 50 observadores. Al menos 10 de ellos fueron bloqueados en su labor y el jefe de la misión Dante Caputo se marchó del país sin emitir la valoración preliminar del proceso.
El entonces secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza —afín a los gobiernos latinoamericanos respaldados por el ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez— reaccionó felicitando al gobierno de Ortega por el proceso.
Las pocas irregularidades y restricciones a su misión electoral, que días después fueron mencionadas ante el Consejo Permanente, fueron rechazadas en un “contra-informe” que el delegado de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, presentó a los países miembros. Todos, excepto Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, callaron sobre el proceso.
A principios de este año, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, respondió a una carta enviada por organismos de la sociedad civil y partidos de oposición nicaragüense, en la cual piden su observación para los próximos comicios.
Icaza expresó que “ha tomado nota de la situación que en materia electoral” sucede en Nicaragua por instrucciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un uruguayo que ha sido beligerante en exigir elecciones libres, competitivas y transparentes en el continente, aun con el choque diplomático que eso le causó con el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.
La oposición sostiene que por ser Nicaragua un país miembro de la OEA, firmante de la Carta Democrática Interamericana, la Organización cuenta con el mandato legal para enviar una misión de observación electoral. Sin embargo, da la virulencia de los ataques del gobierno de Maduro –protector económico de Ortega—contra la OEA, resulta poco probable que Ortega se atreva a invitar a observar las elecciones de Nicaragua al ¨enemigo¨ de su aliado
