Cindy Regidor
2 de agosto 2019
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Las reformas electorales que Daniel Ortega ofreció realizar de forma unilateral no resolverían la crisis política que vive Nicaragua, considera el politólogo e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.
En entrevista brindada al programa Esta Noche, Orozco explicó que una reforma electoral superficial o cosmética no respondería a la demanda de garantizar un proceso electoral, justo y competitivo para todos los sectores del país.
El adelanto de elecciones es, además, esencial para el retorno de la democracia y para terminar con el Estado represivo impuesto por el régimen Ortega Murillo, afirma el investigador.
Para Orozco, las gestiones de la comisión que debe conformarse en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) serían la última oportunidad para que el régimen Ortega Murillo muestre voluntad para resolver la crisis política antes de que llegue la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Hace un mes que se produjo la resolución de la Asamblea de la OEA en donde se mandaba a conformar una comisión de alto nivel para ver el tema de la crisis en Nicaragua, sin embargo, ni siquiera se ha citado al Consejo Permanente para conformar esta Comisión. ¿Está el tema de Nicaragua, y de la crisis, fuera de las prioridades de la región?
No, no está fuera de las prioridades. Es un problema, en este momento, relativamente logístico. Para que Grenada convoque, tiene que establecer todo un mecanismo logístico de reuniones, que incluye dedicarle tiempo, y en este momento es una temporada de vacaciones en Washington y hay dificultades dentro de los países miembros de participar directamente.
También hay un tema logístico en relación con la capacidad de los funcionarios de Grenada, de manejar todo el proceso de convocación.
En términos políticos sí, Nicaragua es una prioridad, dentro de los países miembros está a la par de la situación venezolana y, realmente, tienen esto como un tema importante que abordar, prácticamente en relación con el mandato que le dieron al Consejo Permanente.
¿Qué se podría esperar de la Comisión, si la nombran? El plazo de los 75 días implica una negociación que Ortega, de entrada, ha rechazado.
El mandato es claro, la resolución de la OEA lo que sugiere es que esta Comisión aborde dos responsabilidades: una es que trabaje en función de realizar sus gestiones diplomáticas para resolver el conflicto de acuerdo a un proceso pacífico; dos, es que realice un informe que describa prácticamente cuál es la situación del país en función de tres temas claves: uno es la negociación, reformas electorales y la situación de derechos humanos y derechos constitucionales del país, incluyendo la libertad de expresión.
Esta Comisión va a realizar, dentro de su gestión diplomática, reuniones con el Gobierno de Nicaragua, con la oposición nicaragüense, para determinar cuál es el nivel de compromiso que existe entre las partes sobre una solución negociada a la crisis.
Entonces, le guste o no le guste a Nicaragua, oficialmente ellos tienen que entender que estas gestiones que se realizan son la última etapa, la última oportunidad para Nicaragua de tratar de acatar el cumplimiento de la Carta Democrática, de la que Nicaragua es miembro y parte, en función del conflicto político. Si ellos fueran a fallar en eso, el informe reflejaría que las gestiones diplomáticas de parte de esta Comisión fracasan, porque el Gobierno de Nicaragua tendrá sus razones que argüir, entonces ahí podría entrar al artículo 21 de la Carta Democrática, que sería suspender al país.
¿Quiere decir, entonces, que el artículo de la aplicación de la Carta Democrática es una posibilidad?
Correcto. Es decir, la gestión diplomática tiene como función tratar de establecer un rol de intermediación de parte de la OEA, a través de esta Comisión, para identificar estrategias y oportunidades dentro del seno del contexto político nicaragüense. Es decir, que tanto Nicaragua como Gobierno, y la oposición, se sienten, eso, obviamente depende de la voluntad política del Gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno de Daniel Ortega va a decir que aquí hay una amenaza, una injerencia extranjera, un intento de golpe, etc., sin embargo, hay todo un precedente institucional, de parte de OEA, que dice que Nicaragua, como Gobierno, ha incumplido con la Carta Democrática, ha incumplido con el orden constitucional.
Entonces, realmente la responsabilidad recae sobre el Gobierno de Nicaragua, de responder frente a esa situación en un espacio que se le está ofreciendo a través de la gestión diplomática de la Comisión.
Realmente la suspensión no es una opción que ningún Estado miembro quiere tener en este momento, porque realmente, por un lado, refleja el estado frágil en que se encuentran muchos países en América Latina, ya Venezuela fue suspendido, suspender a Nicaragua sería verdaderamente un golpe grande al sistema democrático latinoamericano, por lo tanto, hay un compromiso de la OEA de tomar el caso de Nicaragua de una forma seria para resolver este conflicto. Si Nicaragua falla, la opción existe.
Senadores estadounidenses y también la organización Human Rights Watch han pedido que Daniel Ortega sea sancionado. ¿Qué implicaciones acarrearía una decisión de este tipo?
Bueno, las sanciones van a seguir, como forma de presión. Un presidente no puede ser sancionado. Hasta ahora, en la historia reciente, los presidentes no han sido sancionados, no han sido sujeto de sanción; sin embargo, yo creo que sí hay presiones de introducir sanciones a sectores clave dentro el círculo de poder que tengan que ver con las decisiones que tome Daniel Ortega en el futuro cercano.
Aparte de eso, una sanción al presidente puede surgir más en la forma de un…, una gestión de parte de Estados Unidos, a nivel del Nica Act, de demostrar que el incumplimiento y la continuidad de la represión en Nicaragua es responsabilidad exclusiva del dictador. Eso sí tendrá implicaciones muy fuertes porque no solamente será Estados Unidos el que alzará ese punto, sino que también habrán otros países que lo harán, como Canadá, e incluso, como Costa Rica, y eso es una realidad bastante factible.
¿Puede Nicaragua salir de la crisis política con el ofrecimiento que ha hecho Daniel Ortega de hacer reformas electorales de forma unilateral?
Yo creo que es muy difícil que se resuelva eso de forma unilateral, porque el presidente tiene una visión bastante monolítica del cambio político. Para él, el cambio político significa dejar que hagan elecciones de acuerdo a cómo el cree que el país debe estar, esto significa que, desde su perspectiva, el país está bien, hay un intento de golpe y él está defendiendo su derecho constitucional.
Nicaragua es un país que está gobernado por monopolio de la fuerza y por un sistema institucional donde el presidente controla el 80% de las instituciones políticas, entonces la presencia de la democracia es prácticamente una fachada. Entonces, en ese sentido, el que (él) introduzca una propuesta unilateral es incompleto para que responda a las demandas de reforma que está proponiendo la Alianza Cívica en particular, por lo tanto, yo creo que es poco probable que la oposición acate esas reformas o pseudopropuesta de reforma, cuando realmente no captan el sentir de la población. De hecho, 70% de los nicaragüenses quiere que el país entre en un proceso de reformas electorales que incluyan cambios dentro del Consejo Supremo Electoral.
Y del otro lado, ¿tiene la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco una propuesta de reformas electorales?
Correcto. La oposición, la resistencia política, en función de estos dos grupos, tiene una serie de puntos, de reformas electorales que son fundamentales para restaurar el orden democrático. Es decir, hay limitantes en este momento, dentro de la Ley Electoral, que inhiben, por ejemplo, la participación política de diferentes actores que quieren ser candidatos a través de un nuevo partido político.
El sistema electoral nicaragüense es, por naturaleza, antidemocrático. Entonces, eso no te permite garantizar la participación política de la población; tiene problemas en su sistema de registro nacional, del padrón electoral; tiene problemas en términos del proceso de verificación de votos; las Juntas Receptoras de Votos son muy viciadas políticamente y; además, no existe por ley la observación electoral, más bien es una discreción del presidente, decidir si permite o no la participación de observadores internacionales independientes.
