Opinion

Volver al punto de partida doscientos años después

Al igual que bajo el yugo colonial, bajo Ortega los derechos humanos han perdido todas sus condiciones: no son universales ni individuales

“…No bien se hubo adueñado del codiciado puesto,

en marzo de 1531, Castañeda botó la máscara

y siguiendo el ejemplo de su antecesor (Pedrarias Dávila),

se mostró tan déspota y rapaz como aquel.”

J.D. Gámez (1888)

Al llegar a los doscientos años de la Independencia de España, el balance no puede ser peor: Nicaragua se encuentra sometida al mismo régimen despótico al que los Gobernadores provinciales de la Colonia condenaron a los pueblos originarios. Bajo la dictadura orteguista hemos retrocedido a los tiempos en que los seres humanos, carentes de todo tipo de derechos reconocidos, eran despedazados en plazas públicas por perros de presa. De la mano de Ortega hemos vuelto a las tiranocracias de los colonizadores sin frenos ni salvaguardas. Tampoco hay rastros del régimen republicano que los llamados próceres pretendieron alumbrar hace dos siglos. Doscientos años después no hay nada que celebrar.

Antes de 1821, Nicaragua tuvo como Gobernadores a personajes sanguinarios como Pedrarias Dávila, Francisco Castañeda y Rodrigo Contreras, entre otros de infausta recordación. Cronistas de la época coinciden en señalar el trato inhumano infligido a la población por quienes en tierras centroamericanas gobernaban en nombre de la Corona española, a pesar de los decretos y cédulas emitidas por los propios reyes católicos para proteger los derechos de los indios.

Pero, así como los Gobernadores españoles de la provincia de Nicaragua hicieron caso omiso del cuerpo doctrinario comprendido en las Leyes de Indias promulgadas en el siglo XVI, y continuaron sojuzgando a nuestros pueblos, del mismo modo actúan en el presente los jerarcas del orteguismo, violentando todos los tratados y convenciones contenidas en el Derecho Internacional de los derechos humanos, para oprimir a los nicaragüenses.

Hace doscientos años las autoridades coloniales se comportaban como señores feudales de horca y cuchillo en tierras que consideraban como cotos privados, a miles de kilómetros y meses de navegación de la metrópoli. Actuaban sin ningún respeto por la dignidad de personas que nunca dieron su consentimiento para ser gobernadas de manera tan cruel. Simplemente eran consideradas material prescindible, sin ningún valor; pueblos enteros diezmados, vendidos en los mercados de Panamá o Perú. Había personajes abyectos como Martín Estete, el esbirro mayor de Pedrarias, que tenía fierro propio para herrar a indios que eran llevados a trabajar como mano de obra esclava en las minas, a los campos de labranza o donde los señores tuvieran a bien.

A los opositores políticos les esperaba el garrote, la decapitación, el exilio o las mazmorras del gobernante de turno. No hubo confín de la geografía centroamericana y del Caribe a donde no se desterrara a personas molestas, a rivales o competidores con el propósito de quitarlos de en medio.

En pleno siglo XXI, en Nicaragua hemos vuelto a aquellos tiempos sin leyes ni derechos. Ortega actúa como si el país fuera su hacienda, sin más ley que su voluntad ni más derechos que los concedidos temporalmente por su gracia. Nadie, absolutamente nadie, está seguro en ningún sitio, en la casa o en el trabajo, en el campo o en la ciudad. La única certeza es la incertidumbre de ser acosado, acusado y encarcelado bajo las acusaciones más delirantes, sin más prueba que las sospechas inspiradas por el odio y la paranoia.

Al igual que bajo los regímenes fascistas, todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario, y bajo semejante predicamento, a cualquiera pueden desaparecerlo durante 90 días en condiciones de absoluto aislamiento, sin habeas corpus ni otras exquisiteces inventadas por “los injerencistas que pretenden derrocar la revolución”.  Además, desde hace unos días se sabe que someten a sus rehenes a las más crueles torturas psicológicas, como privación de sueño, interrogatorios varias veces al día, infraalimentación, negación de horas de sol y otras condiciones carcelarias inhumanas. Todo ello con el único propósito de quebrar la moral de los detenidos, para obtener las pruebas que autocumplan las profecías de los torturadores y sus amos. Los sicarios ya no van de yelmo y espada, van de uniforme y fusiles.

En el campo de la libertad de expresión la regresión no ha sido menor. La persecución a la prensa independiente, incluidos los expolios de los estudios de CONFIDENCIAL, 100% noticias, el cierre de El Nuevo Diario y La Prensa, más el encarcelamiento de periodistas por el mero hecho de serlo, ha retrotraído a Nicaragua al período colonial previo a la promulgación de la Constitución de Cádiz, al amparo de cuyos artículos se fundaron los primeros diarios en nuestro país.

En todos los renglones de la historia comparada entre el período colonial antes de 1821 y la actualidad, la diferencia respecto a los Gobiernos de aquella época es que la dictadura orteguista no tiraniza en nombre de un poder extranjero, aunque de hecho se comporte como una fuerza de ocupación que trata como vasallos a sus connacionales.

Al igual que bajo el yugo colonial, los derechos humanos han perdido todas sus condiciones: no son universales ni individuales. A los habitantes de Nicaragua no se les reconoce ningún valor por el hecho de ser humanos, ni por ser nicaragüenses. Simplemente han sido confiscados por la dictadura, ya no son derechos del pueblo. Por último, al no reconocerlos, tampoco se les confiere ninguna validez jurídica y, menos aún, ninguna trascendencia moral.

Al pulverizar los derechos civiles y políticos que soportaban la condición de ciudadanía, la dictadura también canceló las bases del régimen republicano, cuya principal seña de identidad es el origen electivo de la jefatura de Estado. Sin embargo, con la derogación de facto del derecho ciudadano de elegir y ser electo, también se cancelaron todas las posibilidades de celebrarse elecciones libres y competitivas, mediante las cuales cada nicaragüense podía participar en pie de igualdad en la selección de la cabeza del régimen presidencialista.

En tal estado de cosas, aunque el dictador se autoelija el próximo 7 de noviembre para cumplir una formalidad hueca, no estará honrando la fundación de Nicaragua como república independiente hace 200 años. Podrá erigirse como gobernador neocolonial o como reyezuelo de su feudo, pero no tendrá legitimidad para ser reconocido como presidente de la república. Sin libertades ciudadanas, no hay ciudadanía y sin ciudadanía electora no puede haber una jefatura de Estado que encarne la república.

Doscientos años después hemos vuelto al punto de partida con la misión de reconstruir el país, una vez más; de recoser la sociedad, una vez más; y de rehacer el Estado una vez más, pero esta vez basados en la justicia y sin impunidad. Sísifo vuelve a empezar.


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