31 de agosto 2018
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Otra vez la Policía Nacional desplegó un contingente de antimotines para tratar de amedrentar una actividad de protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega. Desde las 11:30 de la mañana de este jueves, los oficiales sitiaron la Rotonda Rubén Darío, en Managua, donde la ciudadanía convocó a formar “una cadena humana” para reclamar por los presos políticos y los desaparecidos registrados desde el 18 de abril.
Había antimotines en todos los flancos. A las doce de mediodía, cuando estaba previsto el inicio de la protesta, no había ciudadanos en la zona. Después de las redadas de detenciones masivas el fin de semana pasado en León y Carazo, se creyó que la convocatoria había mermado por el temor. Sin embargo, quince minutos después, hombres, mujeres, adolescentes y hasta adultos mayores comenzaron a formar una fila sobre la Avenida Universitaria.
“Esta presencia policial es una muestra más que tratan de que no nos reunamos y no protestemos contra el gobierno”, afirmó Martín Arroliga, un oficinista que llegó a unirse a la “cadena humana”. “Nos llaman terrorista por salir a las calles pacíficamente, pero el terrorismo lo están imponiendo ellos al obligarlos a sentir miedo a través de los antimotines”.
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Unos llegaban en vehículos, otros a pie, los oficinistas se remangaban las mangas y se tapaban el rostro con pañoletas azul y blanco mientras los parlantes comenzaban a ambientar con canciones de la revolución de ayer y de hoy ante la mirada atenta de los antimotines.
La “cadena humana” se realizó este 30 de agosto a propósito de la conmemoración del día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La efeméride nunca había tenido sentido en Nicaragua como en la actualidad desde 1990, de acuerdo a Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“El Cenidh, desde el 18 de abril hasta la fecha, ha recibido más de 350 denuncias de desapariciones forzadas. Sin embargo, contabilozamos que continúan desaparecidas ocho personas. No descartamos que haya sub registro”, aseguró Abarca. “De estas ocho personas, sus familiares no tienen información. Hemos puesto denuncias ante la Policia, Medicina legal y Migración y extranjería, pero no dan respuesta”, aseguró.
El mayor en retiro Tomás Maldonado Pérez era uno de los desaparecidos que contabilizaba el Cenidh. Fue secuestrado por paramilitares el dos de agosto en Los Brasiles, en Managua, cuando se encontraba en casa de una hija. Desde esa fecha, su familia lo buscó por todos lados: Policía, hospitales, morgues y hasta en el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua… pero no obtuvieron rastros sobre su paradero. Hasta que este martes 28 de agosto la Policía lo presentó ante los medios de comunicación oficialistas acusándolo de terrorismo y otro rosario de delitos.
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Pese a que la intimidación policial se mantuvo contra la “cadena humana”, y los antimotines reforzaron sus tropas cuando la hilera que iniciaba en la rotonda Rubén Darío llegó la Universidad Centroamericana (UCA), no hubo incidentes violentos.
Los manifestantes rompieron la “cadena humana” para exigirle a la policía que se retiraran del lugar, algo que no consiguieron. Los ciudadanos le gritaban asesinos a los antimotines, que portaban fusiles y material antidisturbios. Incluso, algunos ciudadanos les colgaban la bandera de Nicaragua a los oficiales en sus pecheras.
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La actividad terminó luego de que los manifestantes rodearon la rotonda Rubén Darío y llegaron a la UCA, donde cerraron la actividad entonando el himno de Nicaragua.
Cejil condena detenciones arbitrarias
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó desde Costa Rica las detenciones arbitrarias así como la criminalización y exigió justicia independiente en Nicaragua.
"Son los jueces, juezas y fiscales que están llevando a cabo estos procesos y quienes están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, al no realizar investigaciones diligentes, ni tampoco juzgar con independencia e imparcialidad", destacó el Cejil en un comunicado de prensa.
Estas declaraciones se dan luego de que este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) presentara un informe que reconoce que al menos 300 individuos estarían siendo procesados por su implicación en las protestas, incluyendo al menos 9 mujeres y 10 menores de edad.
Para Cejil, este caso es "particularmente grave y emblemático, porque ilustra la tercera fase de la represión estatal, que consiste en el abuso del derecho penal para fabricar causas penales y así intimidar a quienes han participado en actos de resistencia cívica y pacífica".
Además, el fin de semana pasado la policía detuvo a varios estudiantes, entre estos a Byron José Corea, Christopher Nairobi Olivas, Luis Arnulfo Hernández, Juan Pablo Alvarado, Yaritza Yudith Rostrán, Víctor Manuel Obando y Levis Josué Artola, a quienes se les está imputando cargos como terrorismo y homicidio.
El Centro instó a la comunidad internacional a continuar realizando acciones para que se restablezca la democracia y pidió interceder por la liberación de las personas injustamente acusadas de crímenes penales.
También exigió a los operadores de justicia que "cumplan con sus obligaciones de garantizar el acceso a la justicia de manera imparcial, independiente y libre de presiones indebidas".
El Cejil recordó el caso de los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona, pese a la existencia de prueba que demuestra su inocencia.
"Actuaciones de este tipo ilustran las vulneraciones graves al derecho a defensa y debido proceso en Nicaragua. Esta condena ocurrió en un juicio sin observación internacional, a puertas cerradas, y en donde la abogada defensora denunció haber sido objeto de amenazas mientras la familia del comunicador debió huir del país para evitar represalias en su contra", cita el texto.
Con información de EFE
