Política

Como jefe de la Policía, “el candidato Ortega será juez y parte en las elecciones”

Constitucionalista Gabriel Álvarez advierte: Ortega no puede seguir siendo jefe directo de la Policía, o estaría inhibido como candidato presidencial

La iniciativa de reformas electorales presentada por la bancada del Frente Sandinista este lunes 12 de abril ubica al presidente y candidato a reelección Daniel Ortega, también Jefe Supremo de la Policía Nacional, “como juez y parte” para decidir sobre los derechos de los partidos políticos que participen en las elecciones del 7 de noviembre, considera el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.

El miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), explicó en el programa Esta Noche que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, que la propuesta de ley le quita al Consejo Supremo Electoral la potestad para brindar los permisos para manifestaciones en campaña electoral y se los pasa a la Policía Nacional. 

“Lo más grave es que convierte al eventual candidato, Daniel Ortega Saavedra, en juez y parte de las elecciones. Él no puede ser el jefe directo de la Policía Nacional, esta situación es una causal incluso para inhibir a Ortega de participar como candidato en los comicios”, indicó Álvarez.

El GPRE es una entidad que agrupa a especialistas que en 2020 elaboraron un documento de propuesta de reformas electorales que contó con el consenso de las principales fuerzas políticas opositoras del país y que incluso fue acogida en la Resolución de octubre de 2020 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La propuesta de reforma electoral que reúne el documento de consenso nacional y que ha sido endosada por la totalidad de las fuerzas políticas, proponía recuperar la confianza en el voto y en el Consejo Supremo Electoral. ¿Este proyecto de reforma del Frente Sandinista, responde esta demanda?

Esencialmente, no. En términos generales, esta propuesta de reformas no viene a darle un mensaje a los nicaragüenses de que haya una voluntad política para recobrar la confianza en el sistema electoral y en el proceso electoral de noviembre

Unas de las críticas medulares es la partidización del sistema electoral. Con este proyecto de ley, ¿esto se debilita, se mantiene o se fortalece?

Se introduce una disposición que prohíbe que los candidatos a integrar el Consejo Supremo Electoral, sean miembros de los órganos de dirección partidarios, tanto a nivel nacional, como departamental e incluso municipal.  Se podría suponer que hay una mejora en el tema de la despartidización. Pero hay dos anotaciones; una, que el resto de la estructura electoral como los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y la JRV se integran como estaba antes, o sea, de manera bipartita y excluyente.  Eso resulta en un gran desbalance a favor del FSLN y por ahora, del PLC. Lo otro, es que esta iniciativa de ley no garantiza, a menos que haya un proceso amplio de discusión y selección de personas idóneas, que aunque no seas una persona que pertenezca a la estructuras de dirección partidaria, no estés sometido a los mandatos del señor Ortega y la señora Murillo.

La reforma no dice nada sobre el estado policial en que vivimos, sin libertad de movilización y reunión. Uno podría suponer que estos impedimentos se van a mantener…

Sin lugar a dudas.  Sin embargo, quisiera vincularlo a un tema que es muy grave. La propuesta de ley le quita al Consejo Supremo Electoral la potestad para brindar los permisos para manifestaciones en campaña electoral y se los pasa a la Policía Nacional.  Se podría pensar que esto está acentuando el Estado policial.  Pero lo más grave es que convierte al eventual candidato, Daniel Ortega Saavedra, en juez y parte de las elecciones. Yo creo que lo inhibiría legítimamente de participar en la próxima contienda electoral. Él no puede ser el jefe directo de la Policía Nacional, un órgano que según esta iniciativa de ley, se convierte en un órgano con atribuciones electorales. Esto dinamita la legitimidad del proceso electoral. No habría más que, o no se aprueba esa disposición, o Daniel Ortega no se podría inscribir como candidato, porque sería muy grave que Daniel Ortega sea el juez y parte en el ejercicio de los partidos políticos de hacer campaña electoral.  Eso es gravísimo.

El proyecto de ley subordina a la Ley Electoral a leyes inhibitorias que se aprobaron el año pasado. ¿Esta ley está restringiendo las oportunidades de competencia política?

Es una amenaza. Es una espada de Damocles que está a pocas pulgadas de las cabezas de los eventuales candidatos.  Más que subordinar, esta ley reenvía hacia esas disposiciones jurídicas en materias inhibitorias. No tienen un gran impacto jurídico, porque esas leyes ya existen. El Consejo Supremo Electoral no es el órgano competente para declarar, por ejemplo, a alguien como agente extranjero, traidor o terrorista. Si se respetará el debido proceso, yo no veo como el Consejo Supremo Electoral pueda aplicar eso. Me parece más bien que es algo de carácter intimidatorio, desesperanzador, para enviar un mensaje que propicie la abstención o la dispersión de las fuerzas de la oposición.

Hay algún aspecto técnico, dentro de este proyecto de ley, que podría generar algún contrapeso…

Yo creo que no es despreciable un aspecto en cuanto al padrón electoral.  En mi interpretación de la iniciativa, se vuelve a la situación de un padrón único. Además, se abre la posibilidad de la utilización de la tecnología, que permitiría a los ciudadanos, con herramientas digitales, ubicar su centro de votación o su Junta Receptora de Votos.  

En el tema de las impugnaciones, no se avanza mucho a la hora de regular los recursos de impugnación propiamente dicho, de apelación y revisión. Hay un intento de aclarar y ordenar por medio de aplicaciones digitales, para agilizar el proceso de acreditación de fiscales o ternas para integrar los organismos electorales. Son elementos positivos, pero francamente se quedan muy cortos ante las amenazas que se introducen. 

