¿Una elección a cuatro bandas el siete de noviembre?

Después de tres años de hermetismo, el dictador Daniel Ortega enseñó en menos de dos semanas todas las cartas del juego electoral con el que pretende reelegirse bajo estado policial, con presos políticos y sin libertades públicas. Con la aprobación de su reforma electoral, la elección de sus diez magistrados del Consejo Supremo Electoral, y el control de los plazos del calendario electoral, Ortega tiene la sartén por el mango. El espacio electoral se mantiene cerrado sin garantías ni observación internacional, y la guillotina de las leyes inhibitorias está lista para eliminar de la competencia política a cualquier candidato o partido que amenace su poder.

En la acera de enfrente, los dos bloques opositores --Alianza Ciudadana y Coalición Nacional-- compiten por canalizar el descontento nacional y las aspiraciones de cambio de la mayoría política azul y blanco, pero se mantienen divididos. A contrapelo de la retórica que promete una alianza inclusiva, no hay un mínimo acuerdo electoral, una casilla y un candidato único, y ni siquiera un plan de lucha de unidad en la acción para enfrentar el estado policial y demandar una reforma electoral. Ciertamente, en el fracaso de estos últimos meses hay una responsabilidad compartida de los liderazgos de ambas plataformas, pero las próximas 48 horas serán cruciales para determinar dónde están la voluntad política y los obstáculos para lograr la unidad opositora.

La razón principal por la que no se ha logrado conformar una alianza electoral opositora hasta hoy, es por la negativa de CxL a negociar con la Coalición Nacional y su veto, amparado en supuestas razones ideológicas, hacia los grupos que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco. Al agotarse el plazo para la inscripción de alianzas electorales, CxL sigue aferrado a su estrategia de atraer a algunos miembros de la Coalición en particular al Movimiento Campesino que designa como un “grupo liberal”, mientras la Coalición intenta promover un acuerdo político de iguales entre dos fuerzas cuyos pesos específicos nunca han sido puestos en la balanza. Irónicamente, todos coinciden en que hay que salir de la dictadura para iniciar una nueva transición democrática, y lo que los separa no es el método para elegir al candidato presidencial, ni siquiera la selección de la casilla de CxL como vehículo electoral, sino la escogencia de los candidatos a diputados que monopoliza el partido dueño de la casilla.

El desenlace de este desencuentro entre las nuevas y viejas fuerzas políticas surgidas de la Rebelión de Abril, podría conducir a la inscripción, por separado, de dos fuerzas opositoras y no de una alianza electoral como demanda a gritos la ciudadanía. En ese caso, aún antes de que la oposición decida si participa o no en la elección del siete de noviembre, la dictadura entraría a la contienda con la ventaja de una elección a cuatro bandas entre: el Frente Sandinista, como primera minoría política; la Alianza Ciudadana-CxL y la Coalición Nacional-PRD disputándose el electorado mayoritario azul y blanco; y los partidos zancudos encabezados por el PLC, PLI, ALN, APRE, PC, y otros, cosechando los votos de la maquinaria del fraude.

Las encuestas de CID-Gallup y Borge y Asociados realizadas entre enero y marzo de este año indican que, en una elección plebiscitaria entre dictadura y democracia, el mejor escenario posible para la oposición es la unidad o alianza electoral de sus principales actores --UNAB, Alianza Cívica, Movimiento Campesino, CxL, PRD, Alianza Ciudadana, Coalición-- en un solo bloque. Solamente bajo este esquema de unidad nacional y con un candidato presidencial único y una lista consensuada de candidatos a diputados, la oposición puede, no solamente derrotar a Ortega, sino además ganar por mayoría calificada para desmontar las estructuras de la dictadura.

En todas las otras variantes analizadas, con la división y la dispersión del voto opositor, aumentan considerablemente las ventajas de la minoría del FSLN para robarse una elección, con el control absoluto del sistema electoral y la colaboración de los partidos zancudos. La tesis que promueve CxL para mitigar el costo de la división, de que el “voto útil” del electorado se inclinaría por la Alianza Ciudadana, es discutible mientras no exista una evidencia política confiable que la sustente. Por el contrario, las encuestas también han detectado un porcentaje importante de votantes azul y blanco que, así como premian la unidad sumando votos, pueden castigar la división con su abstención. Y la experiencia histórica de 2006 demuestra que, ante la ausencia de un liderazgo opositor carismático, el electorado se dividió en dos bloques liberales (ALN y PLC) y el MRS que juntos sumaron el 62% del electorado y no hubo “voto útil” que lograra el 35% o 40% para impedir el triunfo de Ortega en primera vuelta.

[cita]En cualquier caso, una elección a cuatro bandas que se dirime por mayoría de votos, sin segunda vuelta, sin garantías electorales y bajo estado policial, es el peor escenario posible para las aspiraciones de cambio democrático con justicia que nacieron en la Rebelión de Abril.[/cita]

Los precandidatos presidenciales y los líderes de la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional tienen la última palabra para evitar una nueva frustración nacional. La única salida es conformar una alianza electoral que permita relanzar la resistencia cívica, para potenciar la presión de la OEA, la Unión Europea, y la comunidad internacional, para demandar una verdadera reforma electoral y la suspensión del estado policial, y decidir de forma conjunta si van a ir o no a elecciones el siete de noviembre.