Razonemos sobre estrategia

Para una perspectiva estratégica del desenlace de esta crisis, es necesario comenzar con una toma de estado de la situación política actual. Es decir, debemos empezar con un análisis de la posición que asumen, respecto a la crisis, las distintas clases sociales fundamentales en la sociedad.

La espontánea sincronización combativa de las masas

Al fin, la insurrección resultante para enfrentar un régimen abusivo –como la ocurrida en abril- parece ser un caso de sincronización espontánea de la energía social. Una insurrección es un orden espontáneo de la sociedad, un orden combativo generado por la inestabilidad del sistema (este es un fenómeno conocido en Física como acoplamiento de osciladores). Daniel Ortega, en los últimos tres años de crisis ha dado cuerda al descontento de la población, lo que terminará por gestar una nueva insurrección distinta a la de abril, con otros agentes sociales más consecuentes a la acción colectiva, y con la presencia, esta vez, de líderes salidos de las masas en lucha.

Después de abril

Después de abril, Ortega sólo confía en la impunidad que pueda garantizarse a sí mismo por la fuerza de las armas, que le dan control del Estado. De un Estado profundamente reducido a su esencia represiva únicamente, porque ha perdido la condición de Estado nacional.

Las reformas electorales son un pantano para Ortega

Las reformas electorales que Ortega presentó este 12 de abril son reflejo de su incapacidad de maniobra. El régimen de Ortega ha encallado como un barco luego de la marejada de abril. Su situación es precaria. Efectivamente, está aislado e inmóvil, pero, de momento, no naufraga. La situación de la oposición electorera es peor, porque necesita negociar con Ortega. Su estrategia perdedora consiste en que Ortega le haga concesiones electorales, y Ortega, inmovilizado por la crisis, no puede dar concesiones que empeoren su situación estratégica. Es decir, no puede dar concesiones que, directa o indirectamente, alienten el avance organizativo espontáneo de la población descontenta.

Si se debe transformar la sociedad en sentido progresista, los ciudadanos deben debatir ideológicamente. Establecer el rumbo de la sociedad es radicalmente superior y más necesario que escoger a un simple candidato.

La oposición electorera no se puede unir

La oposición tradicional se divide porque se propone definir electoralmente las cuotas de poder en un nuevo pacto con Ortega.

Los precandidatos son expresión de un fenómeno social de cohabitación con Ortega, dentro de la “legalidad” orteguista. Expresan, de manera contradictoria por supuesto, la debilidad política de las clases sociales que obtienen beneficios del estatus quo. La debilidad política de la oligarquía, de los terratenientes, del capital financiero, la iglesia, la burocracia incipiente que emana del sector estudiantil, de todos aquellos que temen la lucha independiente de las masas trabajadoras. Y que se esfuerzan, en esta oportunidad electoral, por desplazar el centro de gravedad del poder a su favor en el nuevo pacto con Ortega.

Ortega les ha dicho a sus cogobernantes del pasado, que el pacto será restablecido luego que el proceso electoral amañado defina a su favor el centro gravitante del poder conjunto. La disputa actual, en las elecciones amañadas, es porque el fiel de la balanza del poder dictatorial se detenga más cerca de la oligarquía o de la burocracia orteguista.

¿Qué falta?

Que se expresen, con su propio lenguaje y sus propios recursos y métodos, los campesinos, los jornaleros agrícolas, los trabajadores urbanos, el sector informal, los taxistas, la juventud desempleada, los estudiantes sin perspectivas de trabajo productivo de calidad, las amas de casas, los asegurados, los jubilados, los profesionales mal pagados, los empleados públicos chantajeados. La gente, en fin, sin oportunidades de una vida decente, sistemáticamente marginada, que necesita como algo esencial para un cambio en sus vidas, una transformación radical de la sociedad en sentido progresista, modernizante, con contenido humano.

Las elecciones amañadas son, para estos sectores, una coyuntura de lucha antidictatorial, contra el oportunismo y por salir de la crisis, no una oportunidad para darle su voto a salvadores del pueblo.

Por la forma y el contenido, el lenguaje de estos sectores está vinculado, no a comunicados o a conferencias, sino, a la acción combativa, con formas de organización en grado de optar al poder efectivo basado en el resultado de la correlación de fuerzas de combate.

Vamos a una situación revolucionaria y a una implosión

Esta opresión precaria, sin salida a la vista, asumiría directamente la responsabilidad de repetir el hundimiento nacional catastrófico ya vivido en los años ochenta. En consecuencia, el fraude electoral conduciría rápidamente a dos escenarios concomitantes. A una situación objetiva revolucionaria, con una insurrección masiva de la población que estaría lista desde hace años como una flecha tensa en el arco; y a una implosión, por la rebelión interna de las fuerzas del orteguismo, en las instituciones burocráticas, en los sectores de poder económico del orteguismo, en las bases del ejército, en los cuadros políticos, que no ven salida a la crisis si Ortega no es apartado con prontitud de la vida política.

