28 de febrero 2020
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Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral, firmado hace tres años por el Gobierno orteguista y la OEA, perderá su validez este viernes 28 de febrero, si el presidente Daniel Ortega no solicita una prórroga de su vigencia. El acuerdo, según un exdiplomático, caducará “sin pena, ni glorias”, ya que Nicaragua no impulsó ningún cambio.
El documento —firmado entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Ortega, con vigencia de tres años, prorrogables— establecía acuerdos de cooperar en las áreas político-electoral e institucional.
Para Francisco Aguirre Sacasa, excanciller nicaragüense, Ortega firmó ese acuerdo porque “quería ganar tiempo” y aparentar que reformaba el sistema electoral, “sin tener que hacerlo realmente”.
“Ortega quería ratificar el statu quo, con unos cuantos cambios menores, para decir a la comunidad internacional y nacional que había reformado el proceso electoral”, comentó Aguirre.
Abril 2018 cambió todo
Sin embargo, lo planes de la dictadura se alteraron en abril de 2018, cuando una insurrección cívica-popular —que duró casi seis meses— mostró la cara cruel y asesina del régimen orteguista: al menos 325 ciudadanos fueron asesinados y otros 2000 resultaron heridos, por la represión gubernamental, según registros de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
“Ese memorándum fue firmado hace tres años, cuando Almagro no se había pronunciado sobre el tipo de Gobierno que tenía Nicaragua, y las negociaciones se habían manejado con mucha confidencialidad”, dijo Aguirre. En referencia a que después de abril de 2018, el secretario de la OEA ha exhortado por una salida electoral a la crisis nicaragüense, y endurecido su postura hacia Ortega, aunque ha evitado calificarlo como “dictador”.
Otro cambio es que la comunidad internacional ha abogado por una salida pacífica en Nicaragua, que pasa por reformar el sistema electoral, para ir a unos comicios libres y transparentes.
A inicios de mes, partidos políticos y organizaciones civiles —entre ellas la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)— solicitaron al Gobierno y la OEA extender el plazo de vigencia del memorándum, así como extender “las áreas específicas de cooperación conforme las demandas de la realidad nacional”.
Esperar por sanciones
Los estatutos de la OEA establecen que ese tipo de acuerdos solo serán prorrogables, si el Gobierno lo solicita. Para que la administración orteguista pida la extensión, tendrían que darse más sanciones internacionales, según Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en la OEA.
“Las sanciones son las únicas que preocupan al Gobierno. Aquí ya no hay más presión que las sanciones”, remarcó el exdiplomático.
Aguirre coincide con Díaz en que la firma de un nuevo memorándum “va a depender exclusivamente de la presión internacional, y del deseo de Ortega de obviar más sanciones contra su Gobierno, ya sea de Estados Unidos y Canadá, y las que posiblemente impongan los países de la Unión Europea (UE)”.
“El comandante (Ortega) está valorando firmar o no, y qué firmar, exclusivamente, en función de la situación internacional”, agregó el excanciller.
Espera elecciones de la OEA
Aguirre señaló además que Ortega espera la próxima elección de secretario general de la OEA, que se llevará a cabo el venidero 20 de marzo durante una Asamblea General —la instancia de más alto nivel de la OEA. Cualquier candidato necesita el apoyo de una mayoría simple —18 votos— para ser electo.
“Si va a entrar en un nuevo acuerdo con la OEA, Ortega primero quiere ver quién será su interlocutor”, dijo el excanciller, quien agregó “hay una candidata ecuatoriana, que sería una interlocutora privilegiada para Daniel Ortega”.
Esa candidata es la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, que cuenta con el apoyo de los ALBA para destronar a Almagro. La exdiplomática ecuatoriana se ha confesado una admiradora de la Revolución Sandinista, y considera a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, “un ejemplo” para las mujeres latinoamericanas.
Ortega preferiría negociar —según Aguirre— un memorándum con Espinosa Garcés, ya que un nuevo acuerdo deberá incluir “modificaciones al elemento humano” en el Consejo Supremo Electoral (CSE), y “hablar de una observación mucho más robusta nacional e internacionalmente, con garantías de que las elecciones serán libres y transparentes”.
Negociar con socios
Los diputados del régimen han anunciado sus intenciones de negociar unas reformas electorales, “solamente” con aquellos partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional, lo que dejaría por fuera a recientes organizaciones opositoras como la UNAB, Alianza Cívica y el Grupo Pro Reforma Electoral.
Díaz advirtió que el régimen pretende “traer al SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) para tratar de que ocupe el espacio que le corresponde la OEA”. Esta organización regional es dirigida por el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo Arévalo, considerado un aliado de Ortega.
“El SICA no tendría la representatividad, ni la autoridad que tiene la OEA”, comentó el exembajador.
