“A Ortega se le abre una oportunidad final”

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua fue seguida de cerca por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Estaba en el mismo salón con los embajadores y representantes de los países americanos, que este viernes llevaron a cabo una “evaluación colectiva”, como un primer paso para aplicarle la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para el experto, a Ortega “se le abre una oportunidad, una oportunidad final” para reconducir el rumbo de Nicaragua. De “transitar de un sistema dictatorial a un sistema democrático”, antes de que la OEA expulse al régimen del organismo regional, para lo cual –Vivanco considera– existen los 24 votos necesarios, ya que entre los países “hay un mayor consenso” de que la situación en Nicaragua es de “impunidad, brutalidad y abuso generalizado y sistemático” contra los opositores.

“Si el Gobierno no da muestras de estar dispuesto a acceder a las peticiones que se puedan ejercer en el ámbito de la OEA, entonces no habrá otra solución que la aplicación definitiva de la Carta Democrática”, aseguró Vivanco, quien atendió a CONFIDENCIAL, desde su oficina en Washington.

¿Cuál es su valoración de la sesión extraordinaria sobre Nicaragua, en el Consejo Permanente de la OEA? ¿Inició la invocación de la Carta Democrática?

Fue realmente importante porque gracias a la celebración de esa reunión la OEA inicia la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, al Gobierno de Ortega.

La Carta Democrática en su artículo 20 exige que para su aplicación debe realizarse una especie de evaluación colectiva, de las condiciones de derechos humanos, libertades públicas y democráticas en cualquier país de los Estados miembros de la OEA. Ese fue precisamente el objetivo de esta reunión.

A partir de esta sesión se pueden realizar gestiones políticas y diplomáticas por parte de los Estados miembros, por parte del Grupo de Trabajo que existe para Nicaragua, y también por parte del secretario general de la OEA. Por ejemplo, para liberar a los presos políticos, acabar con la censura y persecución a los medios de comunicación independientes, restablecer el orden democrático y las libertades públicas, la independencia del Poder Judicial, o una petición para que se permita el acceso al país de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas o la OEA.

Si el Gobierno no da muestras de estar dispuesto a acceder a las peticiones que se puedan ejercer en el ámbito de la OEA, entonces no habrá otra solución que la aplicación definitiva de la Carta, para lo que se requieren 24 votos.

¿Existen las condiciones políticas para reunir los 24 votos, en la OEA con la nueva posición que ha adoptado el Gobierno de López Obrador en México?

No va a ser fácil que se pueda lograr ese quorum, pero yo no lo veo imposible. Entiendo perfectamente que México ha cambiado de postura; que bajo el Gobierno actual de Manuel López Obrador, lo que regula y guía la política exterior de México, es el principio de la no injerencia en los asuntos internos, independientemente que se violen o no los derechos humanos. Algo que es realmente arcaico, propio de principios del siglo pasado. México lo demostró el día de hoy (viernes) porque brilló por su ausencia, no abrió la boca, no emitió el más mínimo comentario. Estuvo en total silencio durante toda la sesión.

Creo que a pesar de la nueva postura, lamentable, retrograda, del Gobierno actual de México, los votos sí pueden estar, porque cada vez hay mayor consenso de que la situación en Nicaragua, es de impunidad, de brutalidad y de un abuso generalizado y sistemático contra todos aquellos no comulgan con el régimen actual.

¿Cómo se proyectan los plazos políticos de la OEA en relación a Nicaragua, si Ortega ha dejado claro que no tiene voluntad política de dialogar? 

Efectivamente, Ortega en los hechos ha demostrado una actitud dictatorial, propia de un déspota, que no está dispuesto a ejercer el poder de una manera respetuosa con los valores jurídicos y con las obligaciones propias de un Estado de derecho, de un Estado democrático.

Aquí se le abre una oportunidad, yo diría una oportunidad final, ya no hay más que eso. Cuando no, le aplican, en la OEA, la Carta Democrática a cualquiera.

El otro país que está bajo aplicación de la Carta Democrática es Venezuela, en ese caso hasta ahora no ha existido el quorum, es decir los 24 votos, por la presión que ejerce Venezuela con los países del Caribe. Pero es un país que está cada vez más aislado, desacreditado y con menos apoyo.

Nicaragua no es Venezuela, no es una potencia petrolera. No tiene el músculo político que ha demostrado hasta ahora Venezuela, incluso en las ruinas. Para Nicaragua, la pista se le pone más pesada.