Visto que Ortega no tiene márgenes para negociar, la presión norteamericana apunta al Ejército, que constituye la dovela central o clave de la dictadura. Quitando ésta de la estructura dictatorial, el orteguismo se desploma como si sufriera un infarto fulminante. Es una forma de contener la salida revolucionaria.

Demandas de una población en pie de lucha

Primero, para que existan elecciones creíbles, y el pueblo pueda participar en ellas, se requiere, como mínimo, que ni Ortega ni algún miembro de su familia sea candidato a cargo público. Si alguien inculpado de delitos de lesa humanidad comprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA optara formalmente a la presidencia, ello descalificaría inevitablemente cualquier proceso electoral.

Segundo, La dictadura deberá entrar en receso. Si no existen plenas garantías constitucionales de libre expresión y de libre movilización, por los menos diez meses antes de las elecciones, ningún proceso electoral es válido. Entre tales garantías se inscriben la liberación completa de los prisioneros políticos, y la repatriación con plenas garantías internacionales de todos los refugiados y exilados políticos.

Tercero, el derecho pleno al voto en el extranjero, en condiciones que se pueda ejercer la supervisión internacional del ejercicio de tal derecho (de su conteo y transmisión limpia en tiempo y forma).

Cuarto, la supervisión internacional, por lo menos con seis meses de anticipación a las elecciones, que observe el entero proceso electoral, incluidas las reformas electorales necesarias para que el proceso sea válido conforme a estándares internacionales en todas sus etapas (cedulación, validación del patrón electoral, acreditación de fiscales, derecho a organización y a movilización, obtención apropiada de recursos para la campaña de cada partido, extensión libre y amplia de personalidad jurídica con requisitos mínimos, nombramiento democrático de un nuevo Consejo Supremo Electoral neutral). Prohibiendo la coacción a los empleados públicos y el uso de los recursos del Estado a favor de la dictadura en el poder.

Quinto, acuartelamiento de la policía orteguista. Presencia de cascos azules que impidan la operación de turbas y de fuerzas tenebrosas. Presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Formación de una comisión internacional de la verdad que levante actas de acusa contra los violadores de las reglas de un proceso electoral neutral y de actos de corrupción.

Gobierno Provisional Rebelde

Sin estos cinco requisitos, el pueblo de Nicaragua se abstiene de participar en las elecciones y desconoce la legitimidad del resultado de las mismas y del gobierno dictatorial que se reelige a sí mismo. En consecuencia, pasaría a nombrar, dentro de sus órganos de combate, un Gobierno Provisional Rebelde (GPR), e instaría a que éste sea reconocido internacionalmente como fuerza beligerante por la liberación de Nicaragua. El movimiento defensivo de Ortega tiene ese efecto dialéctico en la política nacional. El fraude le daría legitimidad, dialécticamente, al Gobierno Provisional Rebelde que podría estar integrado por un representante del movimiento campesino, un representante de las madres de abril y presos políticos, dos representantes del exilio en Costa Rica, un representante de la diáspora en EEUU. Sin la presencia expresa de algún miembro de la política tradicional o de los precandidatos o de los estudiantes incorporados a la política tradicional electorera.

Como acto de buena voluntad, la nación nombra de inmediato como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del próximo proceso electoral libre (si es que se cumplen los cinco puntos antes referidos), por ejemplo, a la Loba Feroz, actualmente en las mazmorras de la dictadura desde hace siete años, y a Amaya Coppens ex prisionera política de la dictadura. Estas personas cumplen una función de símbolo de la lucha de abril (y sirven para frenar de inmediato la distracción indecente de los precandidatos de la oposición tradicional). No significa un análisis de cualidades personales de gobierno, ¡ni mucho menos!, sino, de símbolo político de lucha antidictatorial, libre de intereses y de ambiciones personales.

Si se cumplieran los cinco requisitos expuestos, y ocurriera un proceso electoral libre, en un período no mayor de dos meses la nación convocará a la elección –a partir del pueblo en lucha- a una Asamblea Nacional Constituyente para proceder a aprobar un nuevo ordenamiento jurídico del país que desmantele completamente el desorden jurídico aberrante dictatorial. Pero, se parte de que se enfrenta actualmente un fraude orteguista.

Lo único sensato, estratégicamente, es que el descaro del fraude le cueste caro, políticamente, a Ortega.