Política

Alianza Cívica y CxL se unen en busca de “alianza para enfrentar a Ortega”

Afirman la necesidad de "elecciones libres, justas y transparentes como única solución integral y duradera a la crisis política" que vive Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) acordaron este miércoles iniciar un trabajo conjunto para construir una gran alianza con el fin de enfrentar al actual presidente, Daniel Ortega, en las elecciones generales previstas el siete de noviembre próximo.

En un acuerdo de seis puntos, abogaron por una coalición opositora “amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de Gobierno con visión de nación por el bien común de la patria”.

La idea de esa coalición, agregaron, es “que nos permita transitar de la actual dictadura a una Nicaragua verdaderamente democrática, donde impere la justicia, y las familias nicaragüenses puedan prosperar en libertad”.

“Para lograr la instauración de un nuevo Gobierno democrático mediante elecciones libres, es necesario constituir una alianza opositora amplia e incluyente que lidere y movilice a los nicaragüenses, genere ilusión y confianza en un futuro mejor y conecte con sus sentimientos y aspiraciones”, dijo José Dávila, dirigente de la Alianza Cívica, al leer los seis puntos.

Reformas electorales

En el comunicado conjunto, las organizaciones reafirmaron la necesidad de “elecciones libres, justas y transparentes como única solución integral y duradera a la crisis política, económica y social que vive Nicaragua” desde abril de 2018.

Por tanto, se comprometieron a “aunar esfuerzos para demandar la implementación de las reformas electorales necesarias” para devolver “el derecho a elegir libremente”, cuyas “pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos)”.

Asimismo, hicieron un llamamiento “a todas las organizaciones cívicas y partidos políticos democráticos para que todos exijamos al régimen (de Ortega) que se aborden las reformas electorales planteadas por la OEA”.

Además, aunar esfuerzos para la restitución plena de los derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, incluyendo la liberación de los denominados “presos políticos”, el apoyo a sus familias y el “cese a la represión a los miembros de la oposición, y la derogación de todas las leyes recientemente aprobadas violatorias de los derechos ciudadanos”.

Son tres bloques opositores

La Alianza Cívica, sin personalidad jurídica, fue creada para ser la contraparte del Gobierno en un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018, y a la que pertenecen representantes de las dos principales cúpulas empresariales y dirigentes estudiantiles.

Esta organización anunció en octubre del 2020 su retiro de la opositora Coalición Nacional, también sin personalidad jurídica y que fue llamada durante su instalación a ser la gran fuerza política que enfrente a los sandinistas en las próximas elecciones.

En tanto CxL está integrado en su mayoría por liberales disidentes antiguos miembros de la Coalición Nacional por la Democracia, que antes de los comicios de 2016 era el principal grupo de oposición en Nicaragua.

CxL ha sido criticado por otros sectores de la oposición por haber participado junto con el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones de las regiones autónomas del Caribe en 2018, en medio de la crisis que dejó cientos de muertos, detenidos y decenas de miles en el exilio.

En tanto, la actual Coalición Nacional la integran el Partido de Restauración Democrática (PRD), el indígena Yatama (“Hijos de la madre tierra” en lengua miskita), y las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco, y Movimiento Campesino.

Esa agrupación decidió separar de su seno al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, debido a que ese colectivo atraviesa una crisis interna y ha dejado que el Consejo Supremo Electoral, controlado por los sandinistas, decidan su suerte.


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