Tengo que señalar que se violenta el principio de participación en igualdad de condiciones con los centros de votación. Supongo que pretenden regularizar su situación, pero lo hacen sin ningún criterio, ni siquiera bipartita, sin seguir la lógica del Pacto (libero-sandinista). Sólo dice que el Consejo Electoral los va a nombrar. Si la mayoría de un Consejo Electoral es de un partido político, pues sería automático que todos los coordinadores de ese centro de votación van a ser de ese partido político

Algunos partidos políticos y precandidatos presidenciales han dicho que la observación nacional e internacional es clave para dar garantías a los partidos y a los votantes. ¿Qué se puede concluir en esta iniciativa?

Los señores Ortega y Murillo no entran en la dinámica de favorecer las condiciones que propicien un buen proceso electoral. No hay observación electoral. Lo que hay es un acompañamiento, que se hacía de facto y contra disposición expresa de la ley. Ahora al menos va a tener un fundamento legal.  Yo creo que esto es superable, es evadible, porque la misma OEA, en sus instrumentos vigente en sus relaciones con el gobierno, considerará acompañamiento con el mismo sentido y significado que se le otorga según los estándares internacionales de la observación electoral.  En todo caso, si es evidente que la voluntad del gobierno es no fortalecer la observación electoral.

La eliminación del requisito del cuatro por ciento de los votos para obtener reembolso de fondos del Consejo Supremo Electoral, ¿es un incentivo para la disgregación o participación de otras fuerzas políticas?

El tema financiero para la participación de más partidos políticos en campaña electoral también se debilita. Veo una contradicción, porque se mantiene la causal de pérdida de la personería jurídica si no obtienes al menos el cuatro por ciento de los votos válidos, pero a la vez la elimina para recibir el financiamiento estatal.

¿Es un incentivo al zancudismo?

Es un incentivo al colaboracionismo. No está dirigido para mejorar el financiamiento a los partidos políticos. Más bien se eliminó cualquier posibilidad de financiamiento del exterior. Incluso las contribuciones de colectas, por supuesto de fondos privados, para capacitación. Más bien ahora se penaliza.  Lo más grave es que las colectas populares quedan eliminadas como mecanismo de financiación de los partidos. Lo que se busca claramente es alimentar el colaboracionismo o el zancudismo como dicen los nicaragüenses

La promoción de la paridad de género en las estructuras electorales. El gobierno lo justifica como la continuidad de su política nacional, pero en realidad ¿a quién beneficia, a quién perjudica?

En términos generales es muy difícil oponerse a una política pública que busca la equidad de género. Sin embargo, en mi manera de ver las cosas, lo que en realidad busca es obstaculizar la capacidad de los partidos políticos opositores de integrar las mesas electorales.  Cuando entran a exigir que los fiscales de los partidos también respondan a un principio de equidad de género, es una invasión desproporcionada, injustificada y casi diría inconstitucional, por irracional. Al menos, debería darse una vacatio legis que no exigiera a los partidos políticos cumplir con esta disposición para noviembre, sino que se le dé oportunidad a los partidos políticos que se preparen, que impulsen sus propias políticas internas de captación de nuevos miembros.

En una Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista ¿Qué alternativa tienen las fuerzas opositoras, primero para incidir en la composición del Consejo Supremo Electoral y segundo para modificar esta ley? ¿Tienen elementos de presión política para hacerlo?

Yo creo que sí tienen elementos de presión política y jurídica. Me sorprende las reacciones que hay con esta ley, porque parece que había altas expectativas sobre el espíritu democrático de la misma. Yo no las tenía francamente.  Esto es parte del guion que ponen los señores Ortega Murillo. Depende de la presión que pueda haber tanto nacional como internacional, la capacidad de reacción de la oposición, de la racionalidad de las contrapropuestas, de la convocatoria de los ciudadanos para enfrentar esta iniciativa de ley. Yo creo que una primera apuesta de Ortega, pero no es lo que definitivamente está dicho.  La oposición tanto dentro del parlamento como fuera, deben preparar desde ya las mociones y elaborar contrapropuestas para todas y cada una de las disposiciones que producen ventajismo del partido de gobierno.  Y si al final la Asamblea Nacional por órdenes de Ortega aprueba esta ley con violaciones constitucionales, pues hay que recurrir por inconstitucionalidad, y por último, llevarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La oposición debe apartar sus diferencias y hacer un planteamiento unitario que enfrente política y jurídicamente esta ley.

Cómo ves las expectativas de que el gobierno retomaría las demandas de la OEA, que no tenían gran diferencia del consenso nacional que había sobre las reformas…

Hay una desvinculación de los análisis políticos jurídicos del régimen con lo que parece la comunidad internacional está interpretando de la realidad nicaragüense.  Hay dos o tres disposiciones parciales y puntuales que podrían calificarse entre las categorías que estaban tanto en el Memorándum de Entendimiento de la OEA o en algunos de los puntos que la OEA aprobó en la Resolución de octubre del año pasado. Sin embargo, esto no es suficiente para construir un proceso electoral homologable con los estándares internacionales.

Podría decir alguien en la OEA que es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente, o no es un paso en la dirección correcta.

Como un firme defensor de la vía electoral, yo quisiera ubicarlo como el inicio del proceso de formación de la ley.  La oposición también tiene la responsabilidad de introducir contrapropuestas, mociones, de hacer una campaña de educación pública y política, masiva e internacional para hacerle ver a Ortega que pagará altísimos costos políticos, si no va más allá de esta iniciativa de ley.  No me quiero casar con un planteamiento categórico de que esta iniciativa es la expresión de que no va a haber un buen proceso electoral, ni tampoco voy a decir que esta iniciativa es suficiente para ir un proceso electoral.  Si Ortega decide que con esta iniciativa vamos a ir a las elecciones de noviembre, yo me atrevo a decir que no va a ser la solución a la crisis que actualmente padecemos.


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