14 de septiembre 2018
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Cuando empezó el Diálogo Nacional (DN), tanto en la sesiones plenarias como en las comisiones tres más tres era claro que, frente al uso desmedido de la fuerza que el régimen Ortega-Murillo desplegó frente a los y las manifestantes, el cinismo de los delegados Orteguistas, de manera paradigmática del canciller Moncada, era una estrategia para dilatar el proceso. Una negación total de realidad, tal y como categorizó Amnistía Internacional la respuesta del régimen frente a la matanza.
Un 28 de mayo, en el mismo momento en que se trataba de "destrabar" el DN haciendo uso de una comisión tres más tres, sesión de la que fui parte, se llevó a cabo un intento, por parte del estudiantado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de toma de recinto de dicha universidad como forma de presión para que Ortega dejara su cargo como gobernante. El autócrata dio la orden de responder con plomo. Las redes sociales se inundaron de videos en la que claramente se miraba como efectivos de la Policía Nacional (PN) disparaban a la universidad donde las y los jóvenes universitarios resistían de manera pacífica.
Frente a la indignación de estar interlocutando con el enemigo mientras se intentaba llevar a cabo otra matanza, me acerque, aprovechando un receso asignado por los obispos mediadores, a Edwin Castro, uno de los más leales a Ortega y Murillo y uno de los principales delegados del régimen en el DN, mostrándole un vídeo donde de manera clara se observaba lo sucedido. La respuesta del delgado fue: hay que ver qué realmente está pasando.
¿Cuál ha sido la narrativa que ha construido el régimen luego del 18 de abril?
La Estrategia de criminalización de la protesta y la narrativa desplegada por el régimen ha estado determinada por cómo perciben y aprecian aquellos/as que lo encarnan su posición en la correlación de fuerzas políticas y discursivas.
I. “Eran Delincuentes, no Estudiantes”
Frente a la oleada de protestas que empezó el 18 de abril y que se agudizó el 19 de abril con centenares de estudiantes luchando frente a la PN, grupos de choque y turbas adeptas al régimen de Ortega y Murillo, enfrentamientos que dejaron el saldo de varios muertos, se desplegó una categorización de las y los manifestantes tildándolos de minúsculos, vándalos y delincuentes, llevando al régimen, a través de la deshumanización del otro, a actuar de manera "justificada" a través del uso desmedido de la fuerza.
El Pueblo "autoconvocado" o las y los "azul y blanco" respondieron de manera contundente ¡No eran delincuentes, eran estudiantes!
II. “Violencia venga de donde venga”
Una vez instalada la mesa del DN, decisión de Ortega tras el avance de la represión y los asesinatos que vaciaron la legitimidad del Estado, sus instituciones y procedimientos institucionales y en uno de los momentos más álgidos de la lucha cívica a través del levantamiento de barricadas y de los tranques en distintas partes del territorio nacional, el régimen desplego una narrativa que podría condensarse en la frase "violencia venga de donde venga".
Dicha narrativa, según la cual el pueblo democrático levantado, en confabulación con partidos de derechas y un empresariado traicionero, había "secuestrado" la tranquilidad que el "buen gobierno" había construido en los últimos once años, exaltaba la muerte de ciertos policías o militantes del FSLN a la vez que callaba sobre el asesinato y la desaparición de centenares de manifestantes, en su mayoría jóvenes.
Tal discurso trataba de igualar e incluso disminuir la responsabilidad de los actos de represión desplegados por el régimen Ortega-Murillo, con el claro objetivo de disminuir o eliminar cualquier sanción que se podría ejercer sobre los perpetradores de los crímenes.
La entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigencia de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en el DN y fruto de la presión ejercida por el pueblo levantado y movilizado en las calles, desembocó en la construcción de un informe sobre la violación sistemática de Derechos Humanos en Nicaragua a partir de las protestas iniciadas en abril, haciéndole frente a la ya mencionada narrativa del régimen autoritario de Ortega y Murillo. El informe fue ampliamente rechazado en distintos espacios por el régimen, de manera fundamental por el canciller Moncada en la sesiones del Consejo Permanente de la OEA, tildándolo de parcializado y poco objetivo.
