Opinion

Un diálogo nacional es solo una utopía

El pueblo no tiene interlocutores válidos y la dictadura no está dispuesta a dejar el poder para resolver la crisis

Parece una necedad hablar de un diálogo nacional en Nicaragua porque los opositores al régimen no tienen interlocutor o, mejor dicho, aunque antes del circo electoral el orteguismo ha adelantado que habría pláticas a inicios del 2022, es claro que no existe una voluntad política para ello por su desmesurado apego al poder y todo lo que esto representa.

Pero llamativamente el tema ha sido abordado en dos ocasiones por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo de Jinotega, Carlos Herrera. Obviamente que el diálogo es la única vía verdadera para alcanzar acuerdos, pero para ello se necesita que las partes estén interesadas y en nuestra realidad uno de los polos en cuestión se aferra como garrapata al  poder porque el Estado es su columna vertebral por la que respira y se mueve, es la estructura con la que realiza todas sus operaciones para su beneficio político y material.

Se recuerda, además, el fallido diálogo de 35 días iniciado el 27 de febrero del año 2019 en el que el gobierno primero incumplió con el compromiso de poner en libertad a los presos políticos y después violó en menos de 24 horas un acuerdo de restablecimiento de las libertades individuales y sociales (derechos de libertad de expresión, de prensa, de asociación, organización y movilización).

No se puede creer en quien firma y no cumple. Y hay otro agravante: “La noche de los cuchillos largos” y una represión sostenida a partir del mes de junio del 2021 hasta noviembre de este mismo año, que ha dejado medios de comunicación allanados y clausurados, periodistas presos y más de cien comunicadores exiliados, siete precandidatos presidenciales encarcelados junto a otros 38 líderes políticos, sociales y empresariales, así como decenas de miles de personas obligadas a huir del país. El remate fue el circo electoral de noviembre de 2021 con los competidores presos y una ley electoral reformada para fortalecer el control de Ortega-Murillo y familia.

Resolver la crisis implica dejar el poder

El régimen cruzó todas las líneas rojas posibles y se situó en un callejón sin salida en el que sus únicos movimientos son hacia abajo, enterrándose cada vez más, en una serie de desesperadas maniobras y jugadas sin sentido, propias de un animal acorralado. Sin legitimidad ni credibilidad nacional e internacional, solo le queda fortalecer su alineación con países totalitarios como China y Rusia.

En este contexto, proponer un diálogo nacional no tiene sentido, porque una situación de extrema crisis política requiere acuerdos trascendentales para resolverla, que la familia Ortega-Murillo no está dispuesta a suscribir porque implican dejar el poder –aunque no sea de inmediato– mediante mecanismos constitucionales.

En una negociación no se podría plantear la principal demanda del pueblo: “¡Que se vayan!”, porque mataría de entrada las pláticas, sino que los negociadores propondrían, por ejemplo, un referéndum para “saber” si la la población quiere o no nuevas elecciones a corto plazo. Después vendrían los comicios, los que de previo deberán contar con una profunda reforma mediante la que la familia Ortega Murillo pierda el control sobre el sistema electoral. Y entonces los negociadores se despiertan y concuerdan en que nada de eso es posible porque conducen a lo que no quieren los que detentan el poder: perderlo.

Y antes de todo eso, habría que rescatar los acuerdos del 2019 que son previos a todo: liberación de los casi 170 presos políticos y restablecimiento de las libertades. Desde el momento en que se planteen estos pasos comenzaría a vacilar el régimen. Vemos entonces que no es posible un verdadero diálogo nacional, excepto uno entre el orteguismo y sus partidos satélites, el cual no resolverá la profunda crisis política que vivimos y será un nuevo circo y payasada en total descrédito, que sólo evidenciaría otra vez las debilidades estratégicas de los gobernantes.

También hay que considerar como posible un diálogo entre grandes empresarios, es decir, quienes detentan el poder, que son capitalistas de profundo y gordo bolsillo, el consejo asesor del COSEP –los más ricos del país y algunos de ellos de Centroamérica– y las cámaras de esta organización gremial, para restaurar la alianza corporativa que con tanto éxito para sus cajas fuertes desarrollaron hasta inicios del 2018 durante casi doce años. Esto sería un diálogo sectorial.

La única forma en que podría haber un diálogo nacional es que no estuviera de por medio la disputa del poder, entonces no interesaría conocer si la ciudadanía quiere a no nuevos y prontos comicios que, si se dieran en libertad, irremediablemente los perdería por paliza la familia Ortega-Murillo.

Tampoco se podrían restituir las libertades porque entonces desde el poder  no aguantarían a la mayoría de la gente movilizándose masivamente en las calles, aunque se hubiera acordado que las elecciones fueran  en cinco años. En el fondo hay una ilegitimidad insalvable. Ellos no cuentan con el corazón del pueblo. Este es el problema toral.

¿Para qué, entonces, un diálogo nacional?¿ ¿La del obispo Herrera es una propuesta voluntarista distanciada del contexto y sus múltiples factores condicionantes? Quizás sea algo más dialéctico y específico en que el propósito no sea estratégico, sino por lo menos arrancarle los presos políticos al orteguismo.


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