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Aumenta violencia política durante contexto electoral en Nicaragua

El Observatorio de Violencia Política de Urnas Abiertas detalla que, entre el 01 de abril y el 15 de mayo, registraron 279 hechos de violencia política

Agentes de la Policía afuera de un hotel de Managua. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial

Ana Cruz

31 de mayo 2021

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La represión y violación a los derechos de los nicaragüenses continúa en aumento. Urnas Abiertas, a través del segundo informe de su Observatorio de Violencia Política, registra que en Nicaragua —entre 01 de abril y el 15 de mayo— ocurrieron  “279 hechos de violencia política en el contexto electoral”.

En los hechos de violencia política se registran 178 casos de hostigamiento, 36 agresiones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 detenciones, 6 lesionados y 3 judicializaciones.


La Policía Nacional se ubica, dentro del informe del Observatorio de Urnas Abiertas, como el principal perpetrador de actos de hostigamiento político contra opositores con un 86,51%.

“La forma de hostigamiento que más se repite es la presencia policial afuera de las casas de habitación de las personas opositoras. En algunos casos se reportaron, otra vez, que oficiales de la Policía indicaron que la víctima tenía prohibido salir de su vivienda, estableciendo casa por cárcel de facto, ya que ninguna de estas personas cuenta con dichas medidas cautelares”, detalla el informe.

Los actos de violencia política registrados por Urnas Abiertas ocurrieron principalmente en Mangua (91), Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (27), Madriz (25), Granada (24) y Masaya (20).

El informe señala que durante el ambiente preelectoral ha destacado el hostigamiento a liderazgos de organizaciones políticas, el acceso parcializado al derecho a reunión y el uso de recursos públicos en la precampaña electoral por parte del partido de Gobierno.

Políticos y periodistas fueron las principales víctimas

Detalla que entre el 01 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2021 han sumado un total de “602 hechos de violencia política”, lo cual significa que a diario el Observatorio ha venido registrando 2.66 actos de violencia política. 

Los meses en que más hechos de violencia política registra el Observatorio de Urnas Abiertas son abril y mayo, que suman 213 y 66 casos, respectivamente.

“Se pudo observar un patrón de hostigamiento selectivo a liderazgos en organizaciones políticas tanto a nivel nacional como local, principalmente aquellos con cargos formales, incluyendo pre candidatos y candidatas presidenciales”, indica el informe.

Denuncia que hay evidencia del “actuar diferenciado de la Policía Nacional permitiendo y resguardando actividades de precampaña desarrolladas por las Unidades de Victoria Electoral del FSLN (Frente Sandinista) e impidiendo u hostigando reuniones de organizaciones de oposición”.

Además de las organizaciones políticas que más hechos de violencia política experimentaron, los medios de comunicación se convirtieron en uno de los principales blancos de la represión política gubernamental, seguido de los movimientos sociales y  partidos políticos.

Urnas Abiertas señala que ha confirmado patrones de “coerción y limitación de la competencia electoral entre el partido de Gobierno y la oposición mediante el actuar de oficio de la Policía Nacional, ministerios y alcaldías”. 

Asimismo, denuncian que la aplicación de la batería de leyes restrictivas, tales como: Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, conocida como Ley de traidores de la patria, junto con la aplicación de las reformas electorales buscan “inhibir o neutralizar a partidos, liderazgos opositores y medios de comunicación independientes”

Algunas de las situaciones que han venido a limitar la competencia electoral, mencionadas en el informe, incluyen la cancelación de la personería jurídica del Partido Conservador (PC) y al Partido de Renovación Democrática (PRD). Además, mencionaron la apertura del caso por el supuesto de lavado de dinero contra la periodista Cristiana Chamorro, aspirante a la Presidencia y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo cual, señalan también se ha extendido en una ola de violencia contra la prensa independiente, destacando que más de una docena de periodistas y dueños de medios de comunicación independientes han sido citados.


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Ana Cruz

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