La negación de la realidad política que el mismo régimen provocó por su accionar represor ha sido una constante.
III. “Justicia y reparación para la víctimas del terrorismo”
La desarticulación de los focos de resistencia en los territorios a través de la destrucción a punta de plomo de los tranques y el asesinato y la captura de sus principales dirigentes, acción desplegada por las fuerzas policiales y parapoliciales que el régimen fue construyendo, las que fueron y siguen actuando bajo la forma de comandos armados –"Caravanas de la Paz" como las clasificó el régimen– de una guerra militar que el mismo autócrata se fue inventando, hizo que el régimen se percibiera a sí mismo como victorioso.
Esta percepción se ha manifestado a través de los discursos emitidos por Ortega y Murillo hacia sus bases, de manera paradigmática en los actos de conmemoración de la Revolución Popular Sandinista (RPS) que el FSLN fue monopolizando a través de los años.
Frente a la violencia descomunal y la violación a los DDHH, el Consejo Permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA) emitió dos resoluciones que exigían una salida pacífica al conflicto sociopolítico a través del DN. El régimen a través de su representante rechazó de manera rotunda tales resoluciones tachando la actuación de la OEA de injerencista, entrometiéndose en asuntos que debían resolverse entre nicaragüenses.
El régimen que encarna Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha dado pasos para buscar una salida a la crisis. La fuerza se ha impuesto frente a la voluntad popular.
Una vez destruido los tranques y percibiéndose favorable en la correlación de fuerza, Ortega y Murillo transformaron la narrativa de criminalización de la protesta y los y las protestantes en materia estatal. Una ley contra el terrorismo y el financiamiento del mismo fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN), órgano legislativo ampliamente cooptado por el régimen. De igual forma, fueron construyendo y movilizando una narrativa que, a través del discurso de Ortega y Murillo y las marchas y caravanas de sus bases adeptas, han ido exigiendo "justicia y reparación para las víctimas del terrorismo", manera, no correspondida a la realidad, a través de la cual se ha categorizando al pueblo, sus expresiones organizativas, sus dirigentes/as y, de manera fundamental, a la ACJD.
Dicha estrategia discursiva ya no tiene el objetivo de igualar y disminuir la responsabilidad del régimen en los actos represivos, sino de despejarla completamente, transfiriéndola a las fuerzas que desde las calles siguen exigiendo verdadera justicia y democracia. Es decir, el fin último es la impunidad para aquellos/as que han perpetrado la matanza, las condiciones más favorables para la salida de los autócratas.
Una nueva Nicaragua no se puede construir sobre la base de la impunidad.
¿De verdad "Vamos Ganando"?
Percibiéndose victorioso a través de la relativa "recuperación" de la calle, espacio desde el cual se ha disputado el poder político en los últimos meses, haciendo uso del terror de sus fuerzas represivas y desplegando las ya narrativas expuestas, lo cierto es que Ortega se encuentra derrotado. Para los y las nicaragüenses, incluyendo sandinistas y no sandinistas, que el autócrata siga en el poder ni es deseable ni viable.
Este ha perdido la capacidad de gestionar el poder político y administrar el orden y la estabilidad de manera unilateral -el empresariado no está dispuesto a configurar un nuevo arreglo institucional como lo fue el llamado "modelo de diálogo y consenso"-. A través de la matanza no solo ha socavado las bases de su legitimidad, sino que desplegando y empoderando sus fuerzas parapoliciales ha dado lugar a que se esté configurando una crisis de inseguridad ciudadana, sin mencionar la crisis económica producto de la crisis sociopolítica que agobia a todo el país.
Ortega es incapaz de seguir gobernando.
Dicho lo anterior, un proceso de negociación, diferente pero con igual legitimidad al de la primera fase con el Diálogo Nacional, es inevitable y fundamental para dar salida a esta crisis sociopolítica. Sin embargo, esto no queda a voluntad política del Régimen Ortega-Murillo y a la aceptación de la ACJD, es fundamental la unificación y la coordinación de la lucha entre las expresiones organizativas y actores que han disputado el poder desde la calle, desde la comunidad internacional y desde los proceso de configuración de acuerdos políticos.
El autor es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
