11 de diciembre 2018
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El Congreso de los Estados Unidos aprobó este 11 de diciembre la Ley Nica Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con la aprobación en la Cámara Baja, la iniciativa de ley bipartidista, aprobada por unanimidad por demócratas y republicanos, concluye su recorrido por la tubería del legislativo norteamericano, y llegará al escritorio de Donald Trump para que la firme o la vete en un plazo de diez días hábiles.
La nueva ley es una fusión de la NicaAct propuesta e impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del Senador republicano Ted Cruz y otra del demócrata Bob Menendez. Además, el proyecto de ley que llega a las manos de Trump incluye una enmienda de Marco Rubio dirigida contra los cómplices y allegados del régimen. La ley aprobada también es es conocida como "Magnitsky Nica" y de forma oficial se llama Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233.
La normativa impone tanto sanciones individuales para funcionarios del régimen como el condicionamiento de préstamos al régimen de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La aplicación de la ley traería severas consecuencias para financiar el programa de inversión pública del gobierno y afectará a la economía nacional, mientras sus promotores pretenden presionar al Gobierno a cesar la represión y negociar reformas políticas y elecciones anticipadas.
“Agradezco a mis colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la Ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega”, expresó Ros-Lehtinen, la promotora de la ley original. “Estoy especialmente agradecida a Bob, Ted, Marco, Patrick, Eliot y Albio que se unieron conmigo en este esfuerzo desde el principio, ya que fuimos testigos del aumento de la corrupción y la represión en Ortega durante muchos años”.
Según la congresista republicana, con la aprobación final de la ley enmendada, el Congreso dio un salto adelante “para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos”. “En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”, dijo Ros-Lehtinen.
El texto aprobado establece que el “Secretario del Tesoro instruye al director ejecutivo de los Estados Unidos en cada institución financiera internacional del Grupo del Banco Mundial para que emplee la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión por parte de la Corporación Financiera Internacional de cualquier préstamo o préstamo financiero o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua”.
En su preámbulo, la ley S. 3233 menciona que la mejor salida para la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua es el diálogo entre los sectores opositores y el gobierno, mediado siempre por los obispos de la iglesia católica.
La ley condiciona la solución del conflicto al adelanto de elecciones con observación electoral creíble. El cese de la represión policial y paramilitar, la investigación de los asesinatos cometidos desde abril, cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega-Murillo.
Sin embargo, señala que todo eso no ha sido posible, y por eso se ha promulgado esta ley, debido a que el gobierno Ortega Murillo “no ha podido participar de manera creíble en el proceso”.
180 días para informe sobre funcionarios del régimen
La nueva ley establece que el presidente de Estados Unidos puede sancionar a cualquier funcionario o exfuncionario del gobierno Ortega-Murillo tras determinar si es “responsable o cómplice o ser responsable de ordenar, controlar o, de lo contrario, organizar, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente” en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
Las sanciones incluyen bloqueo de activos que “estén en los Estados Unidos, entran en los Estados Unidos o están dentro de la posesión o el control de una persona de los Estados Unidos”. Además, establece la cancelación de visas, medidas que Washington ya ha venido ejerciendo sobre Managua a través de otros mecanismos legales.
La ley conmina a que en un plazo de 180 días posterior a la aprobación de esta ley, el Secretario de Estado, actuando a través del Subsecretario de Estado de Inteligencia e Investigación, y en coordinación con el Secretario de Hacienda y el Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, presentará a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero; y personas que transfieren, o facilitan la transferencia de, bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que “son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
La NicaAct también mandata al Secretario de Estado presentar, 180 después de aprobada, informes a los comités legislativos para ver si está surtiendo efecto. Luego ese proceso de revisión se hará de forma anual.
Sin embargo, la ley todavía le deja abierta una puerta semi abierta al gobierno Ortega-Murillo: “Si el Secretario certifica a los comités del Congreso correspondientes bajo que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas, el Presidente puede renunciar a la aplicación de las restricciones y las sanciones de la por un Período de no más de un año a partir de la fecha de la certificación”.
