Política

Albio Sires adelanta que Ley Renacer avanzará la próxima semana en el Congreso de EE. UU.

Presidente del Wilson Center, Marck Green, considera que, además de la "presión" de EE. UU., se necesita "mayor presión" especialmente de Centroamérica

El congresista demócrata, Albio Sires, adelantó que la próxima semana la iniciativa de Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta), avanzaría en su camino en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Durante el foro “La crisis latente de Nicaragua y la respuesta política de Estados Unidos”, organizado por el Wilson Center, Sires quien además es presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, abogó por ese tipo de respuesta “urgente” por la que está “presionando” ante los “actos de autoritarismo” del régimen de Daniel Ortega.

“La Ley Renacer busca presionar al régimen de Ortega mientras podemos apoyar a los nicaragüenses y busca sancionar a quienes violan derechos humanos y cometen actos de corrupción”, manifestó.

Sires insistió que “está empujando” para que la iniciativa avance la próxima semana, tomando en cuesta que el mes de agosto está próximo y se vence el período de inscripción de candidaturas a las elecciones previstas para el 7 de noviembre, mientras el régimen de Ortega mantiene detenidos a seis de los principales precandidatos presidenciales.

“El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales”, agregó.

El recorrido de la Ley Renacer

El pasado 22 de junio el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa presentada en marzo pasado de manera bipartidista. Tras su aprobación, el proyecto de ley será enviado al pleno del Senado, donde será sometido a otra votación. Para esta, sin embargo, aún no hay fecha establecida.

A la par, se espera que avance en su camino en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde fue introducida en abril pasado, también de manera bipartidista por demócratas y republicanos.

Dentro del Congreso, la Ley Renacer está en el Subcomité del Hemisferio Occidental, que preside Sires y que deberá aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores, que igualmente tendrá que avalarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes, donde enfrentará una última votación.

Una vez aprobada por los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, la iniciativa de Ley Renacer será enviada a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Biden, y así entre en vigencia.

“Se necesita más presión”

El proyecto de ley propone que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.

Entre 2019 y 2020, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.

Por su parte, el presidente del Wilson Center, Mark Green, insistió que es “necesario seguir presionando” al régimen de Ortega que “ordenó la detención de los principales precandidatos electorales, a los que no se les ha permitido ver a sus familias, abogados e incluso médicos”.

Green recordó que tanto la Administración de Donald Trump como la de Biden han impuesto sanciones al régimen de Ortega, particularmente la semana pasada cuando se revocó 100 visas a legisladores, fiscales y jueces “controlados por Ortega que están socavando el proceso democrático”.

“Pero claramente hay que hacer más, también se necesita que todos los países de América Latina, especialmente de Centroamérica, den un paso adelante, se pongan de pie y escuchen los llamados a la libertad del pueblo de Nicaragua”, expresó.

Al respecto Sires manifestó que “todos estos países de la región pueden ser una voz más fuerte al insistir en que este matón que tenemos en Nicaragua se detenga y libere a los presos políticos”.

En el panel organizado por el Programa de América Latina del Wilson Center también participaron Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, quienes demandaron al Gobierno de Estados Unidos que utilice “todos los mecanismos disponibles de presión” para lograr la liberación de los 146 presos políticos del régimen de Ortega.

“Este no es un tema político, y ciertamente no es partidista; es de derechos humanos (…) es evidente que la crisis nicaragüense requiere la plena atención y acción de la comunidad internacional”, dijo Green.

Las sanciones de la Ley Renacer

La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.

La propuesta menciona además a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas acciones con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.

Desde 2018, el Gobierno de EE. UU. ha sancionado a una treintena de funcionarios orteguistas, señalados de actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Entre ellos hay ministros, diputados, jefes militares y miembros de la familia presidencial: la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y sus hijos Laureano, Rafael, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. La lista además incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.


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