26 de septiembre 2019
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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua pidió a la Asamblea Nacional destituir al magistrado Rafael Solís, uno de los jueces que declaró en 2009 “inaplicable” un artículo de la Constitución que impedía la reelección y con el que se allanó el camino para que el presidente Daniel Ortega participara en los comicios de 2011 y luego en 2016.
Solís, padrino de bodas de Ortega y de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial cuando renunció a su cargo en enero pasado por discrepancias con el mandatario por la forma de responder a las protestas callejeras que estallaron en abril de 2018 y que han dejado ciento de muertos y decenas de miles en el exilio.
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En una carta pública “de renuncia y denuncia” dirigida a Ortega y Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fechada el 8 de enero, Solís renunció a su cargo, criticó duramente a los dignatarios y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en el país si no ocurre “un milagro”.
También renunció a su militancia en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que perteneció 43 años, y a todos sus cargos políticos.
Silencio en Parlamento
Desde entonces, el Parlamento, controlado por el oficialismo, no ha discutido la renuncia de Solís, que se encuentra en el exilio en Costa Rica, por lo que su dimisión no es considerada como oficial.
No obstante, la Corte Suprema, en una carta de solicitud enviada esta semana, pidió al Parlamento destituir al magistrado por “prolongada ausencia laboral”.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, también controlada por los sandinistas, decidirá si la incluye en la agenda de la próxima sesión plenaria prevista la semana entrante.
Diferencias con pareja dictatorial
Solís se distanció de Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018. El exjuez acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis, sino más bien con el afán de imponer un “Estado de terror” con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.
También que bajo el Gobierno de Ortega y Murillo “no existe derecho alguno que se respete” y que se está consolidando en el país “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión”.
Además, sostuvo que “no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa”, a como denuncia el Ejecutivo, “sino un uso irracional de la fuerza” por parte del Estado.
