13 de enero 2022
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Analistas nacionales e internacionales mostraron sus dudas frente a la propuesta de Daniel Ortega, quien asumió su cuarto mandato consecutivo inmerso en una crisis de legitimidad y aislamiento internacional.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, reconoció que está “profundamente escéptica sobre una actitud conciliatoria y constructiva” del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
Para la exmandataria, el caudillo sandinista, en su discurso, no mostró señales de “arrepentimiento”, por la represión gubernamental contra la protestas cívicas de 2018 sucesos de abril, que —según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— dejaron al menos 355 personas asesinadas, más de 2000 heridos y unos 100 000 nicaragüenses en el exilio.
Chichilla participó en un panel sobre Nicaragua junto al embajador de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Hugh Adsett; el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke; la defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, Ana Lucía Álvarez; el integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Jesús Téfel; y el director de CONFIDENCIAL Carlos Fernando Chamorro. La actividad fue organizada por Diálogo Interamericano y fue moderada por Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de esa organización.
Sobre las palabras de Ortega, el embajador canadiense destacó que “no podemos olvidar los eventos de abril 2018: la respuesta violenta a las manifestaciones populares, que finalizaron con la muerte de más de 300 personas, incluidos niños”.
“Borrón y cuenta nueva”, para empresarios
Carlos Fernando Chamorro indicó que el mensaje de Ortega confirma que pretende seguir gobernando con estado policial y presos políticos y que su promesa de “tábula rasa”, “estaba dirigida al sector privado, por razones económicas, aunque tiene una resonancia política para las víctimas de la represión que rechazan la impunidad”.
En su discurso, Ortega dijo que Nicaragua “es un país que está avanzando en su crecimiento económico, que hay que seguir luchando, lógicamente, y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 2018. Borrón y cuenta nueva”.
El director de CONFIDENCIAL se preguntó “¿cómo se traducirá en términos prácticos esta propuesta de ‘borrón y cuenta nueva’?”, y acto seguido explicó: “Es algo que podríamos ver en los próximos meses. Probablemente, no en un diálogo nacional con destacados líderes empresariales, sino en una serie de reuniones técnicas y económicas bilaterales con diferentes sectores de la comunidad empresarial”.
Entre esos sectores estarían, según Chamorro, “banca y finanzas, zona franca textil, agroindustria, construcción, cafetalero y ganadería, exportación de oro, exportación de tabaco”. Con ellos, el régimen “trataría de restablecer una relación funcional de trabajo, basada estrictamente en aspectos económicos, sin negociación alguna de la crisis política”.
Tras el discurso de Ortega, la vicepresidenta Murillo dijo a los medios oficialistas que “en el modelo de alianza participamos todos, ellos (los empresarios) ganaban, daban algún trabajo y aportan algo al crecimiento que teníamos, pero ahí es donde vino la debacle, el egoísmo, la codicia y el intento de regresarnos a un pasado funesto”.
Presión nacional e internacional
Chamorro comentó que “Ortega no va a ceder, a menos que enfrente una presión extraordinaria, mucho más efectiva, que provoque una ruptura interna del régimen, forzando su salida del poder”.
“Creo que la negociación de una transición democrática no va a ocurrir mientras Ortega y Murillo estén en el poder. Su salida requiere un proceso gradual de restauración de las libertades democráticas internas, con la participación de la resistencia civil, la Iglesia y el sector privado, en el que la liberación de los presos políticos será un punto de inflexión”, detalló el periodista.
En ese sentido, Chinchilla demandó “intensificar las sanciones internacionales y abrir investigaciones por lavado de dinero y violaciones de derechos humanos” contra miembros de la familia presidencial, aliados y oficiales del régimen.
Urgió también sancionar directamente a Daniel Ortega, así como dirigir las sanciones a “sectores claves” del régimen, como el Ejército de Nicaragua. En este caso, sugirió específicamente castigar al Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua.
Horas antes de la toma de posesión de Ortega, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos anunciaron, por separado, una serie de sanciones contra altos cargos e instituciones del régimen. La UE sancionó a siete funcionarios y tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Por su parte, Estados Unidos hizo lo mismo contra tres cargos del aparato militar nicaragüense —todos directivos del IPSM—; dos directivas de Telcor, y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Por su parte, Álvarez solicitó a la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense para “registrar y documentar las violaciones a los derechos humanos”, ya que desde 2018, ha identificado “responsabilidades individuales detrás de la represión”.
“Esta identificación (de responsabilidades individuales) ayudará a socavar las bases que sostienen el régimen”, apostilló.
Manuel Orozco, de Diálogo Internacional, indicó que la comunidad internacional debe “poner presión” y revisar las relaciones comerciales con Nicaragua, que sería una manera de conectar al sector privado, “que ha estado callado sobre lo que está pasando en el país”.
Chinchilla sugirió que se podrían suspender a ciertos grupos, vinculados al régimen, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
En noviembre pasado, entró en vigencia la Ley Renacer que permite al Gobierno de Estados Unidos revisar la participación de Nicaragua en ese acuerdo comercial, en vigencia desde abril de 2006.
La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Papel de la OEA
Téfel comentó que esta presión internacional debe “coordinarse” con acciones en el ámbito interno, y recomendó que la comunidad internacional “actualice” sus esquemas, ya que dictaduras como las de Ortega, ya no son “vulnerables” a esos métodos diplomáticos.
Recordó que, en 1979, la OEA aprobó una resolución que aceleró la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde 2018, la OEA ha aprobado doce resoluciones contra el régimen orteguista, cuatro de la Asamblea General de cancilleres y ocho del Consejo Permanente.
Carlos Fernando Chamorro aprovechó la presencia de Koncke para preguntarle sobre “qué podemos esperar” de la OEA y el secretario general, Luis Almagro, que pidió una prórroga al Consejo Permanente para pronunciarse sobre el no cumplimiento de sus resoluciones.
“¿Qué hará la OEA cuando Ortega simplemente bloquea cualquier posibilidad de negociación diplomática? ¿Qué tipo de presión es capaz de ejercer la OEA?, le consultó.
Sin embargo, Koncke eludió las preguntas y se centró relatar las gestiones del organismo en 2017, cuando firmaron un memorando de entendimiento en temas electorales —que no cumplió el orteguismo—; la solicitud en 2018 para lograr el ingreso al país de la CIDH y del GIEI; y en 2019, cuando junto con la Iglesia católica intercedieron por la liberación parcial de los presos políticos en el segundo diálogo nacional, cuyos acuerdos para suspender el estado policial Ortega no cumplió, y más bien lo endureció hasta descabezar a la oposición política.
A mediados de diciembre pasado, Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA prorrogar hasta mediados de enero de 2022, la entrega de un informe sobre las gestiones que hace con el Gobierno de Nicaragua, con el fin de acordar una reunión.