¿Se creará una nueva comisión o será el mismo Grupo de Trabajo de la OEA, que el Gobierno de Ortega no dejó entrar, el que llevará a cabo las gestiones diplomáticas en Nicaragua?

Ya la OEA creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que lo componen 12 Estados miembros de la OEA, incluyendo México, que no se ha salido de ese grupo.

No creo que se cree, que surja un nuevo grupo. El Grupo de Trabajo de Nicaragua es precisamente el que tiene el mandato, la obligación y el deber de seguir reportando al resto de Estados de la OEA, los avances o retrocesos que se registran en materia política y derechos humanos en Nicaragua.

El GIEI concluyó que en Nicaragua se han cometido “crímenes de lesa humanidad”, ¿Cómo se pueden procesar si el país no acepta la Corte Penal Internacional?

Es cierto que al no ratificar el Tratado de Roma, Nicaragua no puede ser, a diferencia de Venezuela, llevado ante la Corte Penal Internacional, a pesar que puede existir evidencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pero hay otros caminos, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se podría abrir un debate. Sé que como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentran Rusia y China, que podrían servir para vetar cualquier esfuerzo contra Nicaragua, pero eso está por verse. Las relaciones internacionales, las evaluaciones que se hacen a nivel multilateral son siempre muy complejas y dependen de innumerables factores.

Yo creo que el informe del GIEI puede ser muy útil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La renuncia del magistrado Rafael Solís al Poder Judicial y al FSLN ha sorprendido a la cúpula del poder en Nicaragua. ¿Qué repercusión internacional tiene esta ruptura? 

Depende de lo que el magistrado de la Corte Suprema pueda aportar. Hay que entender que se trata de alguien que hasta ayer formaba parte de la Corte Suprema y que estuvo en su puesto, mientras se estaban produciendo y cometiendo hechos atroces en Nicaragua, y siguió participando como magistrado de la Corte Suprema.

Falta todavía información para comprender mejor el rol que él cumplió durante esos meses. Si efectivamente hubo o no un debate interno; él dice que las decisiones que afectan a los tribunales se toman por parte del Ejecutivo, sería bueno que aportara más información que sirva para conocer mejor las responsabilidades de algunas otras autoridades, al margen de Ortega y Murillo, que obviamente sabemos que son, en última instancia, los que controlan el país y lo manejan como si fuera su finca privada.

Las sanciones derivadas de la Nica Act y la posible aprobación de la Carta Democrática pueden debilitar al régimen, pero Ortega sigue aferrado al poder como Nicolás Maduro. ¿Es comparable la situación de Nicaragua con la de Venezuela, para proyectar que Ortega podría mantenerse hasta 2021?

La Nica Act, que es una especie de ley Magnitsky dedicada exclusivamente a Nicaragua, permite sancionar a corruptos y violadores de derechos humanos, donde los convierte en prácticamente personajes tóxicos. Es decir, las sanciones pueden ser realmente draconianas, y creemos que se la merecen muchos de los que hacen parte de ese régimen dictatorial, por las responsabilidades que tienen en gravísimas violaciones y por encubrir estos hechos.

Es una herramienta extraordinaria, que no está disponible para Venezuela, que no está disponible para otras naciones en el mundo. Cuenta con el apoyo de demócratas y republicanos, aquí no hay duda en ningún sector que estamos frente a una dictadura despiadada. De forma tal, que yo si tengo gran esperanza en que la Nica Act pueda servir para obligar al régimen a transitar de un sistema dictatorial a un sistema democrático.

Entonces no ve paralelismo entre Nicaragua y Venezuela, ¿ve posible que Ortega pueda salir antes del 2021?

Yo no veo ninguna, no hay relación entre un caso y el otro, salvo que las atrocidades son similares. Estamos hablando de dos dictadores populistas, que se dicen que izquierda y que persiguen perpetuarse en el poder a cualquier precio, donde están dispuestos a usar la represión brutal, si esa es la única manera de preservar el poder, y donde además el poder está totalmente concentrado, no hay instancias ni judiciales ni instituciones democráticas de prever o sancionar los abusos.

Pero, son dos casos que no tienen puntos en común, desde el punto de vista de lo que son las estrategias, y de lo que será el futuro de estos dos regímenes dictatoriales y su relación con el resto del mundo.