Entonces, el sistema electoral nicaragüense está viciado, responde a un cálculo político que el Frente Sandinista hizo y por eso incluso lo elevó constitucionalmente. También está un Consejo Supremo Electoral en donde más del 70% de los miembros son sandinistas, y ellos votarían prácticamente para legitimar un fraude, si habría que hacerlo. Entonces, no hay realmente un espacio de transparencia en el proceso electoral, justa y competitiva. Por lo tanto, la propuesta de la Alianza Cívica es tratar de hacer esto, un espacio competitivo para todos los sectores.
¿Es, adelantar las elecciones, una solución a la crisis?
El adelanto de elecciones es importante en la medida que aborda uno de los temas más importantes del país, que es la ausencia de la democracia en Nicaragua, y esa ausencia de democracia se mide en términos del Estado represivo. El presidente está gobernando en este momento por la vía de la fuerza: de la fuerza militar policial, de la fuerza, de la fuerza violenta; hace uso del Estado legal, de la ley, para legitimar la represión. De hecho, la ley contra el terrorismo, básicamente lo que hace es criminalizar la protesta.
El adelanto de elecciones es esencial para resolver un problema de democracia. Y el presidente lo tiene claro, él sabe muy bien que su sistema de control político no es democrático; él puede llenar plazas y decir que aquí el país está respondiendo a lo que el pueblo quiere, pero la realidad es que la gente que va a esos, va presionada, y los que no van se quedan en sus casas esperando la oportunidad de tener un cambio político democrático para el país.
¿Y qué opciones tiene en este momento el Gobierno de Ortega? ¿realmente pueden llegar hasta el 2021?
Yo creo que es muy difícil para Daniel Ortega mantenerse en el poder por la vía de la fuerza en los próximos 27 meses, porque hay un desgaste económico muy fuerte, el déficit fiscal del país es bastante sustantivo, el Gobierno no puede cubrir el 50% de su gasto en este momento, y es muy difícil que va a poder cubrirlo en los próximos 12 meses, mucho menos que lo va a mantener cubierto por 24 meses.
Dentro de ese espacio que tiene, el uso de la fuerza se le hace insuficiente porque la protesta social es inevitable. Aún con represión, la gente está perdiendo el miedo; y, si bien es cierto que hay una base con la que cuenta Daniel Ortega, que es básicamente una base que está dispuesta a matar; también hay una protesta social muy grande que quiere evitar estas situaciones.
¿Qué sucederá con los nicaragüenses que han emigrado a Estados Unidos en búsqueda de refugio, en vista del endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Trump?
En el caso de los nicaragüenses que han intentado irse a Estados Unidos la situación está complicada. Porque, bueno, ahorita los nicaragüenses tienen un gran problema, para los que están en Costa Rica, están pasando por una paradoja, no hay oportunidades de empleo, pero hay algún tipo de status; hacia Estados Unidos hay oportunidades de empleo, pero, no los están dejando entrar.
Este acuerdo, que hizo Trump con Guatemala, tiene severas implicaciones para Guatemala y El Salvador, pero también para cualquier otro nacional que trate de cruzar la frontera de Guatemala hacia Estados Unidos.
Entonces, las consecuencias son devastadoras, porque estamos hablando, el año pasado, por lo menos unos tres mil nicaragüenses intentaron entrar y es realmente un problema, porque muchas de las personas vienen huyendo de la represión que existe en el país, y hay casos de personas que han vuelto, y que han sido acosadas por la Policía; hay casos de gente que vuelve y no hay ninguna oportunidad. Entonces, en el corto plazo, esto es un problema muy grande.
¿Quiere decir que los nicaragüenses que busquen llegar a Estados Unidos se quedarían varados en Guatemala, como “tercer país seguro”?
Si esto llega a ocurrir, esa sería una de las opciones. Sí.
