4 de noviembre 2020
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Los diputados de la Asamblea Nacional no respetaron la situación de emergencia que vive Nicaragua por el paso del Huracán Eta y decidieron seguir adelante con el dictamen favorable a la ley de cadena perpetua, que sería aprobada mediante una reforma constitucional en la próxima legislatura de 2021.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, aseguró que esta es una aprobación "histórica", pues según ella goza del apoyo popular por las supuestas más de tres millones de firmas que respaldaron la petición.
“La Comisión Especial de Carácter Constitucional hemos considerado que por primera vez en la historia una ley recibe el enorme respaldo de los tres millones de nicaragüenses que firmaron la petición, y eso es un gran respaldo popular del pueblo (...) La única respuesta que podemos dar a ese clamor popular es hacer lo que el pueblo nos está pidiendo y por ello vamos a reformar la Constitución para poder darle pase a la reforma penal y así poder establecer la pena de prisión perpetua”, dijo Martínez a medios oficialistas.
La reforma incluirá un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua que establece un máximo de treinta años de condena, al que se añadirá: “excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
Este artículo fue redactado por orden de Daniel Ortega, quien en septiembre dijo que le ordenaba a la Corte Suprema de Justicia y a los diputados que elaboraran la reforma que no ha sido modificada desde su presentación y que fue dictaminada tal cual este cuatro de noviembre.
El proceso de consultas se realizó solamente con instituciones del Estado controladas por el orteguismo como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional y la Procuraduría General de la República, según detalles publicados en la página web de la Asamblea Nacional.
El dictamen fue aprobado favorablemente por la Comisión Especial de Carácter Constitucional creada por el parlamento el pasado 27 de octubre, es decir hace una semana y que está conformada por los diputados sandinistas María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Mauricio Orué Vásquez, Gloria María Maradiaga, Irma Dávila, Carlos Emilio López, Johana Luna Lira, Jenny Martínez y Maryinis Chavarría y los diputados del PLC: Jimmy Harold Blandón Rubio y Maximino Rodríguez.
Una ley que castigará a opositores
La ley de cadena perpetua fue una orden del régimen de Daniel Ortega para castigar, según ellos, a quienes cometan crímenes de odio en el país. El régimen ha utilizado como argumento el asesinato de menores de edad, pese a que colectivos feministas han documentado la falta de interés del Gobierno por castigar los femicidios.
Organizaciones, abogados y opositores alegan que, en cambio, esa ley no es más que un castigo que se aplicará contra quienes se atrevan a expresarse contra el régimen, siendo herramienta para allanar el camino a la continuidad del poder de Daniel Ortega junto con la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, aprobada el 27 de octubre, y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre.
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Presiones para recolectar firmas
Durante la sesión plenaria en la que se creó la Comisión, integrada por todos los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, una simpatizante del régimen sandinista llamada Brenda Rocha entregó a los orteguistas decenas de cajas azul y blanco que contenían, según ella, tres millones de firmas que fueron recolectadas en todo el país en apoyo a la iniciativa.
Lo que no mencionaron en esa sesión, es que trabajadores del Estado y otros ciudadanos que requerían atención médica denunciaron presiones para firmar a cambio de ser atendidos.
El orteguista presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró también que no recibieron el apoyo del 100% de la población por falta de tiempo, pero prometió que en enero del próximo año se realizaría la reforma para incorporar la cadena perpetua a la Constitución Política de Nicaragua.
Actualmente, el artículo 37 de la Constitución establece que las penas no podrán ser mayores a 30 años de prisión en el país, independientemente del crimen que sea juzgado.
