9 de diciembre 2015
AA
El triunfo de la oposición en las recientes elecciones legislativas venezolanas, que le permiten disfrutar de mayoría calificada en la Asamblea Nacional, conlleva impactos directos en nuestro país. Por un lado están las consecuencias políticas. La derrota electoral y el desgaste terminal del régimen madurista, también es una derrota para el orteguismo y una pieza que se agrega a su propio desgaste. De otro lado están las consecuencias económicas, principalmente las tinieblas que se ciernen sobre la continuidad de las relaciones de cooperación, en los términos y condiciones hasta ahora vigentes.
Nos concentraremos en las consecuencias económicas. En este ámbito, las relaciones son de tres tipos: relaciones comerciales, inversiones extranjeras y la cooperación petrolera, que es la más relevante.
Comencemos por la cooperación petrolera. Uno de los primeros actos de gobierno, cuando Ortega tomó posesión en el 2007, fue suscribir el acuerdo de ingreso a Petrocaribe. Mediante este acuerdo el gobierno de Venezuela se compromete a suministrar la totalidad de las necesidades de hidrocarburos de Nicaragua, bajo las siguientes condiciones: El 50% de cada barril de petróleo debe pagarse en el plazo de 90 días. El otro 50% se pagará en un plazo de 25 años, con dos años de gracia y 2% de interés. En términos financieros es casi un regalo.
Estos fondos debían incorporarse al presupuesto. Aun concediendo márgenes a la ineficiencia y corrupción, es indudable que de canalizarse por esta vía habrían significado productivos cambios en el campo económico y fértiles efectos en el plano social, en educación, por ejemplo. Esto no ocurrió porque Ortega y su séquito se apropiaron de estos recursos. Lisa y llanamente, se los cargaron.
¿Cuál fue el mecanismo? Con la complicidad del gobierno venezolano privatizaron los beneficios de la cooperación. Parece mentira la siguiente afirmación: oficialmente Nicaragua no utiliza el convenio petrolero. No hay cooperación petrolera venezolana a nivel oficial. ¿Por qué? Porque utilizan la siguiente truculencia: Petronic, que es la empresa nacional importadora de petróleo, paga la totalidad de las importaciones de petróleo en el plazo de 90 días. No hay créditos.
Pero aquí viene la parte bonita de la canción: PDVSA, la empresa venezolana exportadora de petróleo, por inspiración divina, resolvió otorgar un crédito a una entidad privada, en este caso, CARUNA, la cooperativa de Ortega, en los mismos términos que consigna el convenio: 25 años de plazo con una tasa de interés del 2% y 2 años de gracia.
Mediante este mecanismo Ortega y sus allegados han amasado una gigantesca fortuna. Para que tengan una idea, en el 2012 fueron US$555 millones; en el 2013, US$560 millones. En el 2014, con todo y la disminución de los precios del petróleo fueron 436 millones. Hablamos de millones contantes y sonantes, libres de polvo y paja.
Según los datos del Banco Central, el acumulado de estos flujos asciende, a junio de este año, a.US$3.397 millones. US$ 3.400 millones para decirlo rápido. El monto de la deuda, por supuesto, por ahí va. A estas alturas supera también los US$3.000 millones. Y aquí radica una amenaza que se cierne sobre la población nicaragüense: con la falta de escrúpulos del régimen son capaces del acto criminal de transformar esa deuda privada en pública, con los fraudes que acostumbran.
Es previsible que desde la nueva Asamblea Nacional la oposición intente impedir que PDVSA siga transfiriendo recursos públicos venezolanos a una entidad privada nicaragüense, en esto caso, a CARUNA. Una segunda medida previsible es modificar las condiciones concesionales, esto es, el plazo, el período de gracia y las tasas de interés. La tercera sería transparentar la deuda existente. La consecuencia más drástica sería cancelar la cooperación petrolera. Pero esto sería más difícil.
En cualquiera de los casos, están contados los días de la gallina de los huevos de petróleo que permitieron al orteguismo acumular su inmensa fortuna y afianzar su régimen dictatorial.
Pasemos a las relaciones comerciales. Aquí ocurrió algo parecido. Transacciones que por su naturaleza deberían estar en manos de las empresas exportadoras, el régimen las monopolizó. Establecieron una empresa llamada ALBALINISA por medio de la cual se canaliza la totalidad de las exportaciones hacia Venezuela. Ningún empresario puede exportar si no es a través de ALBALINISA. Y no es poco el negocio. Venezuela se convirtió en el segundo socio comercial de Nicaragua, después de Estados Unidos. En el 2014, por ejemplo, las exportaciones ascendieron a US$390 millones, casi 400, consistentes principalmente en café, carne, azúcar y ganado. Los frijoles alcanzaron notable auge pero declinaron drásticamente el último año.
¿Qué puede ocurrir? Que el monopolio se diluya. Y que los exportadores nicaragüenses queden en ascuas. Lo ideal sería que aprovechando las buenas relaciones con Maduro, Ortega, mientras quede tiempo, suscriba un acuerdo de libre comercio para liberar a los empresarios de las ataduras monopólicas.
Finalmente están las inversiones extranjeras, un legajo igualmente turbio en este paquete. El monto registrado asciende a US$776 millones. Aquí se incluye la refinería que nunca fue. El Supremo Sueño de Bolívar, quedó reducido a unos tanques de almacenamiento. ¿Quiénes son los dueños de estas inversiones? ¿Cuáles son los términos contractuales? Seguramente a la Asamblea legislativa venezolana le interesará conocer quienes se lucran de estos negocios.
No son pues, 4 pesos los que están en juego. Estamos hablando de centenares de millones de dólares. Menos mal que ni a ustedes ni a mi nos desvelan esos milloncitos.
