13 de junio 2017
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Los campesinos que se verían afectados por la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua comenzaron desde la mañana de este martes a moverse desde sus comunidades en Nueva Guinea, Río San Juan y zonas aledañas hacia la comunidad El Dorado, jurisdicción de San Miguelito, donde está prevista la marcha 89 para exigir la derogación de la Ley 840, que consideran pone en peligro sus propiedades y lesiona la soberanía nacional.
Son 3km de camino con quebradas, lodo y charcos. @confidencial_ni pic.twitter.com/8HWDmkVxyx
— Vladimir Vásquez (@vasquezvladimir) 13 de junio de 2017
A pie, a bordo de los tradicionales camiones en los que transportan productos agrícolas o ganado y algunos en moto o a caballo, cientos de campesinos se movilizan desde diferentes puntos para la protesta, convocada para las diez de la mañana, aunque las distancias y el mal estado de los caminos ha provocado que muchos aún se estén movilizando a la comunidad.
Así va la marcha hacia la comunidad El Dorado 3. Salieron de ÉL Dorado 2. @confidencial_ni pic.twitter.com/cpTUXPO7Ol
— Vladimir Vásquez (@vasquezvladimir) 13 de junio de 2017
La líder campesina Francisca Ramírez camina junto a la abogada del movimiento, Mónica López Baltodano, quien en la víspera de la jornada declaró a Confidencial que este 13 de junio es “el día de la perversidad”, y todos aquellos que aprobaron la concesión canalera “pasarán a la historia como vendepatrias. Ese será su legado”.
Va gente a caballo, a pie, en camionetas. Campesinos con machetes y mujeres con niños. Mucha gente se sumó a la caminata. @confidencial_ni
— Vladimir Vásquez (@vasquezvladimir) 13 de junio de 2017
Campesinos de Nueva Guinea antes de cruzar un río en su camino a la comunidad de El Dorado 3, donde realizarán la protesta 89 contra la concesión del canal. Foto | Vladimir Vásquez
Los campesinos sostienen que no descansarán hasta no ver derogada concesión canalera. Una demanda que mantienen a pesar de la represión oficial que intenta bloquear sus movilizaciones.
“He insistido que la cúpula de los Ortega Murillo pone en riesgo la paz social en Nicaragua”, sentencia López.
Las marchas se han mantenido durante los últimos cuatro años, desde junio del 2013, cuando en la Asamblea Nacional se aprobó, con mayoría sandinista, la Ley 840 que daba a Wang Jing la potestad de expropiar las tierras de los campesinos.
Marcha en Punta Gorda
El pasado 10 de junio, los campesinos organizaron la marcha 88 en Punta Gorda, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
"No vendemos ni regalamos nuestras tierras", fue la consigna más repetida durante la manifestación.
Según la agencia EFE, la marcha ocurrió en medio de un desplome de los precios de los alimentos que producen los campesinos del sureste de Nicaragua como la leche, el quequisque y el plátano, advirtieron los agricultores.
La situación aumentó la inconformidad de los productores con el Gobierno de Daniel Ortega, cuya administración impulsa el proyecto canalero.
"Solo lo que nosotros producimos baja de precio, no descartamos que sea una estrategia del Gobierno para golpearnos", dijo el campesino y productor Abel Marenco, quien se opone al proyecto del canal.
Sin embargo, el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, ha sostenido desde el año pasado que los precios de los alimentos se mantienen estables.
El canal, según su diseño más reciente, consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El mismo entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, que iniciarián en el primer semestre de 2017, tras sucesivos atrasos por diversos motivos.
Daniel Ortega con el empresario chino Wang Jing sostienen los documentos firmados que comprende la concesión del proyecto del "Gran Canal Interoceánico de Nicaragua", en un acto oficial, el 14 de junio de 2013, en Managua. AFP/INTI OCON
El costo del proyecto está calculado en unos 50,000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group, concesionaria del canal.
El gobierno de Nicaragua asegura que en su construcción habrá unas 50,000 plazas de empleo y se duplicará el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Pero cuatro años después de aprobada la Ley, no hay ni rastro de la construcción del proyecto.
El empresario chino por su parte está desaparecido desde diciembre de 2014, cuando puso la primera piedra como celebración del inicio de las obras del Canal. También la presencia de HKND Group en Nicaragua se redujo al mínimo, según confirmaron fuentes anónimas a Confidencial en marzo pasado.
Hasta el momento ni el Gobierno ni HKND han dicho una sola palabra sobre la construcción del Canal.
La última comunicación enviada por el empresario a Nicaragua fue en noviembre de 2016, cuando felicitó al comandante Ortega por su reelección.
En el 2015, el medio digital BBC Mundo publicó que Wang había perdido el 84 por ciento de su fortuna y las consecuencias se sentirían principalmente en Nicaragua.
La BBC Mundo calculó que la fortuna de Wang era de 10,200 millones de dólares antes del desplome y luego se colocó en 1,100 millones de dólares.
Wang Jing durante un conversatorio con estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en junio de 2014, cuando se presentó la ruta del canal interoceánico que se extenderá por 278 kilómetros desde el Pacífico hasta el Caribe. EFE/Jorge Torres
Concesión onerosa
La Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas Libres de Comercio e Infraestructuras Asociadas, mejor conocida como Ley 840, establece que el concesionario, en este caso el empresario chino Wang Jing, tiene “la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida y en qué momento”.
Ese párrafo puso en alerta a los campesinos que vieron en peligro sus propiedades, muchas de ellas herencias familiares o que compraron con el trabajo de muchos años.
La Ley ha sido considerada por los campesinos como un acto “vendepatria”, de parte del Gobierno del comandante Daniel Ortega.
