6 de mayo 2021
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América Latina y el Caribe tienen que empezar de nuevo. Con menos de la décima parte de la población mundial, la región concentra más de un cuarto del total de muertes por covid‑19. En Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y otros lugares, la pandemia está prácticamente descontrolada. Peor aún, las economías de la región han estado entre las más afectadas del mundo, por los grandes niveles de informalidad, las deficiencias sanitarias y las restricciones fiscales, y el año pasado registraron una caída del 7% (la mayor contracción desde 1821).
Aunque en los próximos meses habrá una ligera recuperación, pasarán varios años antes de que América Latina y el Caribe recuperen el terreno económico perdido por la pandemia. En el mejor de los casos (es decir, si se logra controlar la pandemia y a la economía mundial le va bien) puede que el crecimiento en la región alcance un 5,2% este año. Pero si las condiciones no mejoran, puede que el crecimiento no supere el 1% (con posibilidad de recesión en 2022). Para evitarlo, es impostergable introducir audaces reformas fiscales.
Los problemas económicos de América Latina son muy anteriores a la pandemia. Además de otras condiciones preexistentes, la productividad regional lleva décadas rezagada respecto de economías más exitosas. Y la crisis financiera global de 2008 dejó a la región en una encrucijada. En aquel momento, sus principales economías tenían espacio fiscal para enfrentar la crisis financiera e implementar reformas que aseguraran crecimiento a largo plazo. Pero las reformas quedaron relegadas con el aumento de precios de los commodities. Se sacó a millones de personas de la pobreza y los gobiernos aumentaron el gasto en salarios y subsidios, que a diferencia de la inversión de capital en infraestructura, es difícil de retrotraer.
Los Gobiernos de la región no deben repetir esos errores. El hecho de que hoy los mercados financieros estén abiertos, los tipos de interés sean bajos, los precios de los commodities sean altos y los flujos de remesas estén en aumento no es excusa para postergar los cambios necesarios. Hace años que los economistas insisten en la necesidad de reformas que atraigan negocios e inversiones y aumenten la flexibilidad de los mercados laborales. Hoy esas reformas siguen siendo urgentes.
Yo también fui funcionario público y sé lo difícil que puede ser gastar un capital político escaso en la lucha contra intereses arraigados. Si bien los organismos financieros internacionales pueden ayudar proveyendo apoyo económico y político a las reformas, en última instancia el éxito dependerá de establecer las prioridades correctas. En el caso de América Latina, la cuestión más importante es la política fiscal: la dirigencia política tiene que hacer un profundo examen de los sistemas tributarios y de los mecanismos de apoyo a la ciudadanía.
La gestión fiscal es complicada, sobre todo cuando los niveles de deuda están en aumento y hay necesidad urgente de alentar un crecimiento multisectorial, que no se limite solamente a la ya floreciente economía digital. Así como los bancos centrales dan pistas de sus políticas monetarias futuras mediante el forward guidance, las economías latinoamericanas necesitan una orientación respecto de las políticas fiscales futuras, y una estrategia clara para salir de la pandemia.
Básicamente, en la región el dinero de los contribuyentes se gasta en forma ineficiente y la tributación es insuficiente o ineficaz. La recaudación tributaria promedio de América Latina y el Caribe apenas llega al 23% del PIB, cifra muy inferior al 34% promedio de la OCDE. Pero mientras Brasil y Barbados tienen una tasa de recaudación del 33% del PIB, la República Dominicana y Guatemala están últimas en la lista, con el 13,5% y el 13,1% del PIB, respectivamente. Es decir, las reformas fiscales que necesita Brasil son diferentes de las que necesita Guatemala.
Una de las causas de esta generalizada baja recaudación tributaria es la gran informalidad de la economía. Esta se puede reducir apelando a incentivos fiscales (sobre todo si se los combina con un control más estricto). Además, hay que mejorar el cobro de impuestos a los ingresos, a la emisión de gases de efecto invernadero (incluidos los combustibles), a los servicios digitales y a la riqueza (por ejemplo, aumentando el impuesto a las propiedades).
Por el lado del gasto, América Latina podría ahorrarse cada año hasta un 4,4% del PIB adecuando sus políticas fiscales a las mejores prácticas internacionales. Además de la licitación de proyectos de infraestructura y la mejora de la transparencia presupuestaria, esto también implica reforzar las oficinas presupuestarias de las legislaturas y crear organismos que vigilen la calidad del gasto público. También puede ser útil definir reglas fiscales. Por ejemplo, garantizar que la inversión pública esté protegida en tiempos de desaceleración económica permitirá a los gobiernos empezar a trascender los ciclos políticos de corto plazo en materia de gasto público.
¿Cuál será la recompensa? Si la región pudiera fortalecer sus instituciones fiscales, superar las deficiencias de diseño de los sistemas tributarios y la evasión generalizada y acercar las tasas de recaudación a los niveles de las economías avanzadas, la recaudación impositiva aumentaría un 7% del PIB. Esto daría a los países espacio fiscal para gastos urgentes en reducción de la pobreza y de la desigualdad. Una adecuada selección de inversiones públicas en infraestructura tiene lo que en economía se denomina un alto «efecto multiplicador»; es decir, un dólar invertido genera dos dólares de crecimiento adicional en el futuro.
Es verdad que mejorar la capacidad de ejecución presupuestaria de los gobiernos no tiene el mismo atractivo político que inaugurar una obra pública. Pero pocas reformas ayudarían tanto a los países de América Latina y el Caribe a emprender una senda hacia un mejor desempeño económico y un aumento de las inversiones (algo fundamental para fortalecer las cadenas regionales de suministro tras la pandemia).
Aunque difíciles, estas reformas son posibles. Jamaica hizo grandes mejoras en su desempeño fiscal desde la crisis de deuda que la afectó hace casi un decenio, y varios países están analizando introducir reformas. En un futuro no muy distante, estas iniciativas se trasladarán a una reducción de la pobreza y de la desigualdad y mayor estabilidad política. Es hora de que la dirigencia latinoamericana y del Caribe sin distinción de banderas ideológicas se sume a la revolución fiscal.
Eric Parrado es economista principal en el Banco Interamericano de Desarrollo.
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