Política

CSE impone campaña electoral “virtual” y mantiene estado policial

Poder electoral controlado por el orteguismo anuncia restricciones a partidos políticos en el contexto de la pandemia

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua anunció este lunes la prohibición de eventos presenciales masivos en la campaña electoral, que se desarrollará del 25 de septiembre y al 3 de noviembre próximo, debido a la pandemia de la covid-19.

El CSE ordenó a los siete partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos a la hora de intentar conquistar votos de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

El tribunal electoral resaltó que únicamente darán permiso a convocatorias de no más de 200 personas hasta por una hora y media, siempre que cumplan con las medidas que evitan el contagio de la covid-19, incluyendo señalización sanitaria.

La autoridad electoral recomendó a los partidos dar prioridad a los mecanismos de difusión virtuales, para dar a conocer de una manera segura su plan de Gobierno.

Prohíben caravanas en campaña electoral

El organismo rector también prohibió realizar caravanas en autobuses, motos, carros, coches, ni en ningún otro medio de transporte.

Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, agregó.

El CSE recomendó además que las personas de los grupos de riesgo, sospechosos o confirmados con la covid-19, embarazadas, niños y adolescentes, se abstengan de asistir a las actividades presenciales.

Los partidos y alianzas que participan en la carrera electoral son el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Partido Liberal Constitucionalista, Alianza Liberal Nicaragüense, Alianza por la República, Partido Liberal Independiente, Camino Cristiano Nicaragüense, así como el partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último con presencia únicamente en la región Caribe.

Estas son las primeras restricciones de su tipo establecidas en Nicaragua para enfrentar la covid-19, que según los datos oficiales ha mostrado un repunte en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud ha informado que Nicaragua acumula 12 828 contagios y 202 muertes por la covid-19 desde marzo de 2020, con 675 casos nuevos confirmados entre los días 8 y 14 pasados, la cifra más alta desde que se detectó el virus en el país en el lapso de siete días, conforme las cifras del Gobierno.

Las mismas contrastan con las de la red de médicos del Observatorio Ciudadano, que reporta 4809 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 26 252 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades

Mantiene estado policial

Uno de los puntos de los lineamientos establecidos para la campaña electoral refiere al control que ejercerá la Policía Nacional sobre la campaña electoral, en la que el principal brazo represor del régimen será la que aprobará cualquier actividad proselitista de los partidos opositores. Esto fue establecido en unas reformas electorales, en mayo pasado, aprobadas por la aplanadora de diputados del régimen, asignada por el CSE en las elecciones de 2016.

“Las autoridades de seguridad ciudadana según mandato presidencial, harán cumplir como corresponde las medidas de protección y promoción de salud, vida, tranquilidad, convivencia y paz, en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, cita el comunicado del CSE.

Este lunes 20 de septiembre organizaciones de excarcelados y familiares de presos políticos convocaron a un “paro electoral” para el próximo 7 de noviembre. “Llamamos a la población nicaragüense a que este 7 de noviembre nos sumemos al paro electoral, nadie salga a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Todos desde nuestras casas podemos denunciar que este proceso es fraudulento y su resultado es ilegítimo”, indica la misiva divulgada por las organizaciones.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua; la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua; el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos; y la Organización de Víctimas de Abril son las agrupaciones que suscribieron el llamado.


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