1 de abril 2019
AA
La falta de cumplimiento de los acuerdos obtenidos en la mesa de negociación, entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega, empujará finalmente a los representantes de la sociedad civil a exigir la presencia de garantes internacionales. La represión impuesta nuevamente por la Policía Nacional para impedir la libre manifestación, este sábado, evidenció la “falta de voluntad política” de una de las partes, poniendo en riesgo la negociación de las últimas semanas, mientras los representantes del régimen culpan a los manifestantes de la agresión de un pistolero sandinista y reclaman a la Alianza.
El delegado de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, señaló que “esos garantes internacionales tienen que ser nombrados de inmediato” y no se puede seguir postergando como han sugerido los representantes de la dictadura, quienes durante las negociaciones “mantuvieron la tesis de que 'más adelante serán nombrados los garantes'. Eso si hubiera habido un cumplimiento pleno de lo que dicen los acuerdos, pero no… entonces, eso abona al argumento nuestro de que el nombramiento de los garantes, nacionales e internacionales, debe hacerse de inmediato”, dijo.
En este sentido, el académico advirtió que esta semana las negociaciones girarán en torno al cumplimiento de los acuerdos rubricados el 29 de marzo, porque “con los acontecimientos (represión) del día sábado quedó demostrado que esa voluntad política no existe… entonces hay que insistir en el nombramiento de los garantes internacionales”, señaló.
Testigos deben exigir respuesta
Además, Tünnermann recordó que –aunque los garantes internacionales no han sido nombrados- el Nuncio Apostólico, Waldemar Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, son testigos de las negociaciones realizadas y tienen la obligación de exigir una respuesta del régimen ante lo sucedido el fin de semana.
“Nuestro primer paso va ser reunirnos con ellos (Sommertag y Rosadilla) para ver qué piensan ellos acerca de lo que ha ocurrido, porque ellos fueron testigos del arduo trabajo que significó varios días para llegar a estos acuerdos”, enfatizó Tünnermann.
Mientras tanto, los representantes del régimen en la mesa de negociación emitieron un comunicado en el que culpan a los manifestantes de la represión que fueron víctimas, los califican como “personas violentas, encapuchadas y vestidas para oportunidades mediáticas” y reclaman a la Alianza Cívica por lo sucedido.
“Estos individuos violentos, entre los cuales hay miembros de la autollamada Alianza Cívica, integrados a la mesa de negociación, hacen gala de discursos y actitudes ofensivas, de odio y discriminación, así como de rechazo al avance de los acuerdos que se han venido tomando en la mesa. La delegación del GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional) ante la mesa de negociación, reclama a la Alianza Cívica coherencia y consistencia con el interés supremo de las familias nicaragüenses que quieren y merecen la paz”, dice el escrito.
Convocan a nuevas manifestaciones
Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco urgió la presencia de garantes internacionales que den seguimiento a los acuerdos logrados en la mesa de negociación y convocó a la ciudadanía a manifestarse el próximo 2 de abril.
“El futuro de Nicaragua, la libertad de los presos y presas políticas y la justicia para las víctimas, no pueden estar sujetos a una declaración de buenas intenciones y menos viniendo de un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy más que nunca se evidencia la urgencia de la presencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) como las entidades garantes del proceso de liberación total e inmediata de los presos y presas políticas y para evitar que se sigan violando tan flagrantemente los derechos humanos en Nicaragua”, dice el comunicado.
Además “la Unidad Nacional está solicitando una reunión de urgencia con la Alianza Cívica para evaluar esta situación y seguirá en permanente fiscalización y movilización, para asegurar que se cumplan las demandas del pueblo nicaragüense hasta que alcancemos la justicia, democracia y libertad demandadas. Y convocamos a movilización el 2 de abril en modalidad que será fijada posteriormente”, subraya el escrito.
Liberación iniciaría esta semana
La abogada constitucionalista y delegada de la Alianza Cívica en la mesa de negociación, Azahálea Solís, también dijo que el Gobierno liberaría de inmediato a las personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial, ya que al no enfrentar procesos legales pueden ser liberados de inmediato, incluso antes de la aprobación del protocolo por parte de la Cruz Roja.
“En esta semana debe haber muestras claras de liberación de las personas que están en esta lista. Hay casos más fáciles de resolver. La cantidad de personas que están en El Chipote es más fácil que se produzca la excarcelación de manera mas rápida”, aseguró Solís. “Con compromiso y voluntad política pueden ser procesos bastantes rápidos, no habría necesidad de esperar la conciliación de la lista de parte del comité de la Cruz Roja para que el Gobierno lo pueda hacer”, agregó.
La Alianza Cívica también pidió seguridad para las personas contra quienes pesan órdenes de captura, pero que se exiliaron para protegerse.
Dictadura admite violaciones a derechos
Según Solís, “el acuerdo (firmado el viernes) deja demostrado que el Gobierno de Daniel Ortega no cumple con su obligación que es respetar los derechos humanos. Que es también cumplir los derechos constitucionales. De cierta manera puede resultar surrealista: un Gobierno que se sienta a una mesa de negociación para comprometerse a cumplir lo que le corresponde cumplir por una obligación elemental”, aseveró Solís. “Todos estos derechos han sido violentados. Hay resultados negativos en la vida de los nicaragüenses”.
Desde sus redes sociales, Solís agregó el fin de semana que "la ruptura más clara del orden constitucional es la firma de acuerdo por parte de la dictadura, en la que se compromete a cumplir lo que es su obligación".
"Todos esos derechos y garantías han sido violentados por Ortega y Murillo, por algo que es más que Estado de sitio de facto", agregó.
Según Solís, el hecho de que lo firmado en el acuerda ya está en la Constitución es cierto, pero también es real que el dictador no lo está cumpliendo. "La firma propia es la demostración más fehaciente de la violación de los derechos humanos por parte de Ortega y Murillo. ¿Díganme si no es una vergüenza que un Gobierno firme que no se va a allanar sin orden o que se use la bandera? ¡Que se puede usar la bandera nacional! Ese solo acuerdo muestra la dimensión de la represión dictatorial de Ortega", increpó.
En entrevista con el programa Esta Semana, transmitida el domingo, Solís reitero que en el acuerdo "el compromiso es la liberación total de todos los presos políticos" y detalló que existe una unidad de defensa jurídica, que tiene el detalle de las irregularidades y el registro específico de incumplimiento, aunque sobre esto no ha habido un análisis en la mesa de negociación.
Solís adelantó que esta semana corresponderá analizar las garantías de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición.
