Política

Amplían a 90 días “plazo de investigación” para Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga

Ministerio Público informa sobre dos audiencias de garantías constitucionales en las que no estuvieron presentes los abogados de los precandidatos

Los precandidatos presidenciales opositores, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, podrían permanecer hasta tres meses detenidos mientras son “investigados” por el Ministerio Público. Institución que dice “contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055”, conocida como “Ley Guillotina” porque es usada por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la ampliación del plazo investigativo de 48 horas a 90 días fue autorizado por el Poder Judicial durante dos audiencias especiales de “garantías constitucionales”, las que se abrían celebrado el miércoles nueve de junio, en el caso de Félix Maradiaga, y el jueves diez de junio, en el caso de Juan Sebastián Chamorro. En ninguna de las audiencias estuvieron presentes los abogados de los precandidatos opositores.

Maradiaga, precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es “investigado por desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad”, dice la nota del Ministerio Público. Fue detenido el 08 de junio pasado, luego de acudir a una citatoria de la Fiscalía. Desde entonces sus familiares no han logrado comunicarse con él y su abogado, Róger Reyes, gestionaba un recurso de exhibición personal cuando se enteró que las autoridades ya habían realizado la audiencia sin tomarlo en cuenta.

Algo similar ocurrió en el caso de Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, quien fue arrestado en su vivienda la noche del 08 de junio. Según la Fiscalía, Chamorro es “investigado por la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides”.  Además, “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y que ha incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y ha demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” dice el comunicado.

El abogado Elton Ortega, defensor de Chamorro, supo de manera extraoficial sobre la audiencia en contra de su defendido por lo que se presentó al Complejo Judicial de Managua, pero no lo dejaron entrar.

En las últimas dos semanas el régimen ha emprendido una cacería contra los principales líderes opositores. Los primeros en ser detenidos fueron los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz. Ella está siendo procesada por supuesto lavado de dinero a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y él es “investigado” en el marco de la Ley 1055, al igual que los otros precandidatos.

También permanecen detenidos los opositores: José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); José Pallais, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición Nacional y Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ellos, al igual que los precandidatos, son “investigados” por supuestamente haber infringido la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Policía solo recibe el agua

Según el abogado Ortega, quien también representa a Cruz y Aguerri, los familiares de los detenidos le reportaron que la Policía dejó de recibir los alimentos para sus defendidos y desde el mediodía del jueves las visitas al complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”, han sido infructíferas porque solo les reciben las botellas de agua.

Ortega explicó que no ha logrado comunicarse con sus representados Chamorro y Aguerri, pero conoció que el expresidente del Cosep también habría sido llevado a los juzgados la tarde del jueves, por lo que le resultó “extraño” que el Ministerio Público no lo haya mencionado en su comunicado.

Mientras tanto, la esposa de José Pallais, Jilma Herdocia, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el abogado fue trasladado desde la ciudad de León hasta “el nuevo Chipote” en Managua. Dos días después del arresto no ha podido verlo, pero tuvo conocimiento que “su salud se ha descompensado” porque padece diabetes y presión arterial alta. 

Además, la esposa de Pallais refirió que los oficiales no le permitieron pasarle medicinas, ni comida, “solo agua”, enfatizó. Ante esta situación, “el Cenidh responsabiliza a las autoridades de lo que pueda pasarle a José Pallais, exigimos su excarcelación inmediata y la de todos los reos de conciencia en Nicaragua”.

